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Anuario de Justicia Europea – Emilio Hidalgo Abogado https://ehidalgoabogados.com Propiedad Industrial e Intelectual Tue, 16 Aug 2022 07:09:51 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.24 Resumen de la actividad judicial europea correspondiente al año 2020 https://ehidalgoabogados.com/resumen-de-la-actividad-judicial-europea-correspondiente-al-ano-2020/ https://ehidalgoabogados.com/resumen-de-la-actividad-judicial-europea-correspondiente-al-ano-2020/#respond Tue, 16 Aug 2022 06:57:26 +0000 http://ehidalgoabogados.com/?p=4645 1.- Marcas a. Signos que pueden constituir una marca En la sentencia CEDC International/EUIPO — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella) (T-796/16, recurrida en casación,[1] EU:T:2020:439), dictada el 23 de septiembre de 2020, el Tribunal General se pronunció sobre la exigencia de claridad y precisión de la representación de una marca […]

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1.- Marcas

a. Signos que pueden constituir una marca

En la sentencia CEDC International/EUIPO — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella) (T-796/16, recurrida en casación,[1] EU:T:2020:439), dictada el 23 de septiembre de 2020, el Tribunal General se pronunció sobre la exigencia de claridad y precisión de la representación de una marca tridimensional en el certificado de registro, en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.º 40/94.[2]

En ese asunto, Underberg AG había solicitado el registro de una marca tridimensional de la Unión que representa una brizna de hierba dentro de una botella para bebidas espirituosas y licores.

CEDC International sp. z o.o. (en lo sucesivo, «recurrente») había formulado una oposición basada en su marca tridimensional francesa anterior, registrada para bebidas alcohólicas (en lo sucesivo, «marca anterior»).

La oposición y posteriormente el recurso de la recurrente fueron desestimados por la División de Oposición y por la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), respectivamente, debido a que la recurrente no había demostrado la naturaleza del uso de la marca anterior, a saber, el uso de esta marca tal como estaba registrada o en una forma que difería por elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma en la que había sido registrada. A raíz de un recurso de la recurrente, el Tribunal había anulado la resolución de la Sala de Recurso, al considerar que ésta no había ejercido su facultad de apreciación en cuanto a la toma en consideración de los elementos de prueba del uso aportados extemporáneamente.[3] Mediante su segunda resolución (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso había desestimado de nuevo el recurso al constatar que dichas pruebas no modificaban en nada su resolución anterior.

Al conocer de un recurso interpuesto contra esta última resolución, el Tribunal consideró que, en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del Derecho de marcas de la Unión Europea, la representación de la marca, que debe ser clara y precisa, define el objetode la protección conferida por el registro. Además, la descripción,que puede eventualmente acompañar a la representación, debe concordar con ésta, tal como ha sido registrada,y no puede ampliar el ámbito de aplicación de la marca así definida. Esta exigencia deconcordancia de una eventual descripción con la representación es, por tanto, corolario de la exigencia de claridad y de precisión de la representación que define el objeto de la protección.

A este respecto, el Tribunal consideró que, en ese asunto, la descripción de la marca anterior ―al no concordar con su representación, que contiene una línea y no una brizna de hierba tal como se ha descrito― no puede servir para clarificarla o precisarla.[4] En efecto, solo una representación más realista de la brizna de hierba, o la verdadera imagen de tal brizna situada en el interior de una botella, habría podido determinar clara y precisamente su presencia en esta marca. Así, el objeto exacto de la protección conferida por la marca anterior no comprende una brizna de hierba.

A raíz de estas constataciones, el Tribunal confirmó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el uso de la marca anterior, tal como está representada y registrada, no había sido probado.

En cambio, se estimó la imputación relativa al incumplimiento de la obligación de motivación.[5] En efecto, el Tribunal consideró que la Sala de Recurso no podía, para motivar la parte dispositiva de la resolución impugnada por la que se desestiman todos los motivos de oposición invocados, remitir, respecto a algunos de estos motivos, a la motivación de una primera resolución anulada en su totalidad por el Tribunal sin examinar y desestimar cada uno de los motivos de oposición. Por lo tanto, el Tribunal anuló la resolución impugnada únicamente en lo relativo a los motivos que no fueron examinados por la Sala de Recurso.

b. Marcas carentes de carácter distintivo

Mediante su sentencia de 5 de febrero de 2020, Hickies/EUIPO (Forma de un cordón de zapato) (T-573/18, EU:T:2020:32), el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la EUIPO por la que esta denegó el registro de una marca tridimensional constituida por la forma de un cordón de zapato basándose en su falta de carácter distintivo.

hickies euipo

Hickies, la parte recurrente, había presentado una solicitud de registro de una marca tridimensional con forma de un cordón representado en cuatro ilustraciones desde ángulos diferentes. En un extremo de este cordón hay un ojal en el que se puede insertar el botón del otro extremo para atar dicho cordón. La EUIPO consideró que la marca solicitada carecía de carácter distintivo[6] con respecto a una parte de los productos cuyo registro se solicitaba, en particular los cordones de zapatos

La recurrente alegó, en concreto, que la marca solicitada constituía un sistema de cierre de zapato completamente novedoso y que se apartaba de forma significativa de las normas y de los usos del sector del calzado. A este respecto, para rebatir los ejemplos citados por la EUIPO, alegó que los productos en cuestión eran meras imitaciones y que ninguna de las páginas web citadas pertenecía a titulares de marcas, sino a plataformas de venta en línea conocidas por ser utilizadas como instrumentos de venta de los falsificadores. A este respecto, el Tribunal indicó que el hecho de que se tratara de plataformas de venta en línea no disminuía en absoluto el valor probatorio de las pruebas aportadas por la EUIPO para demostrar la existencia en el mercado de la Unión de formas similares a la que constituía la marca solicitada. Asimismo, incluso suponiendo que algunas de estas páginas se utilizaran para la venta de productos falsificados, esta posibilidad no demuestra por sí sola que los productos a que se refieren las páginas citadas por la EUIPO sean falsificados. En cualquier caso, el Tribunal no es competente para pronunciarse sobre la falsificación alegada.

Por otra parte, la recurrente invocó el carácter nuevo del producto cuya forma correspondía a la de la marca solicitada. El Tribunal consideró que, aun cuando se demuestre la novedad de dicho carácter, esta circunstancia no implica necesariamente que la marca en sí sea distintiva. Recordó que los signos comúnmente utilizados para la comercialización de los productos o los servicios de que se trate se consideran inapropiados para identificar el origen de dichos productos o servicios. No obstante, esta afirmación no puede interpretarse en sentido contrario para concluir que la marca solicitada tiene carácter distintivo cuando esta es poco utilizada en relación con los productos y servicios en cuestión. En efecto, la apreciación del carácter distintivo de una marca de la Unión no se basa en la originalidad o en la falta de utilización de dicha marca en el sector de los productos y los servicios de que se trate.

Además, el Tribunal precisó que la vulneración del derecho invocado por la recurrente sobre dos dibujos o modelos de la Unión, debida a la comercialización de productos de forma similar a la del producto de la recurrente, que se correspondía a la de la marca solicitada, no afectaba al análisis del carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada. En efecto, la protección de un derecho sobre un dibujo o un modelo no implica que la forma de que se trate tenga carácter distintivo, ya que los criterios para examinar estos dos derechos son radicalmente diferentes. La protección de un derecho sobre un dibujo o un modelo se extiende a la apariencia de un producto que difiere del patrimonio existente y se basa en el carácter nuevo de dicho dibujo o de dicho modelo, es decir, en que no se haya puesto a disposición del público un dibujo o un modelo idéntico, así como en su carácter singular. En cambio, en el caso de una marca, si bien la forma que constituye la marca solicitada debe apartarse necesariamente de modo significativo de la norma o de los usos del sector de que se trate para que tenga carácter distintivo, la mera novedad de esta forma no basta para concluir que tiene tal carácter, ya que el criterio determinante es la aptitud de esta forma para cumplir la función de indicar el origen comercial.

Según el Tribunal, la Sala de Recurso de la EUIPO minimizó acertadamente la importancia de los premios de diseño invocados por la recurrente. En efecto, la buena calidad del diseño de unos productos no implica necesariamente que una marca constituida por la forma tridimensional de dichos productos permita distinguir ab initio tales productos de los de otras empresas. Además, los expertos que conceden estos premios deben analizar hasta la más mínima diferencia, mientras que el público pertinente, con un grado medio de atención en el presente caso, no llevará a cabo un examen pormenorizado de la forma en cuestión.

De otro lado, mediante su sentencia de 25 de noviembre de 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forma de una botella oscura. Three-dimensional sign – Shape of a dark bottle) (T-862/19, EU:T:2020:561), el Tribunal General se pronunció sobre un asunto en el que la Brasserie St Avold había designado a la Unión Europea para el registro internacional de un signo tridimensional.

El signo consiste en la representación tridimensional de una botella oscura, cerrada por una corona. Tiene una etiqueta blanca enrollada alrededor del cuerpo inferior de la botella de manera irregular, salvo por una esquina suelta que apunta hacia arriba sin tocar el cuerpo de la botella en esa parte. Su hipotenusa se sitúa al pie de la botella y la etiqueta se enrolla completamente en torno al cuerpo cilíndrico de la botella, de modo que su altura varía a lo largo del contorno de la circunferencia de la botella formando un ángulo saliente en un lado y una sección en forma de «V» mayúscula en el lado opuesto, evocando así una mitra de obispo; la altura de la etiqueta es tal que supera el cuerpo cilíndrico de la botella, de modo que, en el lado del ángulo saliente, no se amolda a la forma de la botella.

La protección de la marca fue solicitada para bebidas. La EUIPO denegó la protección del registro internacional por entender que el signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

Al conocer de un recurso de anulación contra la resolución de la EUIPO, el Tribunal desestimó el recurso. Precisó la definición de la norma y de las costumbres del sector en el marco de la apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto o de su embalaje.

En primer lugar, el Tribunal recordó que, dado que el envasado de un producto líquido es un imperativo de comercialización, el consumidor medio le atribuye, en primer lugar, esa mera función. Solamente una marca que difiere de manera significativa de la norma o costumbres del sector cuenta con carácter distintivo. Así pues, cuando una marca tridimensional está constituida por la forma del producto para cuyo registro se solicita o por la forma de su envase, el mero hecho de que dicha forma sea una variante de una de las formas habituales de ese tipo de producto o de sus envases no sirve para acreditar que la marca no carece de carácter distintivo.

A continuación, el Tribunal constató que la EUIPO había acreditado que la norma y las costumbres del sector de las bebidas se caracterizan por una gran variedad de formas y modos de colocación de las etiquetas en las botellas. El Tribunal precisó entonces que, aun admitiendo que la forma mayoritaria de una etiqueta de los productos de que se trata sea rectangular, fijada por completo sobre una parte del cuerpo cilíndrico de la botella, la norma y las costumbres del sector no pueden reducirse a la mera forma estadísticamente más extendida, sino que incluyen todas las formas que el consumidor tiene costumbre de percibir en el mercado.

Por último, el Tribunal subrayó que la etiqueta en cuestión constituye solamente una de las variantes posibles de las formas preexistentes. No difiere de manera significativa de la norma o las costumbres del sector. Por tanto, el Tribunal declaró que el signo controvertido no puede designar el origen de los productos de que se trata. Por consiguiente, no cuenta con el mínimo necesario de carácter distintivo.

De las consideraciones anteriores se desprende que la recurrente no ha demostrado que el signo controvertido difiera de manera significativa con respecto a la norma o a los usos del sector en un mercado caracterizado por una gran variedad de formas de envases.

c. Marcas que pueden inducir al público a error

Mediante su sentencia SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199), dictada el 30 de mayo de 2020, el Tribunal General anuló parcialmente la resolución de la EUIPO basándose en que había incurrido en un error de apreciación al considerar que la marca denominativa BIO-INSECT Shocker no era engañosa en relación con los biocidas.

La recurrente, SolNova AG, había presentado una solicitud de nulidad de la marca denominativa BIO-INSECT Shocker para todos los productos designados por dicha marca, incluidos los biocidas, debido, entre otras cosas, a que podía inducir al público a error sobre la naturaleza o la calidad de los productos. La EUIPO había desestimado esa solicitud por considerar que la marca controvertida no podía inducir a error al público, dado que la recurrente no había demostrado que dicha marca pudiera calificarse de engañosa en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009 y que era posible un uso no engañoso de dicha marca. En su recurso ante el Tribunal, la recurrente alegaba, entre otras cosas, que el público relevante percibía la marca controvertida en el sentido de que se refería a productos biológicos o asociados al respeto del medio ambiente.

El Tribunal, en primer lugar, recordó su reiterada jurisprudencia según la cual los casos de denegación de registro de marcas que puedan inducir al público a error, contemplados en el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, suponen que se pueda apreciar la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo lo bastante grave de engaño del consumidor.

En segundo lugar, tras referirse a las disposiciones del Reglamento n.º 528/2012[7] en las que se define el concepto de biocida y se establecen los requisitos aplicables al etiquetado y a la publicidad de dichos productos, el Tribunal señaló que de esas disposiciones se desprende que puede inducir a error y engañar al consumidor la presencia de menciones sobre biocidas, como aquellos para los que se registró la marca controvertida, que hacen creer que dicho producto es natural, inofensivo o respetuoso con el medio ambiente. Por consiguiente, la presencia de una mención de ese tipo en un biocida basta para declarar un riesgo lo bastante grave de engaño del consumidor.

Sobre este particular, por lo que respecta al elemento denominativo «bio» de la marca controvertida, el Tribunal recordó que ese elemento ya había adquirido un alcance muy evocador, que, en general, remite a la idea de respeto del medio ambiente, de la utilización de materias naturales e incluso de procesos de fabricación ecológicos.

Así pues, el Tribunal concluyó que la presencia del término «bio» en los biocidas basta para declarar un riesgo lo bastante grave de engaño del consumidor.

Por último, el Tribunal consideró, contrariamente a la EUIPO, que la posibilidad de un uso no engañoso de la marca, de suponerlo acreditado, no excluye una infracción del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009.

d. Cuestiones de procedimiento

En 2020, el Tribunal se pronunció en varias ocasiones sobre cuestiones relativas al procedimiento ante la EUIPO. En particular, tuvo que precisar el tipo de error que podía dar lugar a una rectificación, las reglas de suspensión del procedimiento, los requisitos de admisibilidad de las peticiones de restitutio in integrum, así como los efectos de la retirada del Reino Unido sobre la protección de que gozan las marcas de la Unión Europea.

En su sentencia de 28 de mayo de 2020, Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS) (T-724/18 y T-184/19, EU:T:2020:227), el Tribunal desestimó los recursos interpuestos contra las resoluciones de la EUIPO, por las que esta, en una primera resolución, concluyó que existía riesgo de confusión y, en una segunda resolución, corrigió la primera resolución suprimiendo un apartado relativo a la apreciación global del riesgo de confusión. En esta sentencia, el Tribunal precisó el tipo de error que puede dar lugar a una corrección.

En el presente asunto, Aurea Biolabs Pte, Ltd, la recurrente, había solicitado el registro de la marca figurativa AUREA BIOLABS, en relación con unos complementos alimenticios. Avizel, S.A. formuló oposición sobre la base de su marca denominativa anterior de la Unión AUREA, registrada, entre otros productos, para cremas de cuidado de la piel de uso médico.

Mediante resolución de 11 de septiembre de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso de la EUIPO estimó la oposición por entender que existía riesgo de confusión y denegó la solicitud de registro. En particular, consideró que los productos designados por las marcas en conflicto eran similares,al menos ligeramente.Sin embargo, en su apreciación global del riesgo de confusión, indicó que los productos controvertidos habían sido considerados idénticos. Mediante resolución de 29 de enero de 2019, la Segunda Sala de Recurso corrigió la resolución impugnada, suprimiendo el apartado relativo a la identidad de los productos.

En su recurso, la recurrente alegó que el error en cuestión no podía ser objeto de una rectificación. En su opinión, cuando existen «errores evidentes», sólo es posible revocar las resoluciones de la EUIPO.

A este respecto, el Tribunal precisó, en primer lugar, que la disposición aplicable a la corrección de la resolución impugnada era el artículo 102 del Reglamento 2017/1001[8]. Ahora bien, dicho artículo menciona exclusivamente las «equivocaciones manifiestas». Solo el artículo 103 del mismo Reglamento,[9] que regula la revocación de resoluciones de la EUIPO, hace referencia a los «errores evidentes».

A continuación, el Tribunal observó que, en las versiones aplicables anteriormente, las disposiciones que regulaban la rectificación y la revocación de las resoluciones de la EUIPO hacían referencia, respectivamente, a las «faltas manifiestas»[10] y a los «errores evidentes de procedimiento»[11]. De estas disposiciones se desprende que existe una diferencia en las clases de errores que pueden dar lugar a una corrección o a una revocación debido a la distinción entre el procedimiento de rectificación y el de revocación.

En efecto, el procedimiento de rectificación no conlleva la supresión de la resolución rectificada, sino únicamente la corrección, mediante la resolución de rectificación, de los errores que contuviera. Por tanto, las rectificaciones quedan limitadas a los errores materiales evidentes, que no afecten al alcance y a la esencia de la resolución adoptada, sino solo a su forma. Son objeto de estas rectificaciones los errores que son tan evidentes que no podría haberse considerado ningún otro texto que no fuera el resultante de la corrección y que no justifican que la resolución afectada se invalide o se revoque. En cambio, justifican que se adopte una resolución de revocación los errores que no permiten mantener la parte dispositiva de la resolución controvertida sin un nuevo análisis posterior por parte de la instancia que adoptó dicha resolución.

Por último, el Tribunal consideró que la distinción entre los casos de rectificación y los casos de revocación no se ha puesto en entredicho con la sustitución de la expresión «faltas manifiestas» por «equivocaciones manifiestas» en el artículo 102 del Reglamento 2017/1001.

En efecto, esta sustitución se debe, precisamente, a la necesidad de mantener la distinción entre los errores que justifican una rectificación y los que justifican una revocación.

En consecuencia, el Tribunal estimó que un error detectado en una resolución puede ser rectificado, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento 2017/1001, cuando constituye un elemento incongruente en una resolución que, por lo demás, es coherente y clara, a saber, cuando resulta obvio que el error se debe a un olvido o a un lapsus que evidentemente debe ser corregido en el sentido pretendido, hasta el punto de que no habría podido considerarse ningún otro texto que no sea el resultante de la rectificación.

En el presente asunto, el hecho de que la rectificación haya consistido no en añadir un apartado omitido en la resolución impugnada, sino en suprimir un apartado de esta, no permite, por sí solo, deducir que dicha rectificación haya incumplido el artículo 102 del Reglamento 2017/1001.

Para determinar si el error en cuestión podía dar lugar a una rectificación, el Tribunal observó que este error figuraba en un apartado que recordaba el resultado del examen comparativo de los productos controvertidos para la apreciación global del riesgo de confusión. Ahora bien, dicho recordatorio debía ser necesariamente conforme con el examen al que remitía y declarar, por tanto, una similitud, al menos ligera, entre los productos controvertidos, en lugar de su identidad. Así pues, el error que se produjo solo podía ser corregido en el sentido del examen que efectivamente había realizado la Sala de Recurso, en el que se declaraba la existencia de una similitud entre los productos. Por tanto, la supresión del apartado relativo a la identidad de los productos de la resolución impugnada se imponía de manera evidente, por lo que puede ser calificada de corrección de un error válidamente efectuada de conformidad con el artículo 102 del Reglamento 2017/1001.

Por otra parte, el Tribunal confirmó que los productos controvertidos eran similares y concluyó que existía riesgo de confusión.

De otro lado, mediante su sentencia de 28 de mayo de 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntelliGence the World) (T-84/19 y T-88/19 a T-98/19, EU:T:2020:231), el Tribunal General anuló las resoluciones de la Sala de Recurso de la EUIPO debido a que esta no suspendió los procedimientos de recurso en cuestión, pese a que había considerado que su suspensión era aconsejable por la existencia de procedimientos paralelos pendientes.

En el presente asunto, Cinkciarz.pl sp. z o.o., la recurrente, presentó doce solicitudes de registro de marcas figurativas de la Unión. MasterCard International, la coadyuvante, formuló oposición al registro de esas marcas. Las oposiciones se basaban en siete marcas anteriores de la Unión, entre las cuales figuraban dos marcas figurativas en blanco y negro, que representaban círculos entrelazados y discos negro y blanco, contra las cuales la recurrente presentó solicitudes de nulidad.

Además, ante la EUIPO estaba también pendiente un procedimiento relativo al registro como marca del signo meramente figurativo €$, presente idénticamente como elemento en cuatro de las doce marcas en cuestión.[12]

Mediante doce resoluciones, la División de Oposición, tras haber considerado que los signos en conflicto no eran similares, desestimó las oposiciones. La Sala de Recurso determinó que los signos en cuestión presentaban un bajo grado de similitud visual. En consecuencia, anuló las resoluciones de la División de Oposición y devolvió los asuntos a esta, recomendándole suspender los procedimientos de oposición hasta que se dictaran resoluciones finales en cuanto a la validez de las marcas anteriores en blanco y negro y relativas al registro de la marca meramente figurativa €$.

La recurrente reprochaba a la Sala de Recurso no haber suspendido los distintos procedimientos de oposición, pese a haber constatado que tal suspensión era aconsejable.

En primer lugar, el Tribunal recordó que la Sala de Recurso puede suspender un procedimiento de oposición, cuando las circunstancias del caso concreto aconsejan esa suspensión, de oficio o a petición motivada de una de las partes.[13] Además, el amplio margen de apreciación de que dispone a este respecto restringe el control del juez de la Unión en cuanto al fondo a comprobar la inexistencia de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder. Pues bien, la existencia de un procedimiento paralelo cuyo resultado puede tener una incidencia en el procedimiento de oposición ni implica que este se suspenda necesariamente ni que la falta de suspensión baste, por sí sola, para calificar la existencia de un error manifiesto de apreciación.

