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]]>De este modo, se añade un nuevo artículo 86 quinquies con la siguiente redacción:
«Artículo 86 quinquies.
1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.
3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión».
La entrada en vigor de la Ley se producirá el próximo día 17 de agosto de 2022.
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]]>La entrada Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Marcas 17/2001 se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.
]]>El Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Marcas 17/2001 y la adapta a la Directiva europea 2015/2436, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas, introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.
La nueva regulación supone un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.
Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.
Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse. Por otro lado, desaparece el concepto de «marca notoria» y se prevé solo la categoría de «marca» o «nombre comercial renombrados», aquella que sea conocida por el público en general, lo que le otorgará una protección especial.
En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.
La necesidad de probar el uso de una marca contribuirá a depurar la creación de monopolios injustificados. Se instaura, de este modo, un mecanismo novedoso para España, que refuerza la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La nueva normativa ofrecerá a los usuarios procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad de las marcas registradas, dejando la vía judicial para controversias de mayor calado económico.
En definitiva, esta norma mejorará el funcionamiento del mercado interior, aumentará la seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE y facilitará la erradicación de monopolios injustificados.
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]]>La entrada Sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.
]]>Según el CES, la protección de la propiedad industrial, y en particular de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) resulta clave para promover la confianza de los agentes económicos: empresas, consumidores y la sociedad en general, en tanto que favorecen una dinámica de transparencia en el tráfico mercantil que, a su vez, resulta esencial para el desarrollo de la actividad económica, basada en numerosas decisiones de inversión y de consumo.
El CES comparte, por ello, los grandes objetivos de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, cuya transposición es el objeto del Anteproyecto de Ley enviado a este órgano para su dictamen.
Entre tales objetivos generales figura el de fomentar un correcto funcionamiento del mercado interior con el fin de impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas, y ello mediante el objetivo más específico de facilitar la adquisición de marcas y su protección en la Unión y sus Estados miembros.
En consecuencia el Anteproyecto de Ley, mediante el nuevo título VI que introduce y mediante la modificación de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, atribuye la competencia para declarar la nulidad y la caducidad a la OEPM, por vía directa, manteniendo la competencia de los órganos jurisdiccionales únicamente por vía de reconvención en los procesos por violación de marca.
Lo anterior representa, como recuerda la propia Memoria de análisis de impacto normativo, el cambio más importante en la legislación vigente de marcas. En opinión del CES, en efecto, estamos ante una importante modificación en el actual modelo que puede tener consecuencias relevantes en la dinámica de resolución de las nulidades y caducidades de marcas. La transición desde un sistema, como el actual, basado en la decisión jurisdiccional acerca de estas vicisitudes de los derechos sobre una marca hacia otro en el que la competencia sobre su resolución recae de manera directa en un órgano administrativo, aun especializado, y si bien queda en pie la vía de recursos frente a sus resoluciones, conlleva nuevas e importantes exigencias para el órgano competente, la OEPM, en términos de operatividad, capacidad de examen y capacidad de gestión. Exigencias que deberán ser adecuadamente previstas en términos de medios humanos y materiales a fin de que pueda desempeñar su función con el necesario rigor, celeridad y seguridad jurídica de cara a los operadores en el tráfico mercantil, máxime teniendo en cuenta la complejidad que muchas veces revisten las cuestiones suscitadas en este tipo de procedimientos. No en vano, la propia Directiva prevé un plazo de transposición sensiblemente más largo, hasta enero de 2023, para dar tiempo a los Estados miembros a implementar los cambios necesarios.
Asimismo, en el marco del nuevo procedimiento, y en relación con la revisión judicial de resoluciones administrativas directas de nulidad y caducidad, el CES estima que sería conveniente, a fin de asegurar la unidad de doctrina en estas materias, que las decisiones de la OEPM sobre nulidad y caducidad sean recurribles ante los mismos órganos jurisdiccionales especializados de lo mercantil que conocerán de estas cuestiones como consecuencia de una reconvención, en lugar de seguir la vía contencioso-administrativa.
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]]>La entrada Modificación del Reglamento de Marcas se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.
]]>La presente norma tiene como objeto principal el desarrollo reglamentario de las modificaciones que en materia de marcas ha supuesto la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, (antes Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 y Directiva 2008/95/CE) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que ha obligado a la modificación de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
La nueva Directiva (UE) 2015/2436 avanza en esa aproximación de las normas de derecho material, pero extiende también su impulso armonizador a disposiciones de carácter procedimental. La finalidad es lograr la máxima coherencia no sólo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de la UE, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
El presente Real Decreto modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, con la finalidad de adaptarlo a las modificaciones que ha sufrido la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, al incorporar la Directiva (UE) 2015/2436.
Como se señala en su Exposición de Motivos, y en relación con los requisitos de la solicitud de registro, el Real Decreto 306/2019 los modifica para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativas a la legitimación, a los medios de notificación del solicitante cuando actúe por sí mismo y a la posibilidad de incluir en la solicitud una reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso del signo solicitado.
En el apartado dos del Real Decreto 306/2019 se introduce una de las principales novedades de esta reforma. Se contemplan, de esta manera, la siguiente tipología de marcas: las marcas denominativas estándar, las marcas figurativas –que engloban las marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar–, las marcas tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.