En efecto, la resolución relativa a la suspensión debe ser el resultado de una ponderación de los intereses en conflicto, en cuyo marco la Sala de Recurso debe proceder a la apreciación prima facie de las probabilidades de que el procedimiento potencialmente pertinente concluya con una resolución que tenga una incidencia en el procedimiento de recurso.

A continuación, el Tribunal señaló que la Sala de Recurso examinó los recursos de que se trata sin motivar su decisión final de no suspender los procedimientos, pese a haber considerado que su suspensión era aconsejable. Pues bien, esas consideraciones correspondían a la apreciación que condicionaba la suspensión del procedimiento. Además, esas consideraciones implicaban que existían probabilidades importantes de que los procedimientos paralelos pudieran tener una incidencia en los procedimientos de recurso, haciendo inclinar la balanza de los intereses en conflicto en favor de la recurrente. Por otro lado, como las aserciones generales y categóricas no permiten considerar que la Sala de Recurso ejerció la facultad de apreciación amplia que se le otorga, con mayor motivo sucede así cuando no se da motivación alguna por lo que respecta a la apreciación crucial en la materia procedente de la ponderación de los intereses en conflicto, y tanto más si la resolución de la Sala de Recurso contiene consideraciones ambivalentes en cuanto a esa apreciación.

Por último, el Tribunal subrayó que el examen de la suspensión del procedimiento ante la Sala de Recurso debe ser previo al examen de la existencia de un riesgo de confusión. En consecuencia, si la Sala de Recurso considera que es aconsejable la suspensión del procedimiento, no tiene otra posibilidad más que pronunciar dicha suspensión y no puede, por tanto, examinar el recurso. El Tribunal llegó entonces a la conclusión de que, como la Sala de Recurso había considerado aconsejable la suspensión de los procedimientos, no podía pronunciarse sobre los recursos y estaba imposibilitada para hacer ningún tipo de recomendación a la División de Oposición, ya que cualquier devolución a ésta implicaba un examen de los recursos y procedía, por tanto, de un error de Derecho.

En otro orden de cosas, mediante su sentencia de 23 de septiembre de 2020, Seven/EUIPO (7Seven), (T-557/19, EU:T:2020:450), el Tribunal General desestimó el recurso contra la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO por la que esta última había desestimado la petición formulada por el licenciatario de restitutio in integrum en su derecho a solicitar la renovación de la marca 7Seven tras la expiración del plazo establecido.

En el presente asunto, el registro de la marca figurativa de la Unión 7Seven expiraba el 22 de julio de 2017. La solicitud de renovación podía presentarse hasta el 22 de enero de 2018, siempre que se pagara una tasa adicional por pago tardío. Sin embargo, Seven7 Investment PTE Ltd, titular de dicha marca, no solicitó la renovación del registro en el plazo establecido.

El 21 de julio de 2018, Seven SpA, la recurrente, licenciatario de la marca en cuestión, presentó una petición de restitutio in integrum basándose en el artículo 104 del Reglamento 2017/1001, y pidió que se le restableciese en su derecho a solicitar la renovación del registro. La Sala de Recurso de la EUIPO denegó la petición de la recurrente para ser restablecida en sus derechos y confirmó la cancelación del registro de la marca.

En el marco del recurso de anulación que se interpuso a continuación ante el Tribunal, este observó que ninguna disposición del Reglamento 2017/1001 se opone a que una «parte del procedimiento de renovación» pueda ser considerada una «parte del procedimiento ante la [EUIPO]», en el sentido del artículo 104, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.[14] Sin embargo, no se desprende en absoluto del artículo 53, apartado 1, de este Reglamento[15] ni del artículo 104, apartado 1, del mismo Reglamento que la recurrente, como titular de una licencia sobre la marca controvertida, esté equiparada jurídicamente al titular de esta en lo que respecta a la renovación de su registro, sino que, antes al contrario, debe, como cualquier otra persona, estar expresamente autorizada por el titular de la marca controvertida para poder presentar una solicitud de renovación, además de probar la existencia de tal autorización.

El Tribunal señaló, a continuación, que el procedimiento de renovación finaliza tras la expiración del plazo de seis meses posteriores a la expiración del registro.[16] Por lo tanto, para ser considerada parte en este procedimiento conforme al artículo 53, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, la recurrente debía obtener la autorización expresa del titular de la marca controvertida para poder solicitar la renovación del registro de esta en una fecha anterior a la expiración del plazo previsto.

En el presente asunto, la recurrente no recibió una autorización expresa del titular de la marca hasta después de la expiración de dicho plazo, el 17 de julio de 2018. Así, en opinión del Tribunal, no podía considerarse ni una parte del procedimiento de renovación ni una «parte del procedimiento ante la [EUIPO]». En consecuencia, la recurrente no podía presentar una petición para ser restablecida en sus derechos como licenciataria que había perdido un derecho y, por lo tanto, en el presente asunto, debe considerarse que actúa ante la EUIPO solo en nombre y por cuenta del titular de la marca controvertida. Así pues, no podía paliar la falta de renovación por parte del titular de la marca controvertida a menos que acreditase que esta se produjo a pesar de que este había demostrado toda la diligencia exigida.

El Tribunal hizo hincapié en que esta interpretación es la que mejor puede respetar el principio de efectividad y la exigencia de seguridad jurídica. Garantiza una determinación clara y un respeto riguroso del punto de inicio y del final de los plazos contemplados en los artículos 53 y 104 del Reglamento 2017/1001. De este modo, el titular de una marca que no ha renovado el registro de esta dentro del plazo señalado no puede eludir las consecuencias de su propia negligencia permitiendo que un tercero presente una petición para ser restablecido en su derecho a solicitar la renovación del registro de una marca de la Unión después de que haya expirado dicho plazo. Por su parte, un licenciatario no puede, por un lado, pedir que se le restablezca en sus derechos por el mero hecho de que el titular de la marca actuó con desidia y no respetó el plazo para solicitar la renovación del registro de dicha marca y, por otro lado, verse facultado para ir en contra de la voluntad del titular de una marca que conscientemente ha decidido no renovar su registro.

Además, a tenor del artículo 104, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, la petición para ser restablecida en sus derechos debe presentarse por escrito en un plazo de dos meses a partir de la fecha del cese del impedimento. A este respecto, el Tribunal declaró que la inexistencia de autorización expresa del titular de la marca no constituye un impedimento, en el sentido del artículo 104 de dicho Reglamento.

Por otra parte, el Tribunal observó que el objetivo del considerando 11 del Reglamento 2017/1001 consiste en garantizar la identidad de origen del producto o del servicio que se designa con la marca, no garantizar de manera indefinida el registro de una marca de la Unión cuando este ha expirado por no haberse renovado el registro de dicha marca.

En efecto, en virtud del principio de disponibilidad, es necesario devolver al dominio público las marcas que no se acaban explotando o que ya no se explotan para que otros agentes económicos puedan registrarlas y obtener de ellas de forma eficaz todos los rendimientos económicos.

Mediante su sentencia de 16 de diciembre de 2020, Forbo Financial Services/EUIPO — Windmöller (Canoleum) (T-3/20, EU:T:2020:606), el Tribunal General se pronunció sobre el valor probatorio de una declaración solemne hecha por un abogado. El 17 de mayo de 2017, Windmöller Flooring Products WFP GmbH presentó una solicitud de registro del signo denominativo Canoleum como marca de la Unión. El 27 de septiembre de 2017, Forbo Financial Services AG formuló oposición contra el registro de la marca solicitada ante la EUIPO basada en su marca internacional denominativa MARMOLEUM. Alegó que existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Mediante resolución de 12 de febrero de 2019, la oposición fue desestimada.

El 9 de abril de 2019, Forbo Financial Services interpuso un recurso ante la EUIPO. Sin embargo, no presentó el escrito de motivación del recurso hasta el 26 de junio de 2019, es decir, una vez transcurrido el plazo señalado.[17] La recurrente adjuntó a ese escrito una petición de restitutio in integrum,[18] en la que alegaba que el abogado encargado de su expediente (en lo sucesivo, «abogado inicial») no había podido presentar el escrito dentro del plazo establecido al haber contraído de modo imprevisible una enfermedad grave. Para corroborar esa alegación, Forbo Financial Services presentó dos declaraciones solemnes, una del referido abogado y otra de la esposa de éste. Mediante resolución de 9 de octubre de 2019, la Sala de Recurso declaró el recurso inadmisible. Consideró que el abogado inicial no había demostrado suficientemente haber actuado con la diligencia requerida por las circunstancias. En particular, le reprochó que no hubiera aportado un certificado médico.

Al conocer del recurso interpuesto por Forbo Financial Services, el Tribunal anuló la resolución de la Sala de Recurso basándose, en esencia, en que la Sala de Recurso había denegado inmediatamente toda credibilidad a las dos declaraciones solemnes y había rechazado las explicaciones detalladas contenidas en las mismas.

En primer lugar, el Tribunal recordó que una declaración solemne constituye una prueba admisible.[19] Además, observó que una declaración redactada en interés del autor únicamente tiene un escaso valor probatorio y ha de ser corroborada por pruebas adicionales, lo cual, no obstante, no permite a los órganos de la EUIPO considerar, por principio, que tal afirmación carezca de credibilidad alguna. El valor probatorio que se debe dar a tal declaración depende de las circunstancias del asunto. Pues bien, la Sala de Recurso, de hecho, empezó negando toda credibilidad a las dos declaraciones solemnes de que se trata y, por lo tanto, no tuvo debidamente en cuenta las circunstancias del caso.

A continuación, en cuanto a la declaración efectuada por el abogado inicial, el Tribunal señaló que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que aquel es un profesional del Derecho que debe ejercer sus funciones en el marco del cumplimiento de unas reglas deontológicas y de unas normas éticas, por lo que si se le hallara culpable de una declaración solemne falsa quedaría expuesto a sanciones penales y se vería comprometida su reputación. El Tribunal añadió que una declaración solemne escrita prestada por un abogado constituye en sí misma una prueba sólida de los datos incluidos en ella cuando es unívoca, carente de contradicciones y coherente, y no existe elemento fáctico alguno que pueda poner en duda su veracidad.

Además, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la circunstancia de que la enfermedad invocada por el abogado inicial como causa del incumplimiento del plazo formaba parte de su esfera íntima y de que él era la persona más idónea para aportar información sobre dicho incidente y, en particular, sobre los síntomas y trastornos sufridos.

Por lo que se refiere a la declaración solemne de la esposa del abogado inicial, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta el hecho de que las personas que presencian un incidente como el que acaeció en el presente asunto pertenecen normalmente al entorno directo del interesado y que la citada esposa, al igual que dicho abogado, quedaría expuesta a sanciones penales si realizara una declaración solemne falsa.

Por último, el Tribunal observó que la Sala de Recurso no había tenido en cuenta el hecho de que no estaban disponibles o no podían exigirse razonablemente pruebas adicionales, como un certificado médico, que corroboraran el contenido de ambas declaraciones solemnes. A este respecto, el Tribunal indicó que el asunto tenía por objeto un acontecimiento singular de carácter accidental, que formaba parte de la esfera íntima del interesado, y que se distinguía por tanto de las situaciones de las que se ocupa generalmente la jurisprudencia relativa al valor probatorio de las declaraciones solemnes, en las que estas se presentan para acreditar hechos meramente objetivos o carentes de carácter personal. Por consiguiente, el Tribunal anuló la resolución de la Sala de Recurso.

Mediante la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS) (T-421/18, EU:T:2020:433), el Tribunal General se pronunció, por un lado, sobre los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en lo que respecta a la protección de que disfrutan las marcas registradas en dicho Estado y, por otro, sobre la admisibilidad del recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO por la que se devuelve el asunto a la División de Oposición.

En el caso de autos, la parte coadyuvante, el Sr. Simon Weinstein solicitó el registro de la marca denominativa MUSIKISS como marca de la Unión para varios servicios. La División de Oposición de la EUIPO estimó parcialmente la oposición formulada por la recurrente, Bauer Radio Ltd, sobre la base de las marcas denominativa y figurativas anteriores del Reino Unido KISS y rechazó la solicitud de registro para determinados servicios debido al riesgo de confusión entre la marca solicitada y tales marcas anteriores. Mediante resolución de 14 de marzo de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Oposición y le remitió el asunto para que examinara la notoriedad reivindicada por la recurrente. Esta interpuso recurso solicitando la anulación de la citada resolución de la Sala de Recurso.

En el marco del procedimiento de recurso ante el Tribunal, la parte coadyuvante alegó que, en la medida en que la oposición al registro de la marca de la Unión MUSIKISS se basaba en marcas anteriores del Reino Unido, en caso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo alguno, dicha oposición debía desestimarse por cuanto estas ya no gozarían de la misma protección y, en consecuencia, el recurso interpuesto ante el Tribunal quedaría sin objeto. Además, la EUIPO y la parte coadyuvante propusieron una causa de inadmisión por considerar que la resolución impugnada no había puesto fin al procedimiento en relación con la recurrente y que, por tanto, no podía ser objeto de recurso.

El Tribunal recordó, en primer lugar, que, el 1 de febrero de 2020, el Acuerdo de retirada,[20] que estableció las modalidades de retirada del Reino Unido de la Unión, había entrado en vigor. El artículo 127 del citado Acuerdo prevé un período transitorio del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020, durante el cual el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable en el Reino Unido, salvo disposición en contrario. Según el Tribunal, de ello resulta que el Reglamento 2017/1001 continuará siendo de aplicación a las marcas del Reino Unido y que, por tanto, las marcas anteriores registradas por la recurrente en dicho Estado seguirán teniendo la misma protección de que habrían disfrutado de no haberse producido la retirada del Reino Unido de la Unión hasta el final del período transitorio. Por consiguiente, en el caso de autos, las marcas anteriores siguen teniendo capacidad para fundamentar la oposición al registro de la marca solicitada. Así pues, el Tribunal concluyó que dicha retirada no cuestiona los efectos jurídicos de la resolución impugnada sobre la parte recurrente, con la consecuencia de que esta conserva su interés en solicitar la anulación de la resolución.

En lo que atañe a la alegación basada en el principio general de Derecho administrativo de la Unión según el cual un acto administrativo no puede ser objeto de revisión si no constituye la expresión de una posición definitiva adoptada por un órgano administrativo de la Unión, el Tribunal señaló que tal principio general de Derecho no ha sido reconocido por los Tribunales de la Unión. Si bien es cierto que un recurso contra un acto preparatorio no es admisible, en la medida en que no se dirige contra un acto que constituya la posición definitiva de la Administración adoptada al término del procedimiento, el juez de la Unión ya ha reconocido la admisibilidad de los recursos contra actos que no establecen la posición definitiva de la Administración, pero cuyo alcance para su destinatario justifica que no se consideren meros actos preparatorios. Además, el artículo 72 del Reglamento 2017/1001, cuando prevé que «contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General», no establece ninguna distinción entre tales resoluciones, en función de si constituyen o no la posición final de los órganos de la EUIPO.

A este respecto, el Tribunal indicó que, en cualquier caso, en el presente asunto, la Sala de Recurso se había pronunciado de manera definitiva sobre determinados aspectos del litigio, pronunciamiento que vincula en relación con dichos aspectos a la División de Oposición, a la que se encomienda ahora el examen a raíz de la devolución del asunto. En consecuencia, la recurrente debía poder impugnar las conclusiones definitivas de la citada Sala sin tener que esperar a que continuara el procedimiento ante dicha División y acto seguido iniciar los recursos ante esa misma Sala y, en su caso, posteriormente, ante el Tribunal contra la nueva resolución. En tales circunstancias, el Tribunal desestimó la citada causa de inadmisión. A continuación, el Tribunal se pronunció sobre la fundamentación de las pretensiones de la recurrente y resolvió desestimar el recurso.

2.- Dibujos y modelos

En la sentencia L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Acoplamientos para vehículos) (T-100/19, EU:T:2020:255), dictada el 10 de junio de 2020, el Tribunal General precisó el alcance del examen realizado por la EUIPO en el marco de una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, basada en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002[21] y se pronunció sobre el alcance de la obligación de motivación que incumbe a la EUIPO a este respecto. Mediante su sentencia, el Tribunal anuló la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), relativa al procedimiento de nulidad entre L. Oliva Torras (en lo sucesivo, «recurrente») y Mecánica del Frío (en lo sucesivo, «coadyuvante»), por lo que se refiere al dibujo o modelo comunitario registrado que representa un acoplamiento para conectar equipos de refrigeración o aire acondicionado con un vehículo de motor.

En primer lugar, el Tribunal declaró que el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002 atribuye a los órganos de la EUIPO, en el marco del examen de una solicitud de declaración de nulidad, la competencia para controlar el cumplimiento de los requisitos esenciales de protección del dibujo o modelo comunitario previstos en los artículos 4 a 9 de ese Reglamento. A este respecto, destacó que tales requisitos tienen carácter acumulativo, de modo que el incumplimiento de uno de ellos puede suponer, por sí solo, la nulidad del dibujo o modelo en cuestión. Por otra parte, dichas disposiciones suponen la aplicación de criterios jurídicos diferentes. En consecuencia, declaró que el tenor literal del artículo 25, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, a la luz de su contexto y de sus objetivos, debe interpretarse en el sentido de que no implica necesariamente un examen del cumplimiento de todos los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 de dicho Reglamento, sino que, en función de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes, puede implicar únicamente el examen del cumplimiento de uno solo de esos requisitos o de una parte de ellos.

En segundo lugar, el Tribunal declaró que correspondía a la Sala de Recurso determinar, a la luz de los elementos fácticos y jurídicos expuestos en apoyo de la solicitud de declaración de nulidad de la recurrente, cuáles eran los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 del Reglamento n.º 6/2002 cuyo incumplimiento se alegaba en el presente asunto y que le incumbía examinar, teniendo en cuenta, en su caso, hechos notorios y cuestiones de Derecho no planteadas por las partes pero necesarias para la aplicación de las disposiciones pertinentes. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que, por el hecho de que la solicitud de declaración de nulidad se basara en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, la recurrente había pretendido invocar el incumplimiento, por el modelo controvertido, de todos los requisitos establecidos en los artículos 5, 6, 8 y 9 de dicho Reglamento.

En tercer lugar, el Tribunal estimó la imputación de la recurrente en la que reprochaba a la Sala de Recurso no haberse pronunciado sobre si el dibujo o modelo controvertido se refería a un componente de un producto complejo que, una vez incorporado a dicho producto, seguía siendo visible durante la utilización normal de este último, en el sentido del artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 6/2002 [22] siendo así que esta cuestión se había abordado en la Comunicación de 16 de mayo de 2018 [23] y en las observaciones subsiguientes de las partes.

El Tribunal señaló, en primer término, que las conclusiones de la Sala de Recurso por lo que respecta a la aplicación de dicho artículo no se desprendían de un modo evidente de la motivación de la resolución impugnada, ni para las partes ni para el juez de la Unión. En particular, puntualizó que las razones expuestas por la EUIPO, por primera vez, ante el juez de la Unión y relativas a que la recurrente no había solicitado la aplicación del artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 6/2002 no podían subsanar la falta de motivación de la resolución impugnada.

En segundo término, destacó que, por un lado, la cuestión de si el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 6/2002 era aplicable en el presente caso podía revestir, en principio, una importancia esencial en la configuración interna de la resolución impugnada, habida cuenta de su potencial repercusión en la motivación y en la parte dispositiva de dicha resolución. Por otro lado, según el Tribunal, de los términos de la Comunicación de 16 de mayo de 2018 resultaba que la Sala de Recurso había considerado, en esa fase del procedimiento, que las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas en apoyo de dichas alegaciones demostraban que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 6/2002.

Sobre este particular, el Tribunal concluyó que, si bien no cabía considerar que la Sala de Recurso estuviera vinculada por su Comunicación de 16 de mayo de 2018, le incumbía, no obstante, motivar debidamente las razones por las cuales estimaba que debía apartarse de las conclusiones de dicha Comunicación, ya que esta última y las observaciones subsiguientes de las partes formaban parte del contexto en el que había adoptado la resolución impugnada. Subrayó, en particular, que no le correspondía sustituir a la Sala de Recurso en el examen de los argumentos, hechos y pruebas presentados por la recurrente que incumbía efectuar a dicha Sala a fin de determinar si la aplicación del artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 6/2002 se cuestionaba en el litigio del que conocía la Sala de Recurso.

Habida cuenta de todo lo anterior, el Tribunal anuló la resolución impugnada. Sin embargo, desestimó, basándose en la jurisprudencia «Edwin», la pretensión de modificación formulada por la recurrente.[24]

3.- Obtenciones vegetales

En su sentencia Siberia Oriental/OCVV (Siberia) (T-737/18, EU:T:2020:289), dictada el 25 de junio de 2020, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), mediante la que esta última había denegado la modificación de la fecha de expiración de la protección comunitaria de obtención vegetal para la variedad Siberia. En esta sentencia, el Tribunal precisó las condiciones de admisibilidad de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la OCVV, así como el concepto de error evidente que exige la rectificación de una resolución.

En el caso de autos, el 2 de agosto de 1996, la OCVV concedió a la recurrente, Siberia Oriental BV, la protección comunitaria de obtención vegetal para la variedad Siberia, de la especie Lilium L., fijando como fecha de expiración de esta protección el 1 de febrero de 2018. Esta fecha de expiración fue inscrita en el registro de la protección comunitaria de obtenciones vegetales. El 24 de agosto de 2017, Siberia Oriental BV, alegando un error en el cálculo de la duración de dicha protección, solicitó a la OCVV que modificara la fecha de expiración de esa protección, sustituyendo la fecha del 1 de febrero de 2018 por la del 30 de abril de 2020. Esta solicitud fue declarada inadmisible por la OCVV y, posteriormente, por la Sala de Recurso, por considerar, por una parte, que ya había expirado el plazo para interponer un recurso contra la resolución de concesión de la protección y, por otra parte, que un supuesto error en el cálculo de la fecha de expiración de la protección comunitaria de obtención vegetal no puede considerarse un error evidente en el sentido del artículo 53, apartado 4, del Reglamento n.º 874/2009.[25]

En primer lugar, tras recordar que los plazos para recurrir tienen el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la Unión, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión los actos que surten efectos jurídicos, el Tribunal señaló que el plazo para interponer un recurso contra las resoluciones de la OCVV era de dos meses. Además, solo son recurribles las resoluciones de la OCVV que, en el marco de la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal, fijan la fecha de comienzo y fin de dicha protección. Pues bien, el Tribunal constató que la resolución de concesión de la protección había adquirido firmeza. En ese contexto, no puede permitirse que la recurrente reabra el plazo de recurso alegando que su solicitud de rectificación se refiere a la inscripción o supresión de datos en el registro. En efecto, eludir el plazo de recurso mediante la presentación, una vez expirado dicho plazo, de una solicitud de rectificación del registro implicaría menoscabar la firmeza de la resolución de concesión.

En segundo lugar, el Tribunal declaró que la modificación de la fecha de expiración de la protección comunitaria de obtención vegetal solicitada por la recurrente afectaría al alcance y a la esencia de la resolución inicial de concesión de la protección que fijó la duración de esa protección. En efecto, efectuar tal modificación supone determinar previamente cómo interpretar el Reglamento n.º 2100/94,[26] en particular sus disposiciones pertinentes para el cálculo de la duración de la protección. Pues bien, el concepto de «error evidente» se limita a errores de tipo formal, cuyo carácter erróneo se desprende claramente del propio cuerpo de la resolución y que no afectan al alcance y a la esencia de la resolución adoptada. Por consiguiente, el Tribunal consideró que la solicitud de modificación de la recurrente no puede considerarse como una solicitud de corrección de un error lingüístico, un error de transcripción o un error evidente, en el sentido del artículo 53, apartado 4, del Reglamento n.º 874/2009.


[1]| Asunto C-639/20 P, CEDC International/EUIPO.

[2]| Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), a su vez sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

[3]| Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014, CEDC International/OAMI — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella) (T-235/12, EU:T:2014:1058).

[4] | Según la descripción de la marca anterior, «la marca se compone de una botella en el interior de la cual hay una brizna de hierba en posición casi diagonal dentro del cuerpo de la botella»

[5] |En el sentido del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009.

[6] |En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

[7] |Artículos 3, apartado 1, letra a); 69, apartado 2, y 72, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO 2012, L 167, p. 1).

[8]|El artículo 102, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, titulado «Corrección de errores y equivocaciones manifiestas», está redactado en los siguientes términos: «1. La EUIPO deberá corregir, de oficio o a instancia de parte, los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones manifiestas en sus resoluciones, así como los errores técnicos en el registro de una marca de la Unión o en la publicación del registro que le sean imputables.» (DO 2017, L 154, p. 1).

[9] |El artículo 103, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, titulado «Revocación de las resoluciones», dispone: «1. Cuando la EUIPO efectúe una inscripción en el registro o adopte una resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento que sea imputable a la [EUIPO], esta cancelará la inscripción o revocará la resolución […]».

[10] |Regla 53 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1).

[11] |Artículo 80 del Reglamento n.º 207/2009.

[12]|Ese procedimiento dio lugar a la sentencia de 8 de marzo de 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T-665/16, no publicada, EU:T:2018:125), en la que el Tribunal anuló, por falta de motivación, la resolución de la Sala de Recurso que denegaba el registro de la marca figurativa €$. A raíz de esa sentencia, el asunto volvía a estar pendiente ante una Sala de Recurso.

[13]|Con arreglo al artículo 71, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1).

[14]|El artículo 104, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, dispone que «el solicitante o el titular de una marca de la Unión o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la [EUIPO] será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso».

[15]|El artículo 53, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 dispone lo siguiente: «El registro de la marca de la Unión se renovará a petición del titular de la misma o de cualquier persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas».

[16]|En virtud del artículo 53, apartado 3, del Reglamento 2017/1001.

[17]|En virtud del artículo 68, apartado 1, última frase, del Reglamento 2017/1001, se presenta un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

[18]|Con arreglo al artículo 104 del Reglamento 2017/1001.

[19] |En el sentido del artículo 97, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001.

[20] |Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7).

[21] |El artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1; corrección de errores en DO 2002, L 179, p. 31), establece que un dibujo o modelo comunitario solo podrá declararse nulo si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 de dicho Reglamento.

[22] |El artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 establece: «[u]n dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular: a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular».

[23] |Comunicación dirigida por la Sala de Recurso a las partes, en la que se indicaba que el dibujo o modelo controvertido debía ser declarado nulo, por incumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 6/2002.

[24] |Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452).

[25] |El artículo 53, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 874/2009 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.º 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la OCVV (DO 2009, L 251, p. 3), dispone que en las resoluciones de la OCVV se deberán corregir los errores lingüísticos, los errores de transcripción y los errores evidentes.

[26] |Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1).

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PROPIEDAD INDUSTRIAL 2013

1.- Marca europea

a) Motivos de denegación absolutos

En 2013, el Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse sobre diferentes motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009.[1]

En la sentencia de 15 de enero de 2013, BSH/OAMI (ecoDoor) (T-625/11, recurrida en casación), el Tribunal estimó que, en la medida en que, por un lado, el elemento «eco» se percibirá con el significado de «ecológico» y, por otro, el elemento «door» se interpretará como referido a una «puerta», la Sala de Recurso había considerado acertadamente que el público pertinente entendería inmediatamente el término «ecodoor» en el sentido de «puerta ecológica» o «puerta cuya construcción y modo de funcionamiento son ecológicos». El Tribunal precisó, igualmente, que un signo que es descriptivo de una característica de una pieza incorporada a un producto puede ser también descriptivo de ese mismo producto. Así sucede cuando, en la percepción del público pertinente, la característica de dicha pieza descrita por el signo puede tener un impacto significativo sobre las características esenciales del propio producto.

En el asunto ultra air/OAMI-Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (sentencia de 30 de mayo de 2013, T-396/11, recurrida en casación), el Tribunal debía analizar la legalidad de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI mediante la que ésta, tras anular la resolución de la División de Anulación de la OAMI por la que se había estimado la solicitud de nulidad de la marca controvertida, había declarado la inadmisibilidad de dicha solicitud por constituir un abuso de derecho.

El Tribunal recuerda que el procedimiento administrativo previsto en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, tiene por objeto concretamente permitir a la OAMI volver a examinar la validez del registro de una marca y adoptar una posición que, llegado el caso, tendría que haber adoptado de oficio en virtud del artículo 37, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009. En este contexto, la OAMI debe apreciar si la marca objeto de examen es descriptiva y/o carece de carácter distintivo, sin que los motivos o el comportamiento anterior del solicitante de la nulidad puedan afectar a la amplitud de la misión que corresponde a la OAMI con respecto a los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y en el artículo 56, apartado 1, letra a), de ese mismo Reglamento. En efecto, dado que, aplicando las disposiciones en cuestión en el marco de un procedimiento de nulidad, la OAMI no se pronuncia sobre la cuestión de si el derecho del titular de la marca prima sobre un derecho cualquiera del solicitante de la nulidad, sino que verifica que el derecho del titular de la marca se ha constituido válidamente según las normas que regulan el carácter registrable de ésta, no puede tratarse de un «abuso de derecho» por parte del solicitante de la nulidad. Así pues, el hecho de que el solicitante de la nulidad pueda presentar su solicitud con el fin de colocar posteriormente el signo controvertido en sus productos corresponde precisamente al interés general de disponibilidad y de libre utilización que salvaguarda el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. Por lo tanto, el Tribunal considera que tal circunstancia no puede, en ningún caso, constituir un abuso de derecho, quedando confirmada esta apreciación por el artículo 52, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, según el cual la nulidad de la marca comunitaria puede declararse también mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, lo que presupone que el demandado en esta acción puede obtener la declaración de nulidad incluso si ha utilizado la marca controvertida y tiene intención de seguir haciéndolo.

En el asunto Kreyenberg/OAMI-Comisión (MEMBER OF €e euro experts) (sentencia de 10 de julio de 2013, T-3/12), el Tribunal tenía que pronunciarse sobre la fundamentación de un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso relativa a un procedimiento de nulidad referido a la marca figurativa MEMBER OF €e euro experts, a raíz del cual la citada Sala de Recurso se había pronunciado acerca de la relación entre el artículo 7, apartado 1, letra i) y el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 207/2009. El Tribunal resolvió que el artículo 7, apartado 1, letra i), de dicho Reglamento debe entenderse en el sentido de que en determinadas condiciones prohíbe el registro, como marcas o elementos de marcas, de emblemas distintos de los mencionados en el artículo 7, apartado 1, letra h), del mismo Reglamento, ya sean reproducidos dichos emblemas de forma idéntica o sean únicamente objeto de imitación. El Tribunal llegó a esta misma conclusión basándose en la redacción del artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento nº 207/2009 y en dos consideraciones adicionales. En primer lugar, constata que dicha disposición no restringe expresamente el ámbito de prohibición que establece para las marcas que reproduzcan de forma idéntica un emblema. El tenor de dicha disposición permite interpretarla en el sentido de que prohíbe no sólo la reproducción idéntica, sino también la imitación de un emblema por una marca. El Tribunal añade que, si no se interpretase así, el efecto útil de la citada disposición quedaría además considerablemente reducido, ya que bastaría que un emblema hubiera sido ligeramente modificado, aun de manera imperceptible para una persona que no sea especialista del arte heráldico, para que pudiera registrarse como marca o elemento de una marca. En segundo lugar, el Tribunal señala que el legislador de la Unión no precisó en absoluto que sólo pudiera prohibirse el registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento nº 207/2009 de una marca constituida exclusivamente por un emblema. Al utilizar el verbo «incluir» en el artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento nº 207/2009, el legislador indicó que, en las condiciones establecidas en dicha disposición, quedaba prohibido el uso de emblemas distintos de los mencionados en el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 207/2009, no sólo como marca, sino también como elemento de marca. Esto se compadece, además, con el efecto útil de dicha disposición que tiene por objeto garantizar la protección más completa posible a los emblemas a los que se refiere. Por analogía con la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 207/2009 en relación con los emblemas de las organizaciones internacionales intergubernamentales regularmente comunicados a los Estados partes del Convenio de París[2], el Tribunal concluyó que la protección concedida a los emblemas mencionados en el artículo 7, apartado 1, letra i), del citado Reglamento sólo puede aplicarse cuando, tomada en conjunto, la marca que contenga tal emblema pueda inducir al público a error en cuanto al vínculo existente entre, por un lado, su titular o su usuario y, por otro, la autoridad a la que remite el emblema de que se trate.

b) Motivos de denegación relativos

En el asunto Sanco/OAMI-Marsalman (Representación de un pollo) (sentencia de 14 de mayo de 2013, T-249/11, recurrida en casación), el Tribunal analizó la cuestión de la apreciación del carácter complementario de los productos y servicios objeto de una solicitud de registro.

En primer lugar, el Tribunal recuerda que únicamente cuando se demuestre que no existe ninguna similitud entre los productos y servicios designados por dos marcas cabe apreciar que no existe riesgo de confusión entre dichas marcas, sin que resulte necesario proceder a una apreciación global, tomando en consideración todos los factores relevantes, de la percepción por el público pertinente de los signos y de los productos o de los servicios de que se trate. Para apreciar la similitud entre los productos o servicios, procede tener en cuenta, en principio, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Así pues, en la apreciación del carácter complementario de productos y servicios es preciso tomar en consideración la percepción de dicho público respecto de la importancia que para el uso de un producto o servicio tiene otro producto o servicio.

En consecuencia, la complementariedad entre productos y servicios en relación con la existencia de un riesgo de confusión no se aprecia en función de que para el público pertinente haya una conexión entre los productos y servicios de que se trate desde el punto de vista de su naturaleza, su utilización y sus canales de distribución, sino en función de la existencia de una estrecha conexión entre dichos productos y servicios, esto es, del carácter indispensable o importante de uno de ellos para el uso del otro, de manera que tal público pudiera pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma. En efecto, el hecho de que el uso de un producto o servicio no guarde relación con el uso de otro producto o servicio no implica siempre que el uso de uno no sea importante o indispensable para el uso de otro. Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal declaró que, en ese asunto, la Sala de Recurso había incurrido en un error en la apreciación de la complementariedad de los productos designados por la marca anterior y los servicios de publicidad, de representaciones comerciales, de franquicia o de exportación o importación designados por la marca solicitada y que este error tenía como consecuencia que la Sala de Recurso no hubiera tomado en consideración todos los factores pertinentes para apreciar la similitud de los productos y los servicios en cuestión.

En la sentencia de 11 de julio de 2013, SA. PAR./OAMI-Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10), el Tribunal realizó precisiones sobre la interpretación del concepto de mala fe al que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009. El Tribunal señaló que, en virtud de esta disposición, se declarará la nulidad de la marca comunitaria, mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca, correspondiendo la carga de la prueba a quien solicita la nulidad. El Tribunal destaca, a este respecto, que el concepto de mala fe al que se refiere el citado artículo no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito de algún modo en la normativa de la Unión. Así pues, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme a esta disposición, cabe asimismo tener en cuenta la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca comunitaria y la cronología de los acontecimientos que han caracterizado la referida presentación. Así, a título de ejemplo, se debe tener en cuenta, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo así como, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita. En consecuencia, el conocimiento que el solicitante de la marca tenga de la situación comercial y societaria del titular del signo anterior, incluida la existencia de una fase de expansión de la sociedad de tal titular, no basta, por sí mismo, para demostrar la existencia de la mala fe del solicitante de la marca. Debe además tomarse en consideración la intención de éste en el momento en que presenta la solicitud de registro. Esta intención, elemento subjetivo, debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso. Por lo tanto, con el fin de apreciar si concurre mala fe en el solicitante de una marca, es necesario examinar sus intenciones tal como puedan deducirse de las circunstancias objetivas y de su manera de actuar concreta, de su papel o de su posición, del conocimiento del que disponía en relación con el uso del signo anterior, de los lazos de naturaleza contractual, precontractual o postcontractual que mantenía con el solicitante de la nulidad, de la existencia de deberes u obligaciones recíprocas, y, con carácter más general, de todas las situaciones objetivas de conflicto de intereses en las que el solicitante de una marca se encontrara. De este modo, dentro el conjunto de circunstancias objetivas que pueden revelar las intenciones del solicitante de la marca cabe citar, en particular, la cronología de los acontecimientos que han caracterizado que se haya producido el registro de la marca impugnada, el conflicto de intereses potencial en el que se encontraba el solicitante de la marca con respecto al titular del signo anterior, la naturaleza de la marca cuyo registro se solicita o el grado de notoriedad del que goza el signo en el momento en que se presenta la solicitud de su registro. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal estimó que la Sala de Recurso había declarado fundadamente la nulidad de la marca impugnada al amparo del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

c) Carga de la prueba-Examen de oficio por la OAMI.

En la sentencia de 20 de marzo de 2013, El Corte Inglés/OAMI-Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, recurrida en casación), el Tribunal precisó, en el marco de la aplicación del Reglamento nº 207/2009, que la determinación y la interpretación de las normas del Derecho nacional, en la medida en que sean indispensables a la actividad de las instituciones de la Unión, pertenecen al ámbito de la verificación de los hechos y no al de la aplicación del Derecho.

El Tribunal declaró que, si bien es cierto que el artículo 65, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que puede dar lugar a un recurso ante el Tribunal la vulneración tanto de normas de Derecho nacional, como de Derecho comunitario, sólo este último se encuadra en la esfera jurídica a la que se aplica el principio iura novit curia, mientras que el primero se sitúa en el plano de la carga de la alegación y de la prueba de los hechos, de modo que su contenido debe, en su caso, documentarse mediante la presentación de pruebas. De ello se deduce que, en principio, en el marco de un procedimiento sustanciado ante las instituciones de la Unión, corresponde a la parte que invoca el Derecho nacional demostrar que éste sustenta sus pretensiones. Si bien es cierto que la OAMI debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tales informaciones son necesarias para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, sobre la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados, esta obligación sólo es exigible en el caso de que la OAMI disponga ya de indicaciones relativas al Derecho nacional, bien en forma de alegaciones sobre su contenido, bien en forma de elementos aportados al expediente cuya fuerza probatoria se invoque.

En la sentencia de 7 de mayo de 2013, macros consult/OAMI-MIP Metro (makro) (T-579/10), el Tribunal afirmó que, en el marco de una solicitud presentada al amparo del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, con fundamento en un derecho anterior protegido por el Derecho nacional, de la regla 37 del Reglamento (CE) nº 2868/95 se desprendía que incumbe al solicitante aportar los elementos pertinentes que demuestren que está facultado para hacer valer ese derecho en virtud de la legislación nacional aplicable.

Esta regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación. Por otra parte, en la medida en que el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 efectúa una remisión expresa al artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y dado que esta última disposición se refiere a derechos anteriores protegidos por la legislación de la Unión o por el Derecho del Estado miembro que es aplicable al signo de que se trata, estos principios también resultan de aplicación cuando se invoca un derecho nacional sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. En efecto, la regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95 prevé disposiciones análogas en materia de prueba del derecho anterior en el caso de una solicitud presentada en virtud del artículo 53, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009. De este modo, la cuestión de la existencia de un derecho nacional es una cuestión de hecho e incumbe a una parte que sostiene la existencia de un derecho que reúne los requisitos exigidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, demostrar, ante la OAMI, no sólo que ese derecho resulta de la legislación nacional, sino también el alcance de esa legislación misma.

Por último, en el asunto Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OAMI-Castel Frères (CASTEL) (sentencia de 13 de septiembre de 2013, T-320/10, recurrida en casación), el Tribunal se pronunció sobre la cuestión de si el motivo de denegación absoluto de registro contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 207/2009 debía examinarse de oficio por la Sala de Recurso cuando la demandante no lo hubiera formulado en el marco del procedimiento sustanciado ante la misma.

El Tribunal comienza señalando que, según el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, en el momento de examinar los motivos de denegación absolutos, los examinadores de la OAMI y, en caso de recurso, las Salas de Recurso de la OAMI deben realizar el examen de oficio de los hechos para determinar si la marca cuyo registro se solicita adolece o no de alguno de los motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7 del mismo Reglamento. De ello resulta que los órganos competentes de la OAMI pueden verse abocados a fundar sus resoluciones en hechos que no fueron invocados por el solicitante. No obstante, el Tribunal precisa que, en el marco de un procedimiento de nulidad, la OAMI no puede verse constreñida a efectuar de nuevo el examen de oficio que realizó el examinador de los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de los motivos de denegación absolutos. En efecto, de las disposiciones de los artículos 52 y 55 del Reglamento nº 207/2009 se desprende que la marca comunitaria se considera válida hasta que sea declarada nula por la OAMI a raíz de un procedimiento de nulidad. Así pues, tal marca goza de una presunción de validez, que es la consecuencia lógica del control llevado a cabo por la OAMI en el marco del examen de una solicitud de registro.

El Tribunal considera que esta presunción de validez limita la obligación de la OAMI, prevista en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, de examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de los motivos de denegación absolutos en el examen de la solicitud de una marca comunitaria realizado por los examinadores de la OAMI y por la Salas de Recurso en el procedimiento de registro de tal marca. Pues bien, en el contexto de un procedimiento de nulidad, dado que la marca comunitaria registrada se presume válida, corresponde a la persona que presente la solicitud de nulidad invocar ante la OAMI los elementos concretos que pudieran cuestionar su validez. De este modo, en el marco del procedimiento de nulidad, la Sala de Recurso de la OAMI no está obligada a examinar de oficio los hechos pertinentes que hubieran podido llevarla a aplicar el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 207/2009.

d) Facultad de modificación

En la sentencia de 4 de junio de 2013, i‑content /OAMI-Decathlon (BETWIN) (T-514/11), el Tribunal analizó los requisitos relativos al ejercicio por parte del Tribunal General de la facultad de modificación que le reconoce el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.

El Tribunal subraya que la facultad que le reconoce el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 no supone la atribución de la capacidad de realizar una apreciación sobre la que la Sala de Recurso de la OAMI aún no ha tomado posición. El ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar. En este asunto, el Tribunal consideró que concurrían los requisitos para el ejercicio de esta facultad, ya que la Sala de Recurso estaba obligada a apreciar que, en contra de lo considerado por la División de Oposición, no existía ningún riesgo de confusión en relación con los productos a los que se refería la solicitud de registro. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia modificó la resolución impugnada.

En la sentencia de 3 de julio de 2013, Airbus/OAMI (NEO) (T-236/12), el Tribunal se pronunció sobre el alcance del examen que debe realizar la Sala de Recurso.

A este respecto, el Tribunal señala que, en virtud del artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre el recurso y podrá, al hacerlo, ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada. No obstante, esta facultad de realizar un nuevo examen completo en cuanto al fondo de la solicitud de registro, tanto de los elementos de Derecho como de los elementos de hecho, está supeditada a que el recurso sea admisible ante la Sala de Recurso. Cuando, como sucedía en ese asunto, el examinador ha denegado una solicitud de registro de marca comunitaria sólo para los productos contemplados en ella, pero ha autorizado el registro para los servicios a los que ésta se refería, el recurso que el solicitante de la marca interponga ante la Sala de Recurso legalmente sólo puede tener por objeto la negativa del examinador a autorizar el registro para los productos contemplados en la solicitud. En cambio, la autorización por el examinador del registro de tal solicitud para los servicios no puede útilmente ser objeto de un recurso de dicho solicitante ante la Sala de Recurso. En consecuencia, si bien es cierto que, en el caso de autos, la demandante solicitó, en su recurso ante la Sala de Recurso, la anulación en su totalidad de la resolución del examinador, no lo es menos que, con arreglo al artículo 59, primera frase, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso sólo tenía competencia para conocer del recurso en la medida en que las pretensiones de la demandante habían sido desestimadas por la instancia inferior. Por lo tanto, el Tribunal resolvió que la Sala de Recurso había sobrepasado los límites de su competencia al decidir de oficio analizar la solicitud de registro de la marca comunitaria en relación con los servicios contemplados en la misma a la luz de los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7 del Reglamento nº 207/2009 y al declarar que la marca solicitada carecía completamente de carácter distintivo que permitiera distinguir esos servicios en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del mismo Reglamento.

e) Prueba del uso efectivo de la marca

En la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Herbacin cosmetic/OAM-Laboratoire Garnier (HERBA SHINE) (T-34/12), el Tribunal precisó el alcance del deber de motivación de las Salas de Recurso por lo que se refiere a la aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento nº 207/2009. Según esta disposición, tendrá también la consideración de uso en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 207/2009 la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad Europea solo con fines de exportación. En ese asunto, el Tribunal consideró que no le resultaba posible realizar su control sobre la legalidad de la resolución impugnada, ya que las razones que habían llevado a la Sala de Recurso a descartar las facturas dirigidas a destinatarios establecidos fuera de la Unión no se desprendían, ni siquiera implícitamente, de la resolución impugnada. Asimismo, constató que el examen de la cuestión de si las pruebas aportadas por la demandante eran suficientes para demostrar que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento nº 207/2009 exigía un análisis del conjunto de las pruebas aportadas por la demandante, el cual no había realizado la Sala de Recurso y que no correspondía al Tribunal efectuar por primera vez. Por lo tanto, el Tribunal anuló la resolución controvertida por insuficiencia de motivación.