Como consecuencia de la eliminación del requisito de la representación gráfica para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la protección registral, fruto de los avances de las nuevas tecnologías, se admite la posibilidad de representar los signos mediante archivos de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, y mediante archivos de video en las de movimiento, marcas holograma o marcas multimedia, actualizando la provisionalidad de la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.
Esta nueva tipología de marcas ha impuesto modificaciones también en relación tanto con los elementos que debe incluir la publicación de las solicitudes de registro como con respecto de las menciones que deben inscribirse en el Registro de Marcas.
En cuanto a los productos y servicios para los que se solicitan las marcas y los nombres comerciales, el apartado tres recoge la necesidad de que sean identificados con la suficiente claridad y precisión como para que las autoridades competentes y los competidores determinen con exactitud el ámbito de protección del signo en cuestión.
Se introduce un nuevo artículo que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento. En el caso de que la marca no haya sido usada también se establece la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. Se regula además la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.
De otro lado, se introducen modificaciones en relación con el aviso de la expiración del registro de la marca y se establecen los casos en los que, pagando electrónicamente la tasa de renovación en el documento habilitado al efecto por parte de la Oficina, no será necesario presentar una solicitud para obtener la renovación del registro de dicha marca. Este nuevo procedimiento de renovación solo será aplicable cuando se trate de una renovación total de la marca en cuestión.
También se regula el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad fruto de la competencia directa otorgada a la Oficina por la modificación introducida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Se regula detalladamente tanto el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alegaciones que el solicitante deberá aportar para fundamentar su solicitud, así como las causas de su inadmisión. También se detalla el procedimiento que deberá seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuándo podrá acordase la suspensión y el sobreseimiento de estas solicitudes.
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]]>La entrada Nuevo plazos procesales máximos en instrucciones penales se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.
]]>Como señala el Preámbulo de la Ley «Si bien establecer sin más un límite máximo a la duración de la instrucción se ha evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos, no es menos cierto que establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables.
Como es sabido, el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado. Por identidad de razón por la que en otros ámbitos (por ejemplo, en materia tributaria o sancionatoria) se establecen límites a la duración de las actividades inspectoras o instructoras, debe articularse un sistema que cohoneste la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable».
De este modo:
El plazo máximo inicial que se establece por defecto a partir de la fecha en que se dicte el Auto de Incoación de Diligencias Previas es ahora de 12 meses, en lugar del plazo máximo inicial de 6 meses que establecía la anterior redacción.
Se elimina la figura de la “causa compleja”, introducida en 2015 y cuya declaración por parte del Juzgado confería a la fase instructora un plazo máximo inicial ampliado de 18 meses desde el Auto de Incoación de Diligencias Previas, siempre y cuando concurriese alguno de los presupuestos tasados en el apartado 2 del anterior artículo 324.
En su lugar, la nueva redacción faculta al Juez Instructor para prorrogar (mediante Auto motivado pero sin necesidad de que concurran determinados presupuestos tasados) el plazo máximo inicial de la instrucción de 12 meses por periodos adicionales iguales o inferiores a 6 meses, sin acotar un límite al número de prórrogas.
La nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal trae consigo asimismo cambios muy relevantes respecto a quién puede plantear que el plazo máximo de instrucción sea prorrogado. Si conforme a la redacción antigua la solicitud de que la causa fuese declarada compleja podía ser cursada exclusivamente a instancia del Ministerio Fiscal, la nueva redacción, en cambio, faculta a cualquiera de las partes personadas para solicitar las prórrogas de la instrucción, e incluso al propio Juez Instructor para acordarlas de oficio sin que medie petición previa. Cuando la solicitud de prórroga la realice alguna de las partes, el Juzgado, al igual que ocurría hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, deberá dar traslado al resto de partes con carácter previo a acordar lo que proceda.
También igual que ocurría en la redacción antigua, el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que deberán considerarse como válidas aquellas diligencias de investigación que se hayan completado una vez expirado el plazo de instrucción, siempre y cuando la práctica de tales diligencias hubiese sido acordada con carácter previo a que se cumpliera el final del referido plazo.
Sin embargo, cualquier diligencia instructora acordada una vez transcurrido el plazo de instrucción no resultará válida; incluso cuando la misma se haya ordenado dentro del plazo de una prórroga acordada, si finalmente dicha prórroga ha resultado revocada.
Transcurrido el plazo máximo indicado o sus prórrogas, el Juez instructor decidirá en base a las investigaciones realizadas si hay indicios suficientes que justifiquen que el procedimiento penal tiene que seguir adelante para depurar las responsabilidades penales y civiles oportunas o si, por el contrario, no hay material suficiente para ello y considere procedente cerrar el procedimiento sin necesidad de llegar a juicio.
Por último, con arreglo a la Disposición Transitoria de la Ley 2/2020 todas aquellas causas que se encontraban en fase de instrucción a fecha de la entrada en vigor de la Ley 2/2020 cuentan con un nuevo plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de que el mismo pueda ser ampliado conforme a lo comentado anteriormente.
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