2.- Dibujos y modelos

Merece especial atención una sentencia dictada en materia de dibujos y modelos comunitarios. Se trata de la sentencia de 6 de junio de 2013, Kastenholtz/OAMI-Qwatchme (Cadrans de montre) (T-68/11, recurrida en casación), en la que se aborda la cuestión de los requisitos de novedad y carácter singular de los que depende la protección de los dibujos y modelos comunitarios. El Tribunal indica que resulta del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002 que se considerará que dos dibujos o modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes, es decir, en detalles que no se percibirán de inmediato y que, por tanto, no darán lugar a la constatación de diferencias, siquiera mínimas, entre dichos dibujos o modelos. A sensu contrario, para determinar la novedad de un dibujo o modelo, debe apreciarse la existencia de diferencias que, aunque sean mínimas, no sean insignificantes entre los dibujos o modelos en conflicto.

A este respecto, el Tribunal declaró que el tenor del artículo 6 del Reglamento nº 6/2002 va más allá que el de su artículo 5. Así pues, puede que las diferencias observadas entre los dibujos y modelos en conflicto en el marco del referido artículo 5 no basten, sobre todo si son mínimas, para producir en los usuarios informados una impresión general distinta, en el sentido del artículo 6 de ese mismo Reglamento. En tal caso, podrá considerarse que el dibujo o modelo controvertido es nuevo, en el sentido del artículo 5, pero no que posee carácter singular, en el sentido del artículo 6. En cambio, dado que el requisito que establece el artículo 6 del Reglamento nº 6/2002 va más allá que el previsto en su artículo 5, sólo se producirá una impresión general distinta en los usuarios informados, en el sentido de dicho artículo 6, cuando existan diferencias objetivas entre los dibujos o modelos en conflicto. Así pues, estas diferencias bastan para que se cumpla el requisito de novedad del artículo 5 del Reglamento nº 6/2002.


[1] Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

[2] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada.

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1.- PROPIEDAD INDUSTRIAL 2014

1. Propiedad intelectual

En el ámbito de la propiedad intelectual, merecen especial atención cinco resoluciones. La primera se refiere a la posibilidad de patentar las invenciones biotecnológicas; las tres siguientes se refieren a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor y la quinta versa sobre las marcas tridimensionales.

En la sentencia International Stem Cell Corporation (C‑364/13, EU:C:2014:2451), pronunciada el 18 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, interpretó el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas[1] artículo según el cual se considerarán no patentables las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, puesto que su explotación con tales fines sería contraria al orden público o a la moralidad.

A este respecto, el Tribunal de Justicia estimó, en concreto, que un óvulo humano no fecundado que ha sido estimulado mediante partenogénesis para dividirse y desarrollarse no constituye un «embrión humano» en el sentido de dicho artículo 6, apartado 2, letra c), si, a la luz de los conocimientos científicos actuales, no dispone, como tal, de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano.

En apoyo de esta conclusión, el Tribunal de Justicia recordó primero que el concepto de «embrión humano» debe entenderse en un sentido amplio, dado que el legislador de la Unión quiso excluir toda posibilidad de patentabilidad en tanto pudiera afectar al debido respeto de la dignidad humana.[2] En efecto, debe atribuirse esta calificación al óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, y al óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, en la medida en que estos organismos, por efecto de la técnica utilizada para obtenerlos, son aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, de la misma manera que el embrión creado por fecundación de un óvulo.

De conformidad con estos criterios de interpretación, el Tribunal de Justicia tuvo que declarar, habida cuenta de las afirmaciones fácticas formuladas por el tribunal remitente, que dicha exclusión de la patentabilidad no se aplica a los partenotes, que no disponen de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano.

Por lo que respecta a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, la sentencia Nintendo y otros (C‑355/12, EU:C:2014:25), dictada el 23 de enero de 2014, permitió al Tribunal de Justicia precisar el alcance de la protección jurídica que puede invocar un titular de derechos de autor, con arreglo a la Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor[3], a fin de luchar contra la elusión de las medidas tecnológicas aplicadas para proteger sus consolas de juegos de la utilización de programas falsificados destinados a dichas consolas.

El Tribunal de Justicia comenzó recordando que los videojuegos son un material complejo que incluye no sólo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo propio. Como creación intelectual propia de su autor, los programas de ordenador originales están protegidos, por lo tanto, por los derechos de autor contemplados en la Directiva. Según el Tribunal de Justicia, las medidas tecnológicas, que están incorporadas al mismo tiempo a los soportes físicos de los juegos y a las consolas y que deben interactuar entre sí, están comprendidas en el concepto de «medidas tecnológicas eficaces», en el sentido de la Directiva 2001/29, y gozan de la protección que ésta concede si su objetivo es impedir o restringir los actos lesivos para los derechos del titular. Esta protección jurídica debe respetar el principio de proporcionalidad sin prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos al de eludir la protección técnica con fines ilícitos. En un supuesto como el del presente asunto, la valoración del alcance de la protección jurídica controvertida no debería realizarse en función del destino específico previsto por el titular de los derechos de autor para las consolas, sino que debería tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/29, en lo que respecta a los dispositivos, productos o componentes capaces de eludir la protección de las medidas tecnológicas eficaces.

La sentencia UPC Telekabel Wien (C‑314/12, EU:C:2014:192), dictada el 27 de marzo de 2014, fue la ocasión para que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre las prerrogativas concedidas a los titulares de derechos de autor a la luz de la protección de los derechos fundamentales. El asunto se refería a dos productoras cinematográficas titulares de los derechos sobre unas películas que se habían puesto a disposición del público en un sitio de Internet por intermediación de un proveedor de acceso establecido en Austria. Un tribunal austriaco había prohibido a este proveedor facilitar el acceso al sitio en la medida en que en dicho sitio se ponía a disposición del público, sin el consentimiento de las productoras, obras cinematográficas sobre las que éstas ostentaban un derecho afín al derecho de autor.

A este respecto, el Tribunal de Justicia destacó que un proveedor de acceso a Internet, que permite a su clientes acceder a prestaciones protegidas puestas a disposición del público en Internet por un tercero, es un intermediario a cuyos servicios se recurre para vulnerar derechos de autor o derechos afines a los de autor en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29. El objetivo perseguido por esta Directiva 2001/29 corrobora dicha conclusión. Excluir a los proveedores de acceso a Internet del ámbito de aplicación de la citada disposición mermaría sustancialmente la protección de los titulares de los derechos buscada por dicha Directiva. Preguntado asimismo, a la luz de los derechos fundamentales, sobre la posibilidad de emitir un requerimiento judicial que no especifique las medidas que debe adoptar el proveedor de acceso a Internet y la posibilidad de que éste eluda el pago de las multas coercitivas en caso de incumplimiento del requerimiento si demuestra que adoptó todas las medidas razonables, el Tribunal de Justicia precisó que los derechos fundamentales afectados, a saber, la libertad de empresa y la libertad de información, no se oponen a tal requerimiento, siempre que se cumplan dos condiciones. Por un lado, las medidas adoptadas por el proveedor de acceso no deben privar inútilmente a los usuarios de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible. Por otro lado, dichas medidas deben tener como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de consultar esas prestaciones puestas a su disposición vulnerando el derecho de propiedad intelectual.

Asimismo en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, el 3 de septiembre de 2014, en la sentencia Deckmyn y Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, precisó el alcance del concepto de «parodia» como excepción a los derechos de reproducción, de comunicación al público de obras y de puesta a disposición del público de prestaciones protegidas en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señaló que el concepto de «parodia» debe considerarse un concepto autónomo del Derecho de la Unión. Sin embargo, al no existir en la Directiva 2001/29 una definición de dicho concepto, el significado y el alcance de este término deben determinarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia destacó que la parodia tiene por características esenciales, por un lado, evocar una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de ésta, y, por otro, constituir una manifestación humorística o burlesca. El concepto de parodia no se supedita a requisitos que impliquen la necesidad de que la parodia tenga un carácter original propio, más allá de la presencia de diferencias perceptibles con respecto a la obra original parodiada, pueda razonablemente atribuirse a una persona que no sea el propio autor de la obra original, incida sobre la propia obra original o mencione la fuente de la obra parodiada. En este contexto, la aplicación en una situación concreta de la excepción por parodia, conforme al artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29, debe respetar un justo equilibro entre, por un lado, los intereses y derechos de los autores y de los titulares de los derechos protegidos por la Directiva y, por otro, la libertad de expresión del usuario de una obra protegida que invoque la excepción por parodia.

Por último, en materia de marcas, el asunto que dio origen a la sentencia Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070), dictada el 10 de julio de 2014, condujo al Tribunal de Justicia a examinar la posibilidad de registrar una marca tridimensional consistente en la representación mediante un dibujo multicolor, carente de indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, de la arquitectura de una tienda para servicios que se ofrecen en ella.

A fin de pronunciarse sobre el carácter registrable del signo en cuestión, el Tribunal de Justicia recordó, en primer lugar, los requisitos para registrar una marca conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/95.[4] Según el Tribunal de Justicia, una representación que representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Sin embargo, la capacidad general de un signo para constituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, con arreglo a la Directiva. Dicho carácter debe apreciarse en la práctica en relación, por una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción que de éstos tiene el público pertinente. Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisó que, si ninguno de los motivos de denegación de registro recogidos en la Directiva 2008/95 se opone a ello, un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones de servicios, siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos. En consecuencia, la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo carente de indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios que, aun refiriéndose a productos, no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del solicitante del registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguno de los motivos de denegación.

2.- MARCA EUROPEA

a) Motivos de denegación absolutos

En 2014, la jurisprudencia del Tribunal aportó precisiones sobre el motivo absoluto de denegación de registro basado en la falta de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009.[5]

En los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 16 de enero de 2014, Steiff/OAMI (Botón de metal en la parte central de la oreja de un peluche) (T‑433/12, EU:T:2014:8) y Steiff/OAMI (Etiqueta con un botón de metal en la parte central de la oreja de un peluche) (T‑434/12, EU:T:2014:6), el Tribunal debía pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones mediante las que la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) había denegado el registro como marcas comunitarias, respectivamente, de un signo consistente en la colocación de un botón en la parte central de la oreja de un peluche y en la colocación mediante un botón de una etiqueta en la parte central de la oreja de un peluche, debido a la falta de carácter distintivo de las marcas solicitadas.

A este respecto, en primer lugar, el Tribunal señaló que las marcas solicitadas se confundían con uno de los posibles aspectos de los peluches. En efecto, como «marcas de posición», se confundían necesariamente con el aspecto de los peluches, toda vez que sin la colocación fija del botón y de la etiqueta en el lugar preciso de los productos designados no existirían. Además, botones y pequeñas etiquetas constituyen elementos de configuración habituales en los peluches. Habida cuenta de que los consumidores no están habituados a presumir el origen comercial de los productos basándose en signos que se confunden con el aspecto de esos mismos productos, habría sido preciso que las marcas solicitadas se apartaran, de manera significativa, de la norma o de los usos del sector.

Pues bien, en la medida en que, por un lado, los botones y las etiquetas constituyen elementos de configuración usuales en los peluches, y, por otro, los consumidores están habituados a una gran diversidad de esos productos, de sus diseños y de sus posibles configuraciones, el Tribunal consideró que la colocación de botones y de etiquetas en la oreja de un peluche, que crea una combinación de hecho banal, y que sería percibida por los consumidores como un elemento decorativo, no podía considerarse en modo alguno excepcional. Por lo tanto, según el Tribunal, el público objetivo no habría podido presumir basándose en ellas la indicación de un origen comercial. De ello dedujo que las marcas controvertidas no tenían el carácter distintivo mínimo necesario.

b) Motivos de denegación relativos

En la sentencia de 9 de abril de 2014, Pico Food/OAMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (T‑623/11, Rec, EU:T:2014:199), el Tribunal apreció el riesgo de confusión entre varias marcas figurativas que representaban una vaca y contenían elementos denominativos.

El Tribunal señaló que, si bien era exacto que los signos en conflicto presentaban cierta similitud gráfica debido a la presencia común de un elemento figurativo que representa una vaca, ese elemento tenía, en el caso de autos, carácter alusivo con respecto a los productos de que se trataba y revestía, por tanto, escaso carácter distintivo. Además, indicó que, aun suponiendo que las marcas anteriores gozasen de un carácter distintivo reforzado por el uso en el territorio pertinente, la Sala de Recurso no había incurrido en error al considerar, en ese asunto, que no existía riesgo de confusión para el público pertinente, a pesar de la identidad de los productos de que se trataba. Según el Tribunal, la Sala de Recurso había tenido adecuadamente en cuenta el hecho de que las marcas anteriores podían eventualmente haber adquirido un carácter distintivo reforzado por el uso en el territorio pertinente, si bien había considerado acertadamente que tal eventualidad no permitía concluir que existiera riesgo de confusión. A este respecto, el Tribunal indicó que existe una diferencia entre el hecho de considerar, a la hora de comparar los signos, que uno de los elementos que constituyen una marca compuesta tiene escaso carácter distintivo y el hecho de considerar, a la hora de apreciar globalmente el riesgo de confusión, que una marca anterior goza o no de un carácter distintivo reforzado por el uso.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca‑Cola/OAMI — Mitico (MASTER) (T‑480/12, Rec, EU:T:2014:1062), el Tribunal debía examinar la legalidad de la resolución mediante la que la Segunda Sala de Recurso de la OAMI había confirmado la desestimación de la oposición formulada por la demandante contra la solicitud de registro de la marca comunitaria figurativa Master.

En primer lugar, el Tribunal observó que los signos en conflicto, a saber, por una parte, los signos anteriores que se componían de los términos estilizados «coca‑cola» o de la letra mayúscula estilizada «C» y, por otra, el signo solicitado que se componía de la palabra estilizada «master», con un término árabe encima, presentaban diferencias visuales manifiestas. El Tribunal señaló, no obstante, que dichos signos presentaban también elementos de semejanza visual debido a que todos utilizan un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo. Según el Tribunal, de una apreciación global de los elementos de semejanza y de diferenciación resultaba que los signos en conflicto, al menos las marcas comunitarias figurativas anteriores Coca‑Cola y la marca solicitada «Master», presentaban un grado de similitud escaso, ya que, pese a los elementos de diferenciación visual, los elementos de semejanza visual global, de mayor importancia, neutralizaban sus diferencias fonéticas y conceptuales. En cambio, el Tribunal consideró que, debido, en particular, a su brevedad, la marca nacional anterior «C» era distinta de la marca solicitada.

Recordando que la existencia de una similitud, aun cuando sea escasa, entre los signos en conflicto constituye un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 y que el grado de esta similitud constituye un factor pertinente para apreciar la existencia de un vínculo entre dichos signos, el Tribunal señala que la apreciación global para acreditar la existencia en el ánimo del público pertinente de un vínculo entre las marcas en conflicto con arreglo la referida disposición lleva a la conclusión de que, en vista del grado de similitud, aun cuando sea escaso, entre esas marcas, existe un riesgo de que dicho público pueda establecer tal vínculo. Tras constatar que la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre todos los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal declaró que no le correspondía pronunciarse al respecto por primera vez en ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada. Concluyó que incumbía a la Sala de Recurso examinar dichos requisitos de aplicación teniendo en cuenta el grado de similitud entre los signos en conflicto, ciertamente escaso, pero, sin embargo, suficiente para que el público pertinente relacione dichos signos.

En cuanto a la apreciación que también se le solicitó acerca del concepto de ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, el Tribunal señala que dicha ventaja se acredita, en particular, en caso de intento de explotación evidente y de beneficio indebido de una marca célebre, y que, por tanto, el concepto de «riesgo de parasitismo» hace referencia a la misma. A este respecto, el Tribunal indicó que la apreciación de la Sala de Recurso en este caso no se había ajustado al principio, establecido por la jurisprudencia, según el cual a la conclusión de un riesgo de parasitismo sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto, incluido el uso por el titular de la marca solicitada de envases similares a los de los productos del titular de las marcas anteriores. Dado que esta jurisprudencia permite tener en cuenta todas las pruebas destinadas a realizar dicho análisis probabilístico en relación con las intenciones del titular de la marca solicitada, el Tribunal concluyó que la Sala de Recurso había cometido un error al no considerar los medios de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada presentados por la demandante. La alegación de que la demandante puede aportar esas pruebas en una acción por infracción basada en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 carece de pertinencia, puesto que vulnera la estructura de dicho Reglamento y la finalidad del procedimiento de oposición establecido en el artículo 8 del mismo, que consiste, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, en garantizar que no sean registradas en un primer momento aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse después con éxito ante los tribunales.

c) Cuestiones de orden procesal

En la sentencia de 5 de marzo de 2014, HP Health Clubs Iberia/OAMI — Shiseido (ZENSATIONS) (T‑416/12, EU:T:2014:104), el Tribunal señaló que el hecho de que, según el artículo 76 del Reglamento nº 207/2009, en un procedimiento sobre motivos relativos de denegación de registro, el examen se limite a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes no significaba que la OAMI tuviera que considerar fundada cualquier alegación que formule una parte cuando no se oponga a ella la otra parte.

Por otra parte, en la sentencia de 25 de septiembre de 2014, Peri/OAMI (Forma de un tensor de rosca) (T‑171/12, Rec, EU:T:2014:817), el Tribunal señaló que, en principio, una limitación, en el sentido del artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, de la lista de los productos o servicios contenidos en una solicitud de marca comunitaria, limitación que tiene lugar con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso impugnada, no puede afectar a la legalidad de esa resolución, que es la única atacada ante este último. No obstante, según el Tribunal, la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI puede impugnarse, en determinados casos, ante él únicamente en relación con determinados productos o servicios que figuren en la lista a que se refiere la solicitud de registro de la marca comunitaria de que se trate. En tal caso, esa resolución pasa a ser definitiva respecto a los demás productos o servicios que figuren en la misma lista. Así pues, la declaración realizada ante el Tribunal por el solicitante de una marca, y por lo tanto posterior a la resolución de la Sala de Recurso, según la cual retira su pretensión respecto a determinados productos mencionados en la solicitud inicial, puede interpretarse como una declaración de que sólo se está en desacuerdo con la resolución impugnada en la medida en que se refiere al resto de los productos afectados, o como un desistimiento parcial, en el supuesto de que dicha declaración se efectúe en una fase avanzada del procedimiento ante el Tribunal.

No obstante, si mediante su limitación de la lista de productos objeto de la solicitud de marca comunitaria el solicitante de la marca no pretende suprimir uno o varios productos de dicha lista, sino modificar una o varias características, no cabe excluir que esta modificación pueda influir en el examen de la marca comunitaria realizado por los órganos de la OAMI durante el procedimiento administrativo. En tales circunstancias, aceptar tal modificación en la fase de recurso ante el Tribunal equivaldría a una modificación del objeto del litigio en el curso del proceso, prohibida por el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, el Tribunal General no puede tener en cuenta dicha limitación para examinar el fundamento del recurso.

Además, en la sentencia de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI-Les Complices (Estrella en un círculo) (T‑342/12, Rec, EU:T:2014:858), el Tribunal se pronunció sobre la cuestión de si se mantiene el interés de la parte demandante en ejercitar la acción para recurrir una resolución que estima la oposición formulada contra su solicitud de registro de una marca a raíz de una resolución de la OAMI por la que se declara la caducidad de la marca anterior en la que se basa la oposición.

A este respecto, en primer lugar, el Tribunal señala que, puesto que los requisitos de admisibilidad del recurso, en especial la inexistencia de interés en ejercitar la acción, pertenecen a las causas de inadmisión por motivos de orden público, le corresponde comprobar de oficio si la parte demandante sigue teniendo interés en obtener la anulación de dicha resolución. Al realizar esta comprobación, indica que la caducidad de la marca en que se basa la oposición, cuando ocurre únicamente con posterioridad a una resolución de la Sala de Recurso que estima una oposición basada en dicha marca, no es ni una retirada ni una revocación de dicha resolución. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, la declaración de caducidad implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en dicho Reglamento. En cambio, hasta esa fecha, la marca comunitaria goza de todos los efectos ligados a esa protección, establecidos en la sección 2 del título VI del Reglamento. Por lo tanto, considerar que el objeto del litigio desaparece cuando durante el procedimiento se dicta una resolución de caducidad implicaría, para el Tribunal, tomar en consideración los motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, que no influyen en la fundamentación de dicha resolución ni tienen efecto alguno en el procedimiento de oposición en el que tiene su origen el recurso de anulación.

Por otra parte, en caso de que el Tribunal anule tal resolución, la desaparición ex tunc de ésta podría procurar a la parte demandante un beneficio que no le reportaría una declaración de sobreseimiento. En efecto, si el Tribunal debiera dictar un sobreseimiento, la parte demandante sólo podría presentar ante la OAMI una nueva solicitud de registro de su marca, sin que la oposición a esta solicitud pudiera basarse a partir de ese momento en la marca comunitaria anterior afectada por la caducidad. En cambio, si el Tribunal debiera pronunciarse sobre el fondo y estimar el recurso, al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, nada impediría entonces el registro de la marca solicitada. Además, el Tribunal señala que la mera circunstancia de que los recursos interpuestos contra las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso tengan efecto suspensivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, segunda frase, y en el artículo 64, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 no puede bastar para cuestionar el interés de la parte demandante para ejercitar la acción en ese supuesto. En efecto, con arreglo al artículo 45 del Reglamento nº 207/2009, sólo cuando la oposición haya sido desestimada mediante resolución definitiva se registrará la marca como marca comunitaria.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T‑453/11, Rec, recurrida en casación, EU:T:2014:901), el Tribunal tuvo asimismo la ocasión de pronunciarse sobre la posibilidad de que una parte demandante que impugne la legalidad de una resolución de la OAMI invoque ante él, a efectos de la interpretación del Derecho nacional al que se remite el Derecho de la Unión, elementos basados en la legislación o en la jurisprudencia nacional no invocados ante la OAMI.

Sobre este particular, el Tribunal indica que no puede impedirse que las partes o él mismo se inspiren en tales elementos, por cuanto no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta algunos elementos de hecho de una sentencia concreta de un órgano jurisdiccional nacional, sino de invocar disposiciones legales o sentencias en apoyo de un motivo derivado de la incorrecta aplicación por las Salas de Recurso de una disposición del Derecho nacional. A este respecto, si bien es cierto que la parte que solicita la aplicación de una norma nacional está obligada a presentar ante la OAMI los elementos demostrativos del contenido de ésta, ello no significa que, a la luz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional posterior a la adopción de la resolución de la OAMI e invocada por una de las partes del procedimiento, el Tribunal General no pueda controlar la aplicación de la norma nacional realizada por la OAMI.

Según el Tribunal, esta apreciación es válida incluso en el supuesto de que la sentencia del órgano jurisdiccional nacional de que se trate lleve a cabo una revisión de la jurisprudencia. En efecto, en principio, tales revisiones se aplican con carácter retroactivo a las situaciones existentes. Este principio se justifica por la consideración de que la interpretación jurisprudencial de una norma en un momento determinado no puede ser distinta según la época de los hechos considerados y nadie puede ampararse en un derecho adquirido a una jurisprudencia paralizada. Si bien es cierto que puede moderarse dicho principio en la medida en que, en situaciones excepcionales, los órganos jurisdiccionales pueden apartarse del mismo para modular el efecto en el tiempo de la retroactividad de una revisión, la retroactividad de las revisiones sigue siendo el principio. En consecuencia, aunque una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que lleve a cabo una revisión de la jurisprudencia sea, como tal, un hecho nuevo, se limita a declarar lo que establece la ley nacional tal como debería haberla aplicado la OAMI, y tal como debe aplicarla el Tribunal General.

d) Facultad de modificación

En la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Koscher + Würtz/OAMI — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS) (T‑445/12, Rec, EU:T:2014:829), el Tribunal reconsideró los requisitos de ejercicio de la facultad de modificación que le reconoce el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.

El Tribunal recuerda, a este respecto, que la facultad de modificación que puede invocar en virtud de dicha disposición no tiene por efecto atribuirle la facultad de proceder a una apreciación sobre la que no se ha definido aún la Sala de Recurso. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras haber controlado la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho que hayan quedado establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar. A la luz de este principio, el Tribunal consideró que, en el caso de autos, no podía efectuar ninguna apreciación sobre el uso efectivo de la marca anterior, puesto que la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre este punto. Por lo que respecta, en cambio, al segundo motivo, relativo a la inexistencia de riesgo de confusión, invocado por el demandante en apoyo de sus pretensiones de anulación, el Tribunal estimó que le correspondía examinarlo, dado que, de haberse considerado fundado, dicho motivo habría podido permitir que el demandante obtuviera la completa resolución del litigio. Además, el Tribunal señaló que, si en dicho asunto resultaba de su examen que procedía desestimar el segundo motivo, así como las pretensiones de modificación formuladas por el demandante, correspondería a la OAMI, una vez examinada la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pronunciarse nuevamente, en su caso, sobre el riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto. Ésta debería sacar entonces las correspondientes consecuencias, para la comparación entre estas dos marcas, de la eventual inexistencia de uso efectivo de la marca anterior para algunos de los productos que contempla.

e) Prueba del uso efectivo de la marca

En primer lugar, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 27 de marzo de 2014, Intesa Sanpaolo/OAMI-equinet Bank (EQUITER) (T‑47/12, Rec, EU:T:2014:159), el Tribunal debía examinar el supuesto de un uso efectivo de la marca anterior únicamente para una parte de los productos o de los servicios respecto de los que había sido registrada.

Según el Tribunal, un procedimiento de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 tiene por objeto permitir a la OAMI valorar la existencia de un riesgo de confusión, que, en caso de similitud entre las marcas en conflicto, implica un examen de la similitud entre los productos y servicios designados por dichas marcas. En esas circunstancias, si la marca comunitaria anterior sólo ha sido utilizada para una parte de los productos o servicios para los que se ha registrado, únicamente se considerará registrada, a efectos del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios, con arreglo a la última frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. En esas mismas circunstancias, la Sala de Recurso debe también apreciar, cuando la prueba del uso se aporta únicamente para una parte de los productos o de los servicios comprendidos en una categoría para la cual la marca anterior fue registrada y en la que se basa la oposición, si dicha categoría incluye subcategorías autónomas en las que están comprendidos los productos y servicios respecto de los cuales se ha demostrado el uso, de modo que deba considerarse que la citada prueba se ha aportado únicamente para dicha subcategoría de productos o de servicios o, por el contrario, si no son concebibles dichas subcategorías. En consecuencia, el Tribunal señala que la tarea consistente en valorar si una marca invocada en apoyo de una oposición ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 incluye dos aspectos indisociables. Con el primero se persigue determinar si la marca en cuestión ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión, aunque sea en una forma que sólo difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma en la que fue registrada. El segundo aspecto tiene por objeto determinar cuáles son los productos o los servicios para los que la marca anterior fue registrada y en los que se basa la oposición, a los que se refiere el uso efectivo demostrado.

En segundo lugar, el asunto que dio origen a la sentencia KW SURGICAL INSTRUMENTS, antes citada (EU:T:2014:829), permitió al Tribunal recordar que la solicitud de que el oponente demuestre el uso efectivo de la marca anterior lo constituye en la obligación de probar el uso efectivo de su marca, so pena de desestimación de la oposición que ha presentado. Por lo tanto, el uso efectivo de la marca anterior es una cuestión que, una vez suscitada por el solicitante de la marca, debe en principio dirimirse antes de que se adopte una decisión sobre la oposición propiamente dicha. En consecuencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento de oposición una cuestión específica y previa y, en este sentido, modifica su contenido. En vista de esta consideración, el Tribunal estimó que, en dicho asunto, al denegar al demandante la protección como marca comunitaria del registro internacional que había obtenido, sin examinar previamente la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pese a que éste había formulado ante la División de Oposición una solicitud sobre dicho uso, la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho.

En tercer lugar, en el caso específico de una marca tridimensional, el Tribunal declaró, en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, CEDC International/OAMI-Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella) (T‑235/12, Rec, EU:T:2014:1058), que el carácter tridimensional de una marca se opone a una visión estática, en dos dimensiones, e implica una percepción dinámica, en tres dimensiones, de modo que el consumidor deberá poder ver, en principio, una marca tridimensional desde varios lados. En cuanto a las pruebas del uso de una marca de esa índole, deben considerarse pues no como reproducciones de la visibilidad de la marca en dos dimensiones, sino como representaciones de la percepción en tres dimensiones que obtiene el consumidor pertinente. Por ello, se infiere que las representaciones laterales y posteriores de una marca tridimensional pueden resultar en principio realmente pertinentes para poder apreciar el uso efectivo de la marca en cuestión y no pueden rechazarse por el mero motivo de que no constituyen reproducciones de frente.

2.- Dibujos o modelos

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de septiembre de 2014, Biscuits Poult/OAMI- Banketbakkerij Merba (Biscuit) (T‑494/12, Rec, EU:T:2014:757), el Tribunal señala que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002[6] establece una norma especial referida exclusivamente a los dibujos o modelos aplicados o incorporados a un producto que constituya un componente de un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), de dicho Reglamento. Según esta norma, dichos dibujos o modelos están protegidos únicamente si, en primer lugar, el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal del producto y, en segundo lugar, en la medida en que las características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular. En efecto, dada la especial naturaleza de los componentes de un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), del Reglamento nº 6/2002, que pueden ser objeto de una producción y comercialización distintas de la producción y comercialización del producto complejo, es razonable que el legislador les haya reconocido la posibilidad de ser registrados como dibujos o modelos, pero con la condición de que sean visibles una vez incorporados al producto complejo y únicamente respecto a las partes de los componentes de que se trate que sean visibles durante una utilización normal del producto complejo y en la medida en que dichas partes sean nuevas y tengan un carácter singular. El Tribunal dedujo de ello que, dado que un producto —en el caso de autos, una galleta— no es un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), del Reglamento nº 6/2002, puesto que no está constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto, la Sala de Recurso no había incurrido en error al considerar que las características no visibles del producto, que no se referían a su apariencia, no podían tomarse en consideración para determinar si el dibujo o modelo controvertido podía ser objeto de protección.

Por último, en la sentencia de 3 de octubre de 2014, Cezar/OAMI-Poli‑Eco (Insert) (T‑39/13, Rec, EU:T:2014:852), el Tribunal considera que la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario no pueden apreciarse comparando dicho dibujo o modelo con un dibujo o modelo anterior que, en cuanto componente de un producto complejo, no resulta visible durante la utilización normal de este producto. Así pues, el criterio de visibilidad, tal y como se enuncia en el considerando 12 del Reglamento nº 6/2002 —en virtud del cual la protección concedida a los dibujos o modelos comunitarios no debería extenderse a aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un producto, ni a las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte está montada— resulta aplicable al dibujo o modelo anterior. El Tribunal dedujo de ello que la Sala de Recurso había incurrido en un error de apreciación en la comparación de los dibujos o modelos en conflicto, al haber basado su decisión en un dibujo o modelo anterior que, en cuanto componente de un producto complejo, no resultaba visible durante la utilización normal de este último.


[1] Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213, p. 13). 

[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2014, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669).

[3] Antes citada, supra, en la nota 26.

[4] Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) (DO L 299, p. 25).

[5] Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1).

[6] Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA. ANUAL 2015 https://ehidalgoabogados.com/resumen-de-la-actividad-judicial-del-tribunal-de-justicia-y-tribunal-general-de-la-union-europea-informe-anual-2015/ https://ehidalgoabogados.com/resumen-de-la-actividad-judicial-del-tribunal-de-justicia-y-tribunal-general-de-la-union-europea-informe-anual-2015/#respond Fri, 13 Nov 2020 16:47:01 +0000 http://ehidalgoabogados.com/?p=4099 Resumen de la actividad judicial europea correspondiente al año 2015

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1.- PROPIEDAD INTELECTUAL

En el ámbito de la propiedad intelectual, cuatro decisiones merecen ser destacadas. Las dos primeras versan sobre la validez de Reglamentos adoptados en el marco del sistema instaurado por el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas; la tercera se refiere a la Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor y la cuarta trata de la negativa a facilitar información relativa al titular de una cuenta bancaria que comercia mercancías falsificadas.

El 5 de mayo de 2015, mediante dos sentencias España/Consejo (C‑146/13, EU:C:2015:298, y C‑147/13, EU:C:2015:299), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, se pronunció sobre los dos Reglamentos que forman parte del «paquete patente unitaria», relativo a la concesión, mediante la patente creada por el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (en lo sucesivo, «CPE»),[1] de una protección unitaria para todo el territorio de los Estados miembros partes en dicho Convenio y que participan en la cooperación reforzada mediante patente europea concedida conforme a dicho Convenio por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «OEP»).

El Reino de España había interpuesto dos recursos que tenían por objeto el Reglamento nº 1257/2012, referente a la creación de una protección unitaria,[2] y el Reglamento nº 1260/2012, acerca de las disposiciones sobre traducción,[3] respectivamente.

En el asunto C‑146/13, el Reino de España alegó que el procedimiento administrativo anterior a la concesión de la patente europea está excluido de un control judicial que permita garantizar la aplicación correcta y uniforme del Derecho de la Unión y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia desestimó esta alegación manifestando que el Reglamento nº 1257/2012 no tiene en absoluto por objetivo regular, ni siquiera parcialmente, los requisitos de concesión de las patentes europeas, que se rigen únicamente por el CPE, y tampoco integra en el Derecho de la Unión el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto por el CPE. El Reglamento se limita, por una parte, a fijar los requisitos conforme a los cuales, a petición del titular de una patente europea concedida previamente por la OEP con arreglo a las disposiciones del CPE, se podrá conferir efecto unitario a esa patente y, por otra parte, a definir dicho efecto unitario.

El Reino de España también sostuvo que el artículo 118 TFUE, párrafo primero, no constituye la base jurídica apropiada para adoptar el Reglamento nº 1257/2012 debido a que éste no garantiza una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión ni aproxima las legislaciones de los Estados miembros con esta finalidad. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 118 TFUE no exige imperativamente al  legislador de la Unión que realice una armonización completa y exhaustiva de todos los aspectos del Derecho de propiedad intelectual e industrial. En el presente caso, la protección unitaria mediante patente es adecuada para evitar las divergencias relativas a la protección mediante patente en los Estados miembros participantes y, por tanto, pretende lograr una protección uniforme en el sentido del artículo 118 TFUE, párrafo primero. Dicha uniformidad resulta de la designación de un único Derecho nacional aplicable en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes, cuyas disposiciones de Derecho material definan los actos contra los cuales protege una patente y las características de ésta como objeto de propiedad.

En el asunto C‑147/13, el Reino de España alegó que el Reglamento nº 1260/2012 instauró un régimen lingüístico que perjudica a las personas cuya lengua no sea una de las lenguas oficiales de la OEP, a saber, alemán, inglés y francés. A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que las referencias, en los Tratados, al uso de las lenguas en la Unión no pueden considerarse la expresión de un principio general del Derecho de la Unión en virtud del cual todo lo que pueda afectar a los intereses de un ciudadano de la Unión debe redactarse en su lengua sean cuales fueren las circunstancias. En el marco del establecimiento de las disposiciones sobre traducción aplicables a las patentes europeas, un trato diferenciado de las lenguas oficiales de la Unión resulta adecuado y proporcionado al objetivo legítimo perseguido por el Reglamento nº 1260/2012, que es el establecimiento de un régimen de traducción uniforme y simplificado, y permite efectivamente alcanzar el objetivo legítimo de facilitar el acceso a la protección que ofrece la patente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, al reducir los costes vinculados a los requisitos de traducción.

Además, contrariamente a lo que sostuvo el Reino de España, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 118 TFUE, párrafo segundo, constituye la base jurídica correcta para el Reglamento nº 1260/2012, en particular para su artículo 4, relativo a la traducción en caso de litigio, toda vez que la finalidad de dicho Reglamento es la creación de un régimen simplificado y uniforme de traducción en relación con la patente europea y que el régimen lingüístico de dicha patente está constituido por todas las disposiciones del citado Reglamento.

En particular, el artículo 4 de ese Reglamento forma parte directamente de dicho régimen  lingüístico y, por lo tanto, no puede separarse, en lo que se refiere a la base jurídica, del resto de las disposiciones del Reglamento.

El 5 de marzo de 2015, en la sentencia Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144), el  Tribunal de Justicia se pronunció sobre la obligación de abonar un canon por copia privada, destinada a financiar la compensación equitativa mencionada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29.[4] El litigio principal se refería a una sociedad que comercializaba teléfonos móviles y que se negaba a tener que pagar tal canon a un organismo de gestión de derechos de autor por las tarjetas de memoria para teléfonos móviles importadas.

Según el Tribunal de Justicia, el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone a una normativa nacional que establece que tal compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las copias para uso privado se aplica a los soportes multifuncionales, como las tarjetas de memoria de teléfonos móviles, con independencia de que la función principal de estos soportes sea o no la realización de tales copias, siempre que una de las funciones de estos soportes, aun secundaria, permita a quienes los poseen utilizarlos con este fin. Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisó que, por un lado, el carácter principal o secundario de esa función y la importancia relativa de la capacidad del soporte para realizar reproducciones pueden influir en la cuantía de la compensación equitativa adeudada y que, por otro lado, en la medida en que el perjuicio causado a los titulares de derechos se considerara mínimo, la puesta a disposición de dicha función podría generar una obligación de pago de tal compensación.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia estimó que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone, siempre que se cumplan determinados requisitos, a que una normativa imponga el pago de tal canon a los fabricantes e importadores que venden tarjetas de memoria de teléfonos móviles a profesionales sabiendo que las tarjetas están destinadas a volver a venderse por estos últimos, pero ignorando si los adquirentes finales de las tarjetas son particulares o profesionales.[5] El Tribunal de Justicia consideró asimismo que dicho artículo permite, en determinados casos, que los Estados miembros establezcan una exención del pago de la compensación equitativa cuando el perjuicio causado a los titulares de derechos es mínimo.

Por último, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien la Directiva 2001/29 no se opone a una normativa nacional que establezca una compensación equitativa por la excepción al derecho de reproducción con respecto a las reproducciones de obras protegidas efectuadas por una persona física a partir o mediante un dispositivo que pertenece a un tercero, se opone, en cambio, a una normativa que establezca tal compensación por las reproducciones efectuadas a partir de fuentes ilícitas.

En la sentencia Coty Germany (C‑580/13, EU: C:2015:485), dictada el 16 de julio de 2015, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de si el artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48[6] se opone a una normativa que permite a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar información relativa al nombre y la dirección del titular de una cuenta que comercia mercancías falsificadas. En el litigio principal se enfrentaban una sociedad alemana, titular de derechos de propiedad intelectual, y un banco alemán, acerca de la negativa de éste a facilitarle información relativa al titular de la cuenta bancaria de una plataforma de subastas por Internet, desde la que se habían vendido productos falsificados.

Como señaló el Tribunal de Justicia, este asunto se refiere a la necesaria conciliación de las exigencias relacionadas con la protección de distintos derechos fundamentales, a saber, por una parte, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad intelectual, y, por otra parte, el derecho a la protección de los datos personales. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 se opone a una disposición nacional que permite, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar, en el marco del artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, información relativa al nombre y la dirección del titular de una cuenta.

En efecto, tal autorización ilimitada e incondicional para acogerse al secreto bancario impide que los procedimientos previstos por la Directiva 2004/48 y las medidas adoptadas por las autoridades nacionales competentes, en particular, cuando éstas deseen ordenar la comunicación de datos necesarios en virtud del artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva, puedan tener debidamente en cuenta las características específicas de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción. Por lo tanto, en el marco del artículo 8 de la Directiva 2004/48, si bien tal obligación de respetar el secreto bancario garantiza el derecho de las personas a la protección de los datos personales, en cambio, puede

entrañar una vulneración sustancial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, en definitiva, del derecho fundamental a la propiedad intelectual, de los que gozan los titulares de estos derechos. Así pues, el Tribunal de Justicia declaró que tal normativa nacional no cumple el requisito consistente en garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales ponderados en el artículo 8 de la Directiva 2004/48.

No obstante, puntualizó que corresponde al juez nacional comprobar la existencia, en el Derecho interno de que se trate, de otros medios o recursos que permitan a las autoridades judiciales competentes ordenar que se facilite la información necesaria relativa a la identidad de personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, atendiendo a las características específicas de cada caso.

2.- MARCA COMUNITARIA

2.1.- MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

En 2015, la jurisprudencia del Tribunal aportó precisiones acerca de diferentes motivos de denegación absolutos de registro enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009.[7]

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de enero de 2015, MEM/OAMI (MONACO) (T‑197/13, Rec,EU:T:2015:16), el Tribunal debía pronunciarse sobre el recurso presentado contra la resolución por la que la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)había denegado la protección de la marca denominativa MONACO en la Unión para determinados productos y servicios,[8] por el carácter descriptivo y la falta de carácter distintivo de la marca en cuestión.

A este respecto, el Tribunal precisó que el término «monaco» corresponde al nombre de un principado mundialmente conocido, entre otras cosas, por la notoriedad de la familia principesca, la organización de un gran premio de Fórmula 1 o la celebración de un festival de circo. El conocimiento del Principado de Mónaco está incluso más acreditado en el caso de los ciudadanos de la Unión, especialmente porque ese Estado tercero es fronterizo con un Estado miembro, la República Francesa, está próximo de otro Estado miembro, la República Italiana, y emplea la misma moneda que la utilizada en 19 de los 28 Estados miembros, el euro. Por consiguiente, el término «monaco» evocará, sea cual sea la pertenencia lingüística del público pertinente, el territorio geográfico del mismo nombre. En este contexto, el Tribunal también señaló que la Sala de Recurso había definido sin incurrir en error el público pertinente, esto es, los ciudadanos de la Unión, y que le había atribuido, en función de los productos y servicios de que se trataba un grado de atención medio o elevado.

Según el Tribunal, la OAMI también acertó al considerar que el término «monaco» podía servir, en el comercio, como indicación de procedencia o de destino geográfico de los productos o de lugar de prestación de servicios, de modo que la marca en cuestión presentaba, para los productos y servicios designados, carácter descriptivo. En consecuencia, en la medida en que una marca descriptiva de las características de ciertos productos o servicios carece, por ese motivo, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, el Tribunal estimó que la marca MONACO no tenía carácter distintivo.

En la sentencia de 14 de julio de 2015, Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OAMI (Lembergerland) (T‑55/14, Rec, EU:T:2015:486), el Tribunal debió examinar la fundamentación de un recurso presentado contra una resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI por la que se confirmaba la denegación del registro del signo denominativo Lembergerland como marca comunitaria por incurrir en el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 207/2009.

El Tribunal recordó que, con arreglo a esa disposición, se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos cuando dichos vinos no tengan el referido origen, y que la protección de las indicaciones geográficas en lo que respecta a los vinos tiene su origen en los Reglamentos de la Unión, en particular, en aquellos relativos a la organización común del mercado vitivinícola, y en los convenios bilaterales celebrados entre la Unión y los Estados terceros relativos al comercio de vinos. Observó, asimismo, que, a tenor del artículo 8, letra b), inciso ii), del Acuerdo entre la Comunidad y la República de Sudáfrica,[9] estarán protegidas en la Unión, en lo que respecta a los vinos originarios de Sudáfrica, las indicaciones geográficas que figuran en el anexo II, en el cual la denominación Lemberg se menciona expresamente. Según el Tribunal, el hecho de que esa denominación se remita a una propiedad vitícola y no a una región, un municipio o una circunscripción, no obsta al hecho de que esté expresamente protegida como indicación geográfica en virtud del referido Acuerdo. En efecto, en lo que respecta al concepto de indicación geográfica, el Acuerdo entre la Comunidad y la República de Sudáfrica se remite al artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC,[10] en virtud del cual debe entenderse por indicaciones geográficas «las que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico». Pues bien, nada permite concluir que una «localidad» en el sentido de la citada disposición

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de enero de 2015, MEM/OAMI (MONACO) (T‑197/13, Rec, EU:T:2015:16), el Tribunal debía pronunciarse sobre el recurso presentado contra la resolución por la que la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) no pueda estar constituida por una propiedad vitícola o que haya de limitar tal «localidad» a un territorio en función de su tamaño o de su división administrativa formal.

El Tribunal precisó, además, que el motivo de denegación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra j),del Reglamento nº 207/2009 se aplica cuando la marca solicitada comprenda o esté compuesta de una indicación geográfica o consista en elementos que permitan identificar con certeza la indicación geográfica de que se trate. En ese asunto, la marca solicitada, «Lembergerland», es una palabra compuesta, en particular, por la indicación geográfica protegida Lemberg, que es claramente identificable dentro de ese signo. De este modo, el Tribunal desestimó la alegación según la cual esa marca no se correspondía con la indicación geográfica Lemberg, sino que constituía un término de fantasía nuevo del que sólo siete letras coinciden con la referida indicación geográfica. También rechazó el argumento de que la marca solicitada, Lembergerland, no puede crear confusión con la indicación geográfica Lemberg, puesto que tiene un significado diferente de ésta. En efecto, el Tribunal afirmó que el registro de una marca debe denegarse si ésta contiene o está compuesta de una indicación geográfica independientemente de si la marca solicitada puede inducir a error al consumidor en lo que respecta al origen de los vinos que designa.

En los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 7 de octubre de 2015, Chipre/OAMI (XAΛΛOYMI y HALLOUMI) (T‑292/14 y T‑293/14, Rec, EU:T:2015:752), se presentaron ante el Tribunal dos recursos por los que se solicitaba la anulación de las resoluciones mediante las cuales la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI había confirmado la denegación de las solicitudes de registro del signo denominativo XAΛΛOYMI y del signo denominativo HALLOUMI como marcas comunitarias para queso, leche y productos lácteos.

El Tribunal destaca que, para aplicar a un signo la prohibición de registro establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, entre el signo y los productos y servicios de que se trata, ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato, y sin mayor reflexión, una descripción de los productos o de los servicios en cuestión o de una de sus características. De este modo, consideró que la Sala de Recurso había estimado fundadamente que, para

el público chipriota, los términos en mayúsculas «HALLOUMI» y «XAΛΛOYMI» designaban una especialidad de queso de Chipre y que, en consecuencia, describían directamente el tipo y el origen geográfico del queso, la leche y los productos lácteos para los que se solicitó el registro. En efecto, esos términos indican un tipo particular de queso exportado de Chipre, producido de una manera determinada y con sabor, textura y propiedades culinarias particulares. En consecuencia, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que no podía procederse al registro de las marcas solicitadas porque éstas contenían un significado descriptivo de los productos para los que se instaba el registro, al menos en lo que atañe al público chipriota.

El Tribunal, quien también debía examinar la alegación de que el Reglamento nº 207/2009 no excluía las marcas de certificación, precisó que ese Reglamento no prevé la protección de tales marcas, sino sólo la protección de las marcas comunitarias individuales o colectivas. A este respecto, el Tribunal recordó que la Sala de Recurso había precisado que, para que las marcas de certificación pudieran registrarse, éstas debían presentarse como marcas individuales y no incurrir en ninguno de los motivos de denegación absolutos contemplados en ese Reglamento.

Por último, el Tribunal indicó que el concepto de interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1,letra c), del Reglamento nº 207/2009 exige que los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro puedan ser utilizados libremente por todos. Esta disposición se opone a que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca y a que una empresa monopolice el uso de un término descriptivo en perjuicio de las demás empresas, incluidos sus competidores, que verían así restringido el ámbito del vocabulario disponible para describir sus propios productos. En efecto, se presume y se da por supuesto el interés general o el interés público en que las marcas descriptivas estén disponibles para el uso de terceros. De ello se deduce que, cuando la marca solicitada es descriptiva, basta con que la Sala de Recurso compruebe la existencia de dicho carácter descriptivo, sin que deba examinar además la cuestión de si, no obstante su carácter descriptivo, existe de hecho un interés público en que la marca solicitada esté disponible para el uso de terceros. Asimismo, la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio.

2.2.- MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS

Cinco sentencias de este año referidas a los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 merecen una especial atención.

En primer lugar, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de febrero de 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI- Cheng (B) (T‑505/12, Rec, EU:T:2015:95), se solicitó al Tribunal que examinara la legalidad de la resolución mediante la que la Quinta Sala de Recurso de la OAMI desestimó la oposición presentada contra la solicitud de registro, como marca comunitaria, de un signo figurativo consistente en la letra mayúscula «B» situada en medio de un par de alas para gafas de sol ópticas, prendas de vestir y calzado. La oposición se basaba en una marca figurativa internacional anterior, consistente en un «reloj de arena alado», que tiene efectos en determinados Estados miembros de la Unión y que designa relojes, diferentes productos de relojería, cronómetros, joyería y bisutería. La OAMI había desestimado la oposición por no existir ninguna similitud entre los dos tipos de productos.

A este respecto, el Tribunal señaló que, a pesar de que los productos en cuestión pertenecían a segmentos de mercado próximos, presentaban diferencias en cuanto a su naturaleza, su destino y su utilización, y que, en consecuencia, no eran ni competidores ni intercambiables. Por lo que se refiere a una eventual complementariedad de orden estético entre productos, el Tribunal recordó que la búsqueda de cierta armonía estética es un factor demasiado general para poder justificar por sí solo la complementariedad de productos. En este contexto, el Tribunal analizó en primer lugar si los productos designados por la marca anterior eran indispensables o importantes para el uso de los productos a los que se refiere la marca solicitada y viceversa, y, en un segundo momento, si los consumidores consideraban normal que esos productos se comercializaran con la misma marca. Dado que ninguno de estos extremos quedó demostrado, el Tribunal consideró que los productos en cuestión no eran similares. En consecuencia, estimó que la Sala de Recurso no cometió un error al excluir todo riesgo de confusión basándose tan solo en la comparación de los productos referidos.

Asimismo, también calificó de acertada la constatación de la Sala de Recurso en el sentido de que la marca anterior, constituida únicamente por un elemento gráfico, un «reloj de arena alado», no era una marca de renombre, a pesar de que una marca compleja, constituida por este elemento y la palabra «longines», se utilizara regularmente en el mercado pertinente. El Tribunal basó esta apreciación en el hecho de que, en la marca compleja, tal como se utilizaba, el componente verbal «longines» era claramente preponderante en la impresión de conjunto, de forma que éste permanecía en la memoria de los consumidores. Por lo que respecta al elemento gráfico —el «reloj de arena alado»—, el Tribunal consideró que no se había demostrado que se hubiera memorizado como tal, bien debido a su utilización en el marco de la marca compleja o en la forma en que se había registrado.

En segundo lugar, en la sentencia de 5 de mayo de 2015, Spa Monopole/OAMI — Orly International (SPARITUAL) (T‑131/12, Rec, EU:T:2015:257), se analizó la solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo SPARITUAL para productos comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957,en su versión revisada y modificada. Frente a esta solicitud se había formulado oposición basada, en particular, en la existencia de la marca denominativa SPA y de la marca figurativa SPA con Pierrot para productos dela clase 32 del mencionado Arreglo. La Primera Sala de Recurso de la OAMI había desestimado la oposición basándose, en particular, en la falta de pruebas del renombre de la marca denominativa SPA para los productos de la clase 32 indicando, concretamente, que el renombre de dicha marca figurativa no permitía concluir que fuera renombrada la marca denominativa SPA en relación con esos productos.

El Tribunal, ante quien se presentó un recurso contra esta resolución, recordó, en primer lugar, que la adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada, siempre que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una empresa determinada. En consecuencia, el titular de una marca registrada, para acreditar su carácter distintivo particular y su notoriedad, puede aportar la prueba de que se ha usado de una forma diferente, como parte de otra marca registrada y notoria, siempre que el público interesado continúe percibiendo que los productos de que se trata provienen de la misma empresa.

Asimismo, el Tribunal consideró que la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho al considerar que la notoriedad de la marca figurativa SPA con Pierrot no podía hacerse extensiva a la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. En efecto, resulta de la jurisprudencia que en este contexto particular de la supuesta existencia de una «familia» o «serie» de marcas debe entenderse la afirmación del Tribunal de Justicia, en el apartado 86 de la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI,[11] de que el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE[12] —y, por analogía, el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009— no permite ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada cuyo uso no se ha demostrado, debido a que ésta no es más que una ligera variante de la primera. Pues bien, en ese asunto, la demandante no había intentado acreditar el uso de marcas de una misma familia SPA, sino demostrar, esencialmente, que la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 gozaba de notoriedad, habida cuenta de que su uso en la marca figurativa SPA con Pierrot, en relación con la misma clase de productos, no había alterado su carácter distintivo y que, por el contrario, la referida marca denominativa anterior aparecía destacada y era perfectamente reconocible en la marca figurativa de que se trata.

En consecuencia, concluyó el Tribunal, la utilización de pruebas en relación con la marca figurativa SPA con Pierrot, de la cual la marca denominativa SPA formaba parte, para acreditar la notoriedad de esta última marca era admisible siempre que se demostrara que las diferencias existentes entre la marca denominativa y la marca figurativa utilizada en el comercio no constituían un obstáculo para que el público interesado continuara percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una empresa determinada.

En tercer lugar, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 10 de junio de 2015,  AgriCapital/OAMI -agri. capital (AGRI.CAPITAL) (T‑514/13, Rec, recurrida en casación, EU:T:2015:372), el Tribunal debió apreciar la similitud entre, por una parte, servicios financieros, cubiertos por las marcas anteriores, y, por otra parte, los servicios inmobiliarios y los prestados por una promotora inmobiliaria, designados con la marca cuyo registro se solicitaba.

A este respecto, el Tribunal puso de relieve que los servicios financieros no son partícipes de la misma naturaleza, destino y utilización que los servicios inmobiliarios. En efecto, mientras que los servicios financieros los prestan entidades financieras con el objetivo de gestionar los recursos financieros de sus clientes y consisten, en particular, en preservar los fondos depositados, entregar fondos, conceder préstamos o realizar operaciones variadas, siempre de carácter financiero, los servicios inmobiliarios consisten en cambio en servicios que tienen por objeto un inmueble y, concretamente, el arrendamiento, la compraventa o la administración del mismo. Por otra parte y en relación con la circunstancia de que los servicios referidos puedan encontrarse en los mismos canales de distribución, lo cual demostraría su carácter complementario, el Tribunal constató que, en principio, los servicios inmobiliarios no se prestan en los mismos locales que los servicios financieros.

En lo tocante a la comparación de los servicios financieros con los servicios de una promotora inmobiliaria, el Tribunal observó que la búsqueda de financiación por parte de una promotora inmobiliaria tenía como único propósito permitirle, en un primer momento, que pueda asumir el coste de la compra de los edificios que vaya a reformar o los solares que vaya a urbanizar, antes de que, ya en una segunda fase, pueda repercutir dicho coste a los clientes a los que venderá los inmuebles que son fruto del proyecto de construcción o reforma. Aun cuando sea habitual que las promotoras inmobiliarias ofrezcan a sus clientes asesoramiento para la financiación de sus compras en el marco de la comercialización de proyectos inmobiliarios, no puede calificarse de asesoramiento financiero análogo a aquel al que se refieren las marcas anteriores. Dicho asesoramiento es asimilable al que cualquier vendedor de un bien de cierto valor (como, por ejemplo, un barco, un fondo de comercio o una obra de arte) puede dar a sus clientes sobre el interés financiero que para ellos puede tener la adquisición del bien en cuestión. El vendedor que da ese asesoramiento no está prestando un servicio financiero.

El Tribunal también consideró que no cabía apreciar la existencia de un vínculo de complementariedad lo suficientemente estrecho entre los servicios financieros y los que presta una promotora inmobiliaria. En efecto, a pesar de que, habida cuenta de la importancia de las cifras que suelen ser objeto de las transacciones inmobiliarias, los servicios financieros son importantes para el consumidor medio cuando se trata de hacer uso de los servicios de las promotoras inmobiliarias, no es menos cierto que en una economía de mercado gran parte de las actividades presenta necesidades de financiación o inversión, de tal modo que, por su propia naturaleza, los servicios financieros pueden encontrarse en relación con la mayoría de ellas, y no sólo con las actividades de las promotoras inmobiliarias.

A la luz de estas consideraciones, el Tribunal concluyó que no eran similares los servicios designados por las marcas anteriores y aquellos cubiertos por la marca cuyo registro se solicitaba. Precisó que la falta de similitud entre los servicios no podía compensarse, a efectos de valorar el riesgo de confusión, con la similitud, incluso elevada, entre las marcas en conflicto.

En cuarto lugar, en la sentencia de 30 de septiembre de 2015, Tilda Riceland Private/OAMI – Siam Grains (BASmALI) (T‑136/14, Rec, EU:T:2015:734), el Tribunal se pronunció sobre la legalidad de la resolución mediante la que la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI había desestimado la oposición formulada contra la solicitud de registro como marca comunitaria figurativa del signo BASmALI para arroz. La oposición se basaba en la marca anterior no registrada o el signo anterior BASMATI, utilizado en el tráfico económico en relación con el arroz. La Sala de Recurso había considerado que la demandante no había aportado la prueba del uso del nombre «basmati» como signo distintivo en el tráfico económico. Según ella, el carácter distintivo del signo controvertido debía resultar de la función de éste para identificar el origen comercial de los productos. La demandante impugnó ante el Tribunal esta apreciación alegando la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009.

El Tribunal señaló que, si bien era cierto, como señaló la Sala de Recurso, que, en el marco del artículo 8,apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el signo en cuestión debe utilizarse como elemento distintivo en el sentido de que debe permitir identificar una actividad económica ejercida por su titular, ello no significaba que la función del uso de un signo, con arreglo a la citada disposición, debiera ser exclusivamente identificar el origen comercial de los productos o servicios de que se trate. Al realizar esa afirmación, la Sala de Recurso estableció un requisito que no figura en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009.

En efecto, esta disposición es aplicable a las marcas no registradas y a cualquier «otro signo» utilizado en el tráfico económico. En este contexto, y a falta de indicación en contrario, la función del uso del signo de que se trate puede ser, dependiendo de la naturaleza de dicho signo, no sólo la identificación por el público pertinente del origen comercial del producto, sino también, en particular, la identificación de su origen geográfico y de las cualidades particulares que le son propias o de las características en que se basa su reputación. El signo controvertido, dependiendo de su naturaleza, puede calificarse por tanto de elemento distintivo cuando sirve para identificar los productos o servicios de una empresa con respecto a los de otra, pero también, en particular, cuando sirve para identificar determinados productos o servicios con respecto a otros productos o servicios similares. En consecuencia, dado que el criterio seguido por la Sala de Recurso equivalía a excluir del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 los signos que son utilizados por varios operadores o que se utilizan conjuntamente con marcas, a pesar de que esa disposición no establece tal exclusión, el Tribunal anuló la resolución impugnada.

En quinto lugar, en la sentencia de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI-Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑624/13, Rec, recurrida en casación, EU:T:2015:743), el Tribunal recordó que una marca comunitaria colectiva disfruta, como toda marca comunitaria, de protección contra cualquier vulneración que pudiera derivar del registro de una marca comunitaria que implique un riesgo de confusión.

A este respecto, el Tribunal indicó que, aunque el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 establece una excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, flexibilizando las condiciones de registro y permitiendo que se beneficien de ella marcas descriptivas de la procedencia de los productos designados, ese Reglamento es aplicable, conforme a su artículo 66, apartado 3, salvo disposición contraria expresa, a todas las marcas comunitarias colectivas, incluidas las registradas en virtud de su artículo 66, apartado 2. Según el Tribunal, la función de las marcas comunitarias colectivas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 consiste en distinguir los productos o los servicios designados por esas marcas en función de la entidad titular y no en función de su procedencia geográfica. De este modo, cuando en un procedimiento de oposición los signos en conflicto son marcas colectivas, por una parte, y marcas individuales, por otra, la comparación de los productos y de los servicios designados debe realizarse según los mismos criterios que los se aplican cuando se aprecia la similitud o la identidad de los productos y de los servicios objeto de dos marcas individuales. En este contexto, aun suponiendo que la procedencia de los productos o de los servicios objeto de los signos en conflicto pudiera ser uno de los factores que se deben considerar en la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, esa disposición no es aplicable cuando no concurre una de las condiciones acumulativas que enuncia.

El Tribunal expuso sus consideraciones acerca del concepto de renombre de una marca. Tras señalar que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no define el concepto de renombre, indicó, por una parte, que al apreciar el renombre de una marca anterior se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto, en particular, la cuota de mercado que tiene la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. Por otra parte, subrayó que toda apreciación acerca de una marca comunitaria colectiva regulada por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, incluida la apreciación de su renombre en el sentido de su artículo 8, apartado 5, debía realizarse según los mismos criterios que se aplican a las marcas individuales.

2.3.- CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

En la sentencia de 13 de febrero de 2015, Husky CZ/OAMI-Husky of Tostock (HUSKY) (T‑287/13, Rec,  EU:T:2015:99), el Tribunal se pronunció sobre la interpretación de la regla 71, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95.[13]

El Tribunal destaca que la versión inglesa de esa regla difiere de las versiones alemana, española, francesa e italiana de la citada disposición. A este respecto, la necesidad de una aplicación y, por ende, de una interpretación uniformes de un acto de la Unión excluye que éste sea considerado de manera aislada en una de sus versiones, exigiendo, por el contrario, que sea interpretado en función tanto de la voluntad real de su autor como del objetivo perseguido por éste a la luz, en particular, de las versiones adoptadas en todas las demás lenguas oficiales. Asimismo, del tenor de las disposiciones del Reglamento nº 2868/95 no resulta que se haya de aplicar e interpretar la regla 71, apartado 2, sin ponerlo en relación con el apartado 1 de esta regla. Ahora bien, procede considerar que ese apartado permite a la OAMI, cuando haya dos o más partes en el procedimiento, condicionar la prórroga del plazo al consentimiento de las otras partes y no que condicione esa prórroga al consentimiento de las partes. Según el Tribunal, condicionar la prórroga del plazo únicamente al consentimiento de las partes podría tener por efecto que se privase a la parte que solicita la prórroga de la posibilidad de defenderse. Podría asimismo ir en contra de una recta tramitación del procedimiento y ser contrario a la finalidad perseguida por la regla 71, que permite la prórroga de los plazos cuando las circunstancias lo justifiquen. De este modo, el Tribunal concluyó que, en ese asunto, la Sala de Recurso no había incurrido en error al considerar que la regla 71, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 debía interpretarse en el sentido de que, cuando una parte, en un procedimiento inter partes, solicita una prórroga de plazo, la OAMI puede solicitar, aunque no está obligada a ello, el consentimiento de la otra parte, y que esa disposición debe ponerse en relación con el apartado 1 de la misma regla, lo que lleva a que la OAMI tenga en cuenta las circunstancias en las que se presenta la solicitud de prórroga del plazo, en particular cuando decide no pedir el consentimiento de la otra parte.

Igualmente, el Tribunal precisó que la regla 22, apartado 6, del Reglamento n.o 2868/95 completa y precisa las disposiciones de la regla 22, apartados 2 a 4, del mismo Reglamento, aplicables mutatis mutandis a los procedimientos de caducidad en virtud de la regla 40, apartado 5, del citado Reglamento. En tales circunstancias, la mencionada regla 22, apartado 6, es aplicable a un procedimiento de caducidad basado en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009. De ello resulta que la OAMI, en el marco de tal procedimiento, puede exigir la traducción de los documentos que no se hayan facilitado en la lengua de procedimiento a la parte que los haya presentado.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de marzo de 2015, Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/OAMI-Carolus C. (English pink) (T‑378/13, Rec, recurrida en casación, EU:T:2015:186), el Tribunal debía pronunciarse sobre la cuestión de si una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional constituye, en el marco de un procedimiento de violación de marca, un elemento de hecho pertinente en relación con el cual una sala de recurso debe evaluar su eventual incidencia sobre la resolución del litigio. A este respecto, el Tribunal expuso que el artículo 95 del Reglamento nº 207/2009 dispone que los Estados miembros designarán en sus territorios los tribunales nacionales que asumirán el papel de «tribunales de marcas comunitarias». En este contexto, el artículo 96 del citado Reglamento indica que los tribunales de marcas comunitarias son competentes, en particular, para las acciones por violación y para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria. El legislador belga designó al tribunal de commerce de Bruxelles (Bélgica) como tribunal de marcas comunitarias de primera instancia. La sentencia de ese tribunal constituye, prima facie, un elemento de hecho pertinente para la solución del asunto planteado. En efecto, la Sala de Recurso no podía ignorar que existían puntos comunes esenciales entre los elementos de hecho objeto del procedimiento incoado mediante la acción por violación de marca y aquellos objeto del procedimiento derivado de la oposición al registro de la marca solicitada. El Tribunal afirma, asimismo, que dicha sentencia procede de un tribunal de marcas comunitarias, establecido de conformidad con el Reglamento nº 207/2009, que interviene, en tal condición, en el marco del sistema autónomo constituido por el régimen del Derecho de marcas de la Unión, puesto que tiene como misión proteger, en todo el territorio de la Unión, las marcas comunitarias objeto de violación o de intento de violación, y persigue pues objetivos específicos a dicho sistema. Habida cuenta de todas estas circunstancias, el Tribunal concluyó que, en ese asunto, la sentencia del mencionado tribunal nacional constituía, prima facie, un elemento hecho pertinente cuya posible repercusión sobre la solución del litigio de que conocía la Sala de Recurso debería haber sido evaluada por esta última. Al abstenerse de hacerlo, la Sala de Recurso no apreció con toda la diligencia debida los elementos de hecho pertinentes que le fueron sometidos a su apreciación.

La sentencia de 25 de junio de 2015, Copernicus Trademarks/OAMI-Maquet (LUCEA LED) (T‑186/12, Rec, EU:T:2015:436), sirvió de ocasión para que el Tribunal precisara que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, no se oponía a que la OAMI examinara de oficio la anterioridad de la marca sobre la que se basa la oposición.

Asimismo, el Tribunal indicó que la inscripción, por parte del examinador, de una fecha de prioridad en el registro no obsta a que, en el marco de un procedimiento de oposición, la OAMI examinara si concurrían los requisitos para reivindicar la prioridad. A este respecto recordó que la jurisprudencia según la cual el solicitante de una marca que desea impugnar la validez de la marca comunitaria en que se basa la oposición está obligado a hacerlo a través de un procedimiento de nulidad no puede extrapolarse a la reivindicación de prioridad para tal marca. En efecto, en primer lugar, la inscripción en el registro de una fecha de prioridad de una marca comunitaria no puede impugnarse o, al menos, no puede hacerse válidamente en un procedimiento de nulidad. En segundo lugar, no existe otro procedimiento específico que permita a un tercero impugnar la fecha de prioridad en el registro en relación con una marca comunitaria que pueda compararse al procedimiento de nulidad, una de cuyas particularidades consiste en que no puede iniciarse de oficio por la OAMI.

En la sentencia de 30 de junio de 2015, La Rioja Alta/OAMI-Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI) (T‑489/13, Rec, EU:T:2015:446), el Tribunal señaló que, entre los factores pertinentes que permiten apreciar la existencia de un riesgo de confusión, podía eventualmente tomarse en consideración la coexistencia de dos marcas en el mercado, puesto que la jurisprudencia ha admitido que ello puede contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente.

En este contexto, el Tribunal señala que, si bien incumbe al titular de la marca controvertida demostrar, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, que dicha coexistencia se basa en la inexistencia de riesgo de confusión por parte del público pertinente entre la marca que invoca y la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad, puede efectuar esta demostración aportando un conjunto de indicios en este sentido. A este respecto, resultan particularmente pertinentes los elementos que demuestran que el público pertinente conocía cada una de las marcas antes de la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida. Además, en la medida en que de la jurisprudencia se desprende que la coexistencia de dos marcas debe ser suficientemente larga para que pueda influenciar la percepción del consumidor pertinente, la duración de la coexistencia es también un elemento esencial.

La sentencia de 15 de julio de 2015, Australian Gold/OAMI-Effect Management & Holding (HOT) (T‑611/13, Rec, EU:T: 2015:492), permitió al Tribunal recordar que el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente.

Así pues, precisó el Tribunal, la OAMI y, en su caso, el juez de la Unión no están vinculados por las decisiones adoptadas a nivel de los Estados miembros, aunque puedan tomarlas en consideración, sin que a esta conclusión obste el hecho de que tales decisiones hayan sido adoptadas con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Directiva 2008/95/CE.[14] Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001[15] y del artículo 109 del Reglamento nº 207/2009 no desvirtúan en modo alguno esta apreciación. En efecto, del considerando 15 del Reglamento nº 44/2001 se desprende que este Reglamento únicamente tiene por objeto evitar que se dicten resoluciones judiciales inconciliables en dos Estados miembros y no se aplica a la OAMI. Por su parte, el artículo 109 del Reglamento nº 207/2009 tiene por objeto evitar que las acciones por violación de marca ejercitadas ante los tribunales nacionales den lugar a resoluciones contradictorias, cuando una primera acción se funde en una marca comunitaria y otra en una marca nacional. De este modo, hace referencia únicamente a los efectos y no a las condiciones de protección de dichas marcas. Tampoco desvirtúa la anterior constatación el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, que establece que los motivos de denegación absolutos contemplados en el apartado 1 serán aplicables aun cuando existan sólo en una parte de la Unión. En efecto, la denegación del registro nacional se basa en disposiciones nacionales, aplicadas de conformidad con un procedimiento nacional seguido en un contexto nacional y, por tanto, no equivale al reconocimiento de la existencia en un Estado miembro de un motivo de denegación absoluto con arreglo al Reglamento nº 207/2009.

Por consiguiente, aun cuando sea deseable que la OAMI tenga en cuenta las resoluciones de las autoridades nacionales sobre marcas idénticas a aquellas sobre las que deba pronunciarse, y viceversa, no está obligada a hacerlo, ni siquiera en el caso de resoluciones relativas a marcas idénticas, y, en el supuesto de que las tuviera en cuenta, no está vinculada por ellas.

Por último, la sentencia de 18 de noviembre de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OAMI —Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T‑659/14, Rec, EU: T:2015:863), dio ocasión al Tribunal de precisar el alcance de la protección conferida por el Reglamento (CE) nº 491/2009.[16]

A este respecto, el Tribunal recordó que las denominaciones de vinos protegidas de conformidad, entre otros, con los artículos 51 y 54 del Reglamento (CE) nº 1493/1999,[17] quedarán protegidas automáticamente en virtud de dicho Reglamento y que la Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 118 quindecies del Reglamento nº 491/2009, a saber, en la base de datos E‑Bacchus. De ese carácter automático de la protección de las denominaciones de vinos ya protegidos en virtud del Reglamento nº 1493/1999 se deduce que la inscripción en la base de datos E-Bacchus no es necesaria para que esas denominaciones de vinos disfruten de una protección en la Unión. Pues bien, esa protección «automática», aunque descanse directamente en la legislación nacional pertinente, no implica necesariamente que la OAMI esté obligada en virtud del Reglamento nº 491/2009 a respetar las disposiciones de esa legislación o las del Derecho nacional que dieron lugar a la inscripción de las denominaciones de origen «porto» o «port» en la base de datos E-Bacchus.

No obstante, por lo que se refiere al supuesto carácter exhaustivo de la protección conferida en virtud del artículo 118 quaterdecies, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 491/2009, el Tribunal apuntó que no resulta de las disposiciones de los Reglamentos nº 491/2009 y 207/2009 que la protección en virtud del primer Reglamento deba entenderse como exhaustiva. Por el contrario, las causas de nulidad pueden fundarse de manera alternativa o acumulativa en derechos anteriores con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos. De ello se sigue que la protección conferida a las denominaciones de origen, siempre que ésas constituyan «derechos anteriores», puede ser completada por el Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional.

Además, si bien incumbe al solicitante de nulidad acreditar que, en virtud de la legislación nacional aplicable, está legitimado para invocar un derecho anterior, no deja de ser cierto que corresponde, en primer lugar, a las instancias competentes de la OAMI apreciar el valor y el alcance de esos datos Por otro lado, el Tribunal indicó que, en virtud del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, puesto en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la anulación de una marca comunitaria cuando ese signo cumpla cuatro requisitos acumulativos. Si bien los dos primeros requisitos resultan del propio texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión, los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del mismo Reglamento, son condiciones exigidas por el propio Reglamento que se deben apreciar conforme a los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal estimó que, en ese asunto, la Sala de Recurso no estaba facultada para rechazar las pruebas invocadas por la demandante y renunciar a aplicar la normativa nacional en cuestión fundándose en que la protección de esas denominaciones de origen o indicaciones geográficas se regía exclusivamente por el Reglamento nº 491/2009, y correspondía a la competencia exclusiva de la Unión.

2.4.- FACULTAD DE MODIFICACIÓN

En la sentencia English pink, antes citada (EU:T:2015:186), el Tribunal precisó los requisitos del ejercicio de la facultad de modificación, tal como se reconoce en el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. Para fundamentar su pretensión de modificación de la resolución impugnada, las demandantes esgrimían la fuerza de cosa juzgada de una resolución dictada por el órgano jurisdiccional de un Estado miembro, designado por éste como tribunal de marcas comunitarias, en el sentido del artículo 95 del citado Reglamento.

A este respecto, el Tribunal comenzó recordando que la facultad de modificación no tiene por efecto conferir al Tribunal la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la referida Sala, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar.

En este contexto, la resolución de un órgano jurisdiccional nacional que actúa como tribunal de marcas comunitarias en el marco de una acción por violación de marca comunitaria no dispone de fuerza de cosa juzgada alguna respecto de los órganos de la OAMI en el marco del procedimiento de oposición al registro de una marca comunitaria, aunque ésta sea idéntica a la marca nacional objeto de la acción por violación de marca. De ello se desprende que la existencia de tal resolución no basta en sí misma para permitir al Tribunal determinar la resolución que la Sala de Recurso debería haber adoptado. En efecto, el Tribunal precisó que, dado que las resoluciones que deben adoptar las Salas de Recurso en virtud del Reglamento nº 207/2009 son el resultado del ejercicio de una competencia reglada y puesto que dicho Reglamento no contiene ninguna disposición a cuyo tenor la OAMI deba conformarse, en aras del principio de fuerza de cosa juzgada, a una resolución de un tribunal de marcas comunitarias, en ese asunto la fuerza de cosa juzgada no se impone ni a la Sala de Recurso ni al juez de la Unión en el marco del ejercicio de su control de la legalidad y de la facultad de modificación.

De lo anterior el Tribunal concluyó que, habida cuenta de que no podía determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como habían quedado determinados, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar y que, en consecuencia, no podía ejercer su facultad de modificación en ese asunto.

2.5.- PRUEBA DEL USO EFECTIVO DE LA MARCA

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de junio de 2015, Polytetra/OAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON) (T‑660/11, Rec, EU:T:2015:387), el Tribunal debía, en particular, examinar si la prueba por parte del oponente del uso de la marca anterior en relación con productos finales de terceros que integraban un componente correspondiente al producto designado por dicha marca podía constituir la prueba del uso efectivo de esta última, en el sentido del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009.

En ese asunto, el Tribunal consideró que las materias antiadhesivas designadas por la marca anterior, que el oponente suministra a sus clientes, son sometidas a un proceso de transformación que da como resultado productos destinados a ser vendidos al consumidor final para su utilización como tales. En estas circunstancias, los productos finales de terceros eran, tanto por su naturaleza como por su finalidad y su destino, esencialmente diferentes de las materias antiadhesivas y no pertenecían al mismo grupo que éstas. En consecuencia, la prueba de la utilización de la marca anterior en los productos finales de terceros de los que forma parte un componente procedente del oponente no permitía concluir que exista un uso para los productos finales para los cuales dicha marca había sido registrada.

El Tribunal también indicó que la marca en cuestión era utilizada por terceros para indicar la presencia de la materia prima o de un revestimiento procedente del oponente y no para que dicha marca constituyera un vínculo de origen entre el oponente y el producto de un tercero o entre ese tercero y su producto. Por consiguiente, en ese asunto, el uso de dicha marca en los productos finales de terceros no permitía asegurar la función esencial de dicha marca para garantizar el origen de los productos en relación con esos productos finales y, en consecuencia, no podía considerarse como un uso para esos productos en el sentido del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009.

2.6.- DIBUJOS O MODELOS

Merecen especial atención dos resoluciones relativas al registro de un dibujo o un modelo comunitario con arreglo al Reglamento (CE) nº 6/2002.[18]

En primer lugar, el asuntó que dio lugar a la sentencia de 21 de mayo de 2015, Senz Technologies/OAMI—Impliva (Paraguas) [T‑22/13 y T‑23/13, Rec (Extractos), EU:T:2015:310], sirvió para que el Tribunal recordara que se considera que se ha divulgado un dibujo o un modelo una vez que la parte que hace valer esa divulgación ha probado los hechos constitutivos de esa divulgación y que esta presunción se aplica con independencia del lugar en el que se han producido los hechos en que constituye la divulgación.

Según el Tribunal, la cuestión de si las personas integrantes de los círculos especializados del sector de que se trate podían tener razonablemente conocimiento de sucesos acaecidos fuera del territorio de la Unión es una cuestión de hecho cuya respuesta depende de la apreciación de las circunstancias propias de cada caso. Para realizar esta apreciación, es preciso examinar la cuestión de si, basándose en datos fácticos, que deben facilitarse por la parte que impugna la divulgación, procede considerar que estos círculos no podían realmente tener conocimiento de los hechos constitutivos de la divulgación, teniendo en cuenta todo aquello que pueda razonablemente exigirse a estos círculos para conocer el estado de la técnica anterior. Estos datos fácticos pueden referirse a la composición de los círculos especializados, sus calificaciones, usos y comportamientos, el alcance de sus actividades, su presencia en actos en los que se presentan dibujos o modelos, las características del dibujo o modelo de que se trate, como su interdependencia con otros productos o sectores, y las características de los productos en los que se ha integrado el dibujo o modelo de que se trate, en particular el grado de tecnicidad del producto en cuestión. En cualquier caso, no puede considerarse que un dibujo o modelo se conozca en el tráfico comercial normal si los círculos especializados del sector de que se trata sólo podían descubrirlo de manera fortuita.

Asimismo, el Tribunal indicó que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 no exige en absoluto que el dibujo o modelo anterior haya sido utilizado para la producción o la comercialización de un producto. Sin embargo, el hecho de que un dibujo o modelo no haya sido nunca incorporado a un producto sólo tendría importancia en el supuesto de que se hubiera demostrado que los círculos especializados del sector de que se trata no consultan en general los registros de patentes o que los círculos especializados de dicho sector no prestan generalmente ninguna importancia a las patentes.

En segundo lugar, en la sentencia de 10 de septiembre de 2015, H&M Hennes & Mauritz/OAMI – Yves Saint Laurent (Bolsos) (T‑525/13, Rec, EU: T:2015:617), el Tribunal se pronunció sobre el criterio de apreciación del carácter individual en relación con el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo, tal como se contempla en el artículo 6 del Reglamento nº 6/2002.

El Tribunal recordó a este respecto que el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, de un elemento del producto o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a los diferentes dibujos o modelos aplicados al producto de que se trata. En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en pugna causen impresiones generales distintas en los usuarios informados. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de libertad de dicho autor, mayor será la posibilidad de que tales diferencias basten para causar impresiones generales distintas en los usuarios informados. Así pues, el Tribunal estimó que un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión general en los usuarios informados.

Por otra parte, el Tribunal precisa que el artículo 6 del Reglamento nº 6/2002, relativo a la determinación de si existe o no carácter singular, establece en su apartado 1 el criterio de la impresión general producida por los dibujos o modelos en pugna e indica en su apartado 2 que debe tenerse en cuenta al efecto el grado de libertad del autor. De dichas disposiciones se desprende que para determinar si un dibujo o modelo comunitario posee carácter singular, procede realizar, en esencia, un análisis en cuatro etapas. Dicho análisis consiste en definir lo siguiente: en primer lugar, el sector de los productos a los que está destinado a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo; en segundo lugar, el usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y, por referencia al usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención en la comparación (comparación directa cuando sea posible) de los dibujos o modelos; en tercer lugar, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo; y, en cuarto lugar, el resultado de comparar los dibujos o modelos controvertidos, teniendo en cuenta el sector de que se trate, el grado de libertad del autor y las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido y cualquier otro dibujo o modelo anterior que sea público. De este modo, señaló el Tribunal, si bien el factor relativo al grado de libertad del autor puede «apoyar» o, por el contrario «matizar» la conclusión en relación con la impresión general producida por cada uno de los dibujos o modelos en cuestión, la apreciación de dicho grado de libertad no constituye una etapa abstracta y previa a la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos controvertidos.

En ese asunto, el Tribunal resolvió que la Sala de Recurso no había errado al indicar que, por sí solo, el factor de la libertad del autor no podía condicionar la determinación de si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, pero que, en cambio, sí era un punto que debía tenerse en cuenta al proceder a dicha determinación. Según el Tribunal, había considerado acertadamente que ése era un factor que permitía matizar la determinación de si el dibujo o modelo impugnado posee o no carácter singular, más que un factor autónomo.


[1] Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 y que entró en vigor el 7 de octubre de 1977.

[2] Reglamento (UE) n.o 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO L 361, p. 1).

[3] Reglamento (UE) n.o 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones

[4] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).

[5] 82|Los requisitos enunciados por Tribunal de Justicia son los siguientes. Es preciso que el establecimiento de tal régimen esté justificado por dificultades prácticas; que los obligados al pago estén exentos del pago de dicho canon si demuestran que han suministrado las tarjetas de memoria de teléfonos móviles a personas distintas de las personas físicas, con fines manifiestamente ajenos al de reproducción para uso privado, en el bien entendido de que esta exención no puede limitarse a la entrega únicamente a los profesionales que estén inscritos en la organización encargada de gestionar el canon; y que ese régimen establezca un derecho a la devolución de dicho canon que sea efectivo y no dificulte excesivamente la devolución del canon pagado, devolución que podrá obtener únicamente el adquirente final de una tarjeta de memoria de este tipo, el cual deberá presentar a tal efecto una solicitud en la referida organización.

[6] |Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45; corrección de errores en DO L 195, p. 16, DO L 351, p. 44, y DO 2007, L 204, p. 27).

[7] Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

[8] Se trataba de los productos y servicios siguientes: soportes de registro magnéticos, artículos de papel y cartón no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; fotografías, transporte; organización de viajes, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y hospedaje temporal.

[9] Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de vino (DO 2002, L 28, p. 4).

[10] Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (DO L 336, p. 214), que constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) (DO 1994, L 336, p. 3).

[11] C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514.

[12] Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

[13] Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 (DO L 303, p. 1).

[14] Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

[15] Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

[16] Reglamento (CE) nº 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas («Reglamento único para las OCM») (DO L 154, p. 1).

[17]Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1).

[18] Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

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1.- Propiedad industrial e Intelectual 2017

En materia de propiedad intelectual e industrial cabe destacar tres sentencias. Las dos primeras se refieren al concepto de «comunicación al público» en el ámbito de los derechos de autor y la tercera tiene por objeto la interpretación de la cláusula denominada «de reparación» en materia de dibujos o modelos comunitarios.

En los asuntos que dieron lugar a las dos sentencias Stichting Brein (C-527/15, EU:C:2017:300, y C-610/15, EU:C:2017:456), pronunciadas el 26 de abril y el 14 de junio de 2017, respectivamente, el Tribunal de Justicia tuvo que examinar el concepto de «comunicación al público» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.[1]

En estos dos asuntos, los tribunales remitentes conocían de los recursos interpuestos por una fundación neerlandesa que garantizaba la protección de los intereses de los titulares de derechos de autor. En el primer asunto, se enfrentaban en el litigio principal dicha fundación y un vendedor de reproductor multimedia en el que se habían preinstalado extensiones, disponibles en Internet, que contenían hipervínculos que reenviaban a sitios libremente accesibles al público en los que se ponían a su disposición obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares de tales derechos. En el segundo asunto, el litigio se refería a unas solicitudes presentadas por dicha fundación con objeto de que se ordenase a unos proveedores de acceso a Internet que bloquearan los nombres de dominio y las direcciones IP de la plataforma de intercambio en línea «The Pirate Bay» que, al indexar metadatos relativos a obras protegidas y proporcionar un motor de búsqueda, permitía a los usuarios de esa plataforma localizar dichas obras e intercambiarlas en una red entre pares (peer-to-peer).

En ambas sentencias, el Tribunal de Justicia empezó por recordar su jurisprudencia anterior[2] según la cual la Directiva 2001/29 tiene como principal objetivo la instauración de un nivel elevado de protección en favor de los autores, que les permita recibir una compensación adecuada por la utilización de sus obras, en particular con motivo de su comunicación al público. De ello se desprende que el concepto de «comunicación al público» debe entenderse en un sentido amplio y que exige una apreciación individualizada. Además, del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 resulta que el concepto de «comunicación al público» asocia dos elementos cumulativos: un «acto de comunicación» de una obra y la comunicación de esta a un «público».

Así pues, según el Tribunal de Justicia, para apreciar si un usuario realiza un acto de «comunicación al público» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, deben tenerse en cuenta varios criterios complementarios, de naturaleza no autónoma y dependientes unos de otros. Entre estos criterios figura, en primer término, el papel ineludible del usuario y el carácter deliberado de su intervención. En efecto, este usuario lleva a cabo un acto de comunicación cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus clientes acceso a una obra protegida, especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no podrían, o difícilmente podrían, disfrutar de la obra difundida. Seguidamente, el Tribunal de Justicia precisó que el concepto de «público» se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas. Asimismo, el Tribunal de Justicia recordó que, para ser calificada de «comunicación al público», una obra protegida debe ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, ante un «público nuevo», es decir, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial de su obra al público. Por último, el Tribunal de Justicia subrayó que el carácter lucrativo de una comunicación al público a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, no carece de pertinencia.

Basándose en estos criterios, el Tribunal de Justicia consideró en estas dos sentencias que tanto la venta de un reproductor multimedia como el controvertido en el litigio principal, como la puesta a disposición y la gestión en Internet de la plataforma de intercambio «The Pirate Bay», constituyen, en las circunstancias de estos casos, una «comunicación al público», a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

El 20 de diciembre de 2017, en la sentencia Acacia y D’Amato (C-397/16 y C-435/16, EU:C:2017:992), el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación de la cláusula denominada «de reparación» prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002[3]. Según esta cláusula, no existe protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial. La presente sentencia se inscribe en el marco de los litigios por vulneración de la propiedad intelectual en los que se enfrentan, en Italia y Alemania, dos fabricantes de automóviles, titulares de modelos comunitarios de llantas de automóvil de aleación, y Acacia y su gerente, que fabrican réplicas de llantas estética o funcionalmente idénticas a las llantas originales de fábrica.

En primer lugar, se preguntó al Tribunal de Justicia sobre si el artículo 110, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 supedita la exclusión de protección que establece al requisito de que el dibujo o modelo protegido del componente en cuestión del producto complejo dependa de la apariencia de este. Los fabricantes de automóviles partes en los litigios principales sostenían a este respecto, en esencia, que dicha exclusión no se justificaba en el caso de las llantas de automóviles, cuya forma no viene impuesta por la apariencia del vehículo producto complejo que equipan. A este respecto, el Tribunal de Justicia destacó el objetivo perseguido por el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, que consiste en evitar la creación de mercados cerrados para determinadas piezas y, en particular, evitar que el consumidor que ha comprado un producto de larga duración, que puede ser oneroso, quede vinculado indefinidamente —por la compra de las piezas externas— al fabricante del producto complejo. Desde este punto de vista y basándose en una interpretación literal y teleológica, el Tribunal de Justicia declaró que el alcance de dicha disposición no se limita a los componentes que formen parte de un producto complejo «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido», y subrayó que esta interpretación contribuía al objetivo de la cláusula «de reparación» de limitar la creación de mercados cerrados para las piezas de recambio.

Por otra parte, preguntado sobre los requisitos exigidos para aplicar la exclusión prevista por la cláusula «de reparación», el Tribunal de Justicia señaló, en primer lugar, que dicha exclusión únicamente puede aplicarse a componentes que sean objeto de protección en virtud de un dibujo o modelo comunitario y que, por lo tanto, cumplan los requisitos de protección expuestos, en particular en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002. Esta última disposición garantiza la protección de un producto que constituye un componente de un producto complejo si, por un lado, el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último y, por otro, las características visibles del componente reúnen en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular exigidos en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento. Pues bien, así ocurre en el caso de los modelos comunitarios de llantas de los que son titulares los fabricantes afectados. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia consideró dichas llantas como «componentes de un producto complejo», a efectos del artículo 110, apartado 1, ya que son componentes de un automóvil, sin los cuales ese producto no puede ser utilizado normalmente. En cuanto al requisito relativo a que el componente en cuestión se utilice «con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo», el Tribunal de Justicia señaló que esta cláusula «de reparación» excluye toda utilización de un componente con fines decorativos o por conveniencia, como la sustitución de un componente por razones estéticas o de personalización del producto complejo; por el contrario, exige que su utilización sea necesaria para reparar el producto complejo que se ha estropeado. Por último, el Tribunal de Justicia consideró que la reparación debía realizarse para devolver al producto complejo su apariencia inicial. A este respecto, el Tribunal de Justicia subrayó la necesaria visibilidad de un componente que participe en la reparación de la apariencia del producto complejo en el sentido de dicha disposición. A la vista de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia concluyó que el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, se aplica únicamente a los componentes de un producto complejo visualmente idénticos a los componentes originales, lo que no ocurre en el caso de una pieza de recambio que no coincida, por su color o tamaño, con la pieza original o si se hubiese modificado la apariencia de un producto complejo desde su comercialización.

Finalmente, se preguntó al Tribunal de Justicia si, para acogerse a la exclusión prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo debe velar —y, en ese caso, de qué modo— porque ese componente solo pueda ser adquirido para reparaciones. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia subrayó que el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo que deseen acogerse a la excepción establecida en dicha disposición están sometidos a una obligación de diligencia. Por ello, les corresponde informar al usuario situado en una fase posterior, mediante una indicación clara y visible en el producto, en su embalaje, en los catálogos o incluso en la documentación de venta, de que el componente en cuestión incorpora un dibujo o modelo del que no es titular y de que ese componente se destina exclusivamente a ser utilizado con objeto de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Asimismo, les incumbe velar, sirviéndose de medios adecuados, en particular contractuales, por que los usuarios situados en una fase posterior no destinen los componentes en cuestión a un uso que no sea compatible con los requisitos establecidos en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 y, además, no deben vender tal componente si saben, o tienen motivos razonables para saber, que no será utilizado conforme a los requisitos prescritos.

MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

a. Alcance y naturaleza del control ejercido por las Salas de Recurso

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de abril de 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO -Fink (NANA FINK) (T-39/16, EU:T:2017:263), el Tribunal General debía pronunciarse sobre la legalidad de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO mediante la que se desestimó el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución por la que División de Oposición solo había estimado parcialmente su oposición. En apoyo de su recurso, la recurrente alegaba que la Sala de Recurso había omitido pronunciarse sobre algunos de los productos respecto de los que se había desestimado la oposición. En su opinión, esta circunstancia debía implicar la anulación de la resolución impugnada. Este asunto permitió al Tribunal examinar las consecuencias de la omisión de la Sala de Recurso de pronunciarse sobre la totalidad del recurso interpuesto ante ella.

El Tribunal manifiesta que el recurso interpuesto por la recurrente ante la Sala de Recurso tenía por objeto la resolución de la División de Oposición en su totalidad, ya que la oposición había sido desestimada, y considera que la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre el recurso interpuesto ante ella en la medida en que dicho recurso se dirigía contra la desestimación de la oposición en lo que respecta a los «metales preciosos y sus aleaciones», incumplió la obligación, resultante del Reglamento (CE) n.º 207/2009[4] [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001][5], en particular de su artículo 64, apartado 1, primera frase (actualmente artículo 71, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001) de pronunciarse sobre el recurso planteado ante ella. El Tribunal puntualiza que esta obligación debe entenderse en el sentido de que la Sala de Recurso está obligada a pronunciarse sobre cada una de las pretensiones formuladas ante ella en su integridad, ya sea acogiéndola, o bien declarando su inadmisibilidad, o desestimándola en cuanto al fondo. Toda vez que el incumplimiento de esta obligación puede tener repercusión sobre el contenido de la resolución de la Sala de Recurso, se trata de una forma sustancial, cuyo quebrantamiento puede ser planteado de oficio por el Tribunal.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de junio de 2017, GP Joule PV/EUIPO-Green Power Technologies (GPTech) (T-235/16, EU:T:2017:413), el Tribunal General tuvo que recordar el alcance de la facultad de apreciación de que disponen las Salas de Recurso de la EUIPO para tener en cuenta pruebas en apoyo de la oposición que no se presentaron dentro del plazo señalado al efecto. La recurrente reprochaba a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta la prueba, presentada por primera vez ante ella, de que era la licenciataria de las dos marcas anteriores en la que se había basado la oposición y haber confirmado así la resolución de la División de Oposición mediante la que se había desestimado la oposición por infundada con arreglo a la regla 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2868/95[6] [actualmente artículo 8, apartado 1, y artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430[7]] porque la recurrente no había probado dentro de plazo su derecho a presentar oposición.

El Tribunal señala que el Reglamento n.º 207/2009 establece expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación que le confieren la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95 y el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001) para decidir si procede o no tener en cuenta pruebas y hechos nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición. Sin embargo, puntualiza que la regla 50 del Reglamento n.º 2868/95 no puede interpretarse en el sentido de que extienda la facultad de apreciación de las Salas de Recurso a las pruebas nuevas, sino solo a las pruebas consideradas «complementarias» o «adicionales», que vengan a sumarse a pruebas pertinentes, presentadas dentro de plazo.

En el presente caso, como no se había presentado dentro del plazo señalado por la EUIPO ninguna prueba del derecho de la recurrente a presentar oposición, tal prueba, presentada por primera vez ante la Sala de Recurso, no podía calificarse de «complementaria» o «adicional» en el sentido de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95 y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Por otra parte, aun suponiendo que la prueba aportada por la recurrente por primera vez ante la Sala de Recurso pudiera calificarse de prueba «complementaria» o «adicional», la Sala de Recurso ejerció correctamente su facultad de apreciación con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, podía negarse fundadamente a tener en cuenta tal prueba, presentada una vez expirados los plazos señalados al efecto por la División de Oposición, debido a que las circunstancias que rodearon la presentación extemporánea de dicha prueba por la recurrente no la justificaban, y ello sin examinar si esa prueba era pertinente y suficiente.

El tema de la facultad de apreciación de las Salas de Recurso para tomar en consideración pruebas en apoyo de la oposición que no se presentaron dentro del plazo señalado constituía asimismo el núcleo del asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de octubre de 2017, Moravia Consulting/EUIPO-Citizen Systems Europe (SDC-554S) (T-316/16, EU:T:2017:717). En el presente caso, la recurrente, que había presentado oposición contra una solicitud de registro de una marca en virtud de un supuesto derecho anterior existente en un Estado miembro y conferido por una marca denominativa no registrada, no había presentado prueba alguna relativa a la legislación nacional aplicable, razón por la cual la División de Oposición desestimó su oposición. La recurrente proporcionó posteriormente, en la fase del procedimiento ante la Sala de Recurso, información referente a la legislación nacional pertinente sobre las marcas.

A este respecto, el Tribunal recuerda que, si bien la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95 establece que, cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas «adicionales» o «complementarios» de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, dicha regla no puede interpretarse en el sentido de que extienda la facultad de apreciación de las Salas de Recurso a las pruebas nuevas.

Pues bien, en el presente caso, en el marco del procedimiento de oposición, la recurrente no presentó, dentro del plazo señalado, la más mínima prueba referente al contenido del Derecho nacional ni ofreció una razón válida que justificase su actitud. Además, el único dato aportado por la recurrente para demostrar la existencia, la validez y el ámbito de protección de la marca anterior no registrada no aportaba información alguna sobre el uso de la marca anterior invocada, ni tampoco contenía información sobre los requisitos exigidos por la legislación nacional. En estas circunstancias, el Tribunal declara que las referencias a las disposiciones de la legislación nacional ofrecidas por la recurrente por primera vez ante la Sala de Recurso no constituyen elementos «adicionales» o «complementarios» respecto a los que habían sido presentados ante la División de Oposición. Por lo tanto, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que no disponía de facultad de apreciación para aceptar las pruebas presentadas por vez primera ante ella, ya que dichas pruebas se habían aportado extemporáneamente.

b. Responsabilidad extracontractual

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de febrero de 2017, Novar/EUIPO (T-726/14, EU:T:2017:99), el Tribunal General debía pronunciarse sobre la pretensión de la recurrente de que se reparase el perjuicio material que alegaba haber sufrido como consecuencia del pago de los honorarios de abogado en el marco de un recurso interpuesto contra una resolución de la División de Oposición de la EUIPO, supuestamente adoptada infringiendo la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento Delegado 2017/1430].

Tras recordar que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, por comportamiento ilícito de sus instituciones o de sus órganos, se requiere que concurran tres requisitos acumulativos, a saber, la ilegalidad del comportamiento, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado, el Tribunal examinó, de entrada, la existencia de una relación de causalidad entre la actuación supuestamente ilegal de la EUIPO y el perjuicio invocado en el presente caso.

A este respecto, el Tribunal recuerda que de reiterada jurisprudencia se desprende que, cuando la representación por medio de un abogado o de un asesor jurídico en el marco de un procedimiento administrativo previo no es obligatoria, no existe relación de causalidad entre el supuesto daño, a saber, los gastos de dicha representación, y la actuación eventualmente reprochable de la institución o del organismo de la Unión en cuestión. En efecto, aunque no puede prohibirse al interesado que se procure, ya en esa fase, el asesoramiento de un abogado, se trata de su propia decisión, que no puede imputarse, por consiguiente, a la institución o al organismo de que se trate. En el presente caso, señala el Tribunal, del artículo 92 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 119 del Reglamento 2017/1001) resulta que la representación por medio de un abogado ante las instancias de la EUIPO no es obligatoria para una parte, como la recurrente. El Tribunal deduce de ello que los honorarios de abogado pagados por la recurrente se derivan de su propia decisión y no pueden ser directamente imputados a la EUIPO. Por lo tanto, no existe una relación de causalidad entre la actuación supuestamente ilegal de la EUIPO y los gastos de representación por medio de abogado en que incurrió la recurrente en razón del procedimiento de recurso.

c. Motivos de denegación absolutos

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de junio de 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO-Crafts Americana Group (Representación de cuñas repetidas entre dos líneas paralelas) (T-20/16, EU:T:2017:410), se cuestionaba la solicitud de nulidad de una marca consistente en un dibujo geométrico repetitivo cuyo registro se había solicitado para «agujas de hacer punto» y «ganchillos». La Sala de Recurso estimó el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Anulación por la que se había desestimado dicha solicitud. Según la Sala de Recurso, la marca controvertida carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]. El núcleo del asunto lo constituía la cuestión de si, en el marco de la apreciación del carácter distintivo de la marca, la Sala de Recurso podía válidamente basarse en las formas en las que dicha Sala consideraba que se manifestaba la utilización efectiva de la marca controvertida, y no en la marca controvertida como estaba registrada.

A este respecto, el Tribunal recuerda que, dadas las necesidades imperiosas de seguridad jurídica garantizadas por la existencia del registro de marcas de la Unión Europea, el examen del carácter distintivo de una marca debe efectuarse teniendo en cuenta la marca tal como fue registrada o tal como figura en la solicitud de registro, con independencia de los distintos modos en que sea utilizada. El Tribunal subraya que si se aplicaran los artículos 7 y 8 del Reglamento n.º 207/2009 (el artículo 8 se ha convertido en el artículo 8 del Reglamento 2017/1001) teniendo en cuenta cómo son utilizadas las marcas de la Unión Europea, y no cómo se solicitan o registran, dicho registro perdería su función de garante de la certeza con la que debe conocerse la naturaleza exacta de los derechos que debe proteger. Habida cuenta de estas consideraciones, cuando la marca solicitada o registrada consiste en una representación bidimensional o tridimensional del producto que designa, su carácter distintivo depende de si la marca difiere de una manera significativa de la norma o de los usos del ramo y de si, por este motivo, puede cumplir su función esencial de identificación del origen del producto. En este contexto, por lo que se refiere a las marcas constituidas por la forma de un producto concreto, y no por una forma abstracta, que designan, la autoridad competente tiene la posibilidad de identificar sus características esenciales a través del examen del propio producto. Pues bien, en el presente caso, la marca controvertida tal como fue registrada tenía las características de una forma geométrica abstracta constituida por un dibujo repetitivo consistente en dos líneas paralelas entre las cuales se hallaban figuras en forma de cuña claramente delimitadas, todo ello en blanco y negro. El Tribunal dedujo que apoyarse, en las circunstancias del presente asunto, en el hecho de que los productos de la recurrente muestran en su superficie motivos en forma de cuñas multicolores para examinar el carácter distintivo del aspecto de esos productos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en vez de basar dicho examen en la marca controvertida como está registrada, no forma parte de un proceso en el que se identifican las características esenciales de dicha marca, sino que constituye una alteración importante de esas características. En consecuencia, concluye que existe una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de diciembre de 2017, beT-365 Group/EUIPO- Hansen (BET-365) (T-304/16, EU:T:2017:912), el Tribunal General debía examinar la legalidad de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO en la que se denegaba que el signo denominativo BET-365 cuyo registro había solicitado la recurrente hubiera adquirido, por el uso, carácter distintivo en una parte sustancial del territorio pertinente en el cual estaba intrínsecamente desprovista de tal carácter.

Recordando que, en virtud del artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001), la extrapolación de la adquisición del carácter distintivo por el uso en determinados Estados miembros a otros Estados miembros no puede excluirse, siempre y cuando elementos objetivos y creíbles permitan concluir que los mercados son comparables por lo que respecta a la percepción de la marca controvertida por el público pertinente, el Tribunal, en primer lugar, declara que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error al considerar que el examen de la adquisición por la marca controvertida de carácter distintivo por el uso debía limitarse únicamente a los Estados miembros de la Unión en los que una gran parte de los consumidores hablaban o comprendían el inglés y, por tanto, tenían la posibilidad de captar el sentido de la expresión «beT-365». Sin embargo, considera que la Sala de Recurso se equivocó al excluir a Chipre y a Malta del territorio pertinente, dado que el inglés es ampliamente hablado o comprendido en esos dos países y eran ya miembros de la Comunidad Europea cuando se solicitó el registro de la marca controvertida.

En segundo lugar, el Tribunal manifiesta que la adquisición, por una marca, de carácter distintivo por el uso no implica necesariamente que esta se haya utilizado de un modo independiente, sino que puede resultar de su uso como parte de otra marca registrada o de su uso conjunto con otra marca registrada, siempre que, en ambos casos, el uso realizado haga que los sectores interesados perciban que los productos o servicios designados exclusivamente por la marca objeto de examen provienen de la empresa determinada que la utiliza como parte de otra marca o conjuntamente con otra marca. Por lo tanto, no procede considerar los distintos usos del elemento «beT-365» como inaptos por naturaleza para contribuir a la demostración de la adquisición por la marca controvertida de carácter distintivo por el uso, tanto más cuanto que esta última es una marca denominativa de la que, por esencia, no pueden conocerse previamente todas las representaciones y utilizaciones, en la medida en que estas últimas dependen del uso del signo controvertido como marca.

Además, el Tribunal estima que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al afirmar de manera general que el uso de la marca controvertida como nombre de su sitio de Internet no constituía un uso como marca. Según el Tribunal, es razonable considerar que, con excepción de determinados jugadores o apostantes novatos que efectúan sus primeras experiencias, un cliente que se conecta al sitio de Internet de la recurrente en la dirección «www.beT-365.com» no lo hace por azar y utiliza la marca controvertida o sus marcas derivadas como identificadores de los servicios ofrecidos por la recurrente, por oposición a los servicios ofrecidos por sus competidores, del mismo modo que un cliente que entrase en una tienda que tiene el rótulo correspondiente a la marca de los productos o de los servicios que busca y que se venden en dicha tienda. Informaciones como el número de conexiones al sitio de Internet de la recurrente, la clasificación de este en términos de frecuentación en diferentes países o el número de veces en que la marca controvertida o sus marcas derivadas fueron objeto de una búsqueda en motores de búsqueda en Internet son datos que pueden contribuir a demostrar la adquisición por la marca controvertida de un carácter distintivo por el uso. Lo mismo puede suceder con los extractos de páginas del sitio de Internet de la recurrente o de otros sitios de Internet, en diferentes lenguas, donde aparecen la marca controvertida o sus marcas derivadas, siempre que el alcance de los elementos aportados pueda ilustrar un uso significativo de la marca controvertida como marca. Por otra parte, el Tribunal subraya que la aparición del elemento «beT-365» en la prensa deportiva o en la prensa especializada en los juegos y las apuestas, asociado, por ejemplo, a cuotas de apuestas, a una comparación de los servicios ofrecidos por diferentes prestadores o en el marco del patrocinio de acontecimientos deportivos que constituyen el soporte de las apuestas, ilustra claramente su uso como marca para designar el origen de los servicios ofrecidos o mencionados, distinguirlos de los servicios de los competidores de la recurrente y, en su caso, promocionarlos. De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso incurrió en error en la calificación jurídica de los hechos de los que conocía al excluir que los extractos de prensa aportados por la recurrente, al menos una parte de ellos, pudiesen ilustrar un uso como marca de la marca controvertida.

Por último, el Tribunal señala que, habida cuenta del hecho de que la marca controvertida y sus marcas derivadas son las únicas utilizadas por la recurrente como marcas que permiten identificar de manera general sus juegos de azar y sus apuestas, si los importes aportados par la recurrente, a saber, los volúmenes de negocios y los importes de apuestas o de inversión publicitaria, pueden razonablemente afectarse esencialmente a los juegos de azar y a las apuestas, deben, por consiguiente, ser tomados en consideración. Por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió asimismo en error en la calificación jurídica de los hechos al excluir esos datos de los elementos de su apreciación. En estas circunstancias, habida cuenta de los criterios de apreciación de la adquisición, por una marca, de carácter distintivo por el uso, y tomando en consideración, por un lado, los diferentes errores de Derecho o de calificación jurídica de los hechos señalados y, por otro, los numerosos elementos invocados por la recurrente ante la Sala de Recurso que pueden contribuir eficazmente a la eventual demostración de la adquisición, por la marca controvertida, de carácter distintivo por el uso en el territorio pertinente, pero que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta a ese respecto, el Tribunal concluye que la resolución impugnada no está suficientemente sustentada por razones válidas que permitan justificar su parte dispositiva por lo que atañe a los servicios de juegos de azar y de apuestas.

d. Motivos de denegación relativos

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de diciembre de 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) (T-61/16, EU:T:2017:877), el Tribunal General conocía de un recurso contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO por la que se desestimaba el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición mediante la que se había desestimado la oposición presentada contra la solicitud de registro como marca del signo figurativo Master.

Esta resolución era continuación de la sentencia Coca-Cola/OAMI – Mitico (Master)[8] mediante la que el Tribunal anuló una primera resolución de la Sala de Recurso por la que esta había desestimado el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición en la que se desestimaba la oposición. El Tribunal tuvo ocasión, en particular, al apreciar el «riesgo de parasitismo» de la marca anterior, de pronunciarse, por un lado, sobre la toma en consideración del uso fuera de la Unión de la marca solicitada, a la luz del principio de territorialidad y, por otro, sobre la posibilidad de aportar la prueba de tal riesgo a partir de deducciones lógicas.

En primer lugar, por lo que respecta a la toma en consideración del uso fuera de la Unión de la marca solicitada, el Tribunal recuerda que el principio de territorialidad significa, en Derecho de marcas, que es el Derecho del Estado —o de la unión de Estados— donde se solicita la protección de una marca el que determina las condiciones de dicha protección. Como la coadyuvante presentó una solicitud de marca de la Unión, en virtud del principio de territorialidad, es el Derecho de la Unión, en particular el Reglamento n.º 207/2009, el que determina las condiciones de dicha protección. Según el Tribunal, el principio de territorialidad en Derecho de marcas no excluye en absoluto la toma en consideración de actos de uso de la marca solicitada fuera de la Unión Europea para fundamentar una deducción lógica sobre el probable uso en el comercio, en la Unión, de la marca solicitada, con objeto de determinar si existe o no un riesgo de aprovechamiento indebido en la Unión de la notoriedad de una marca de la Unión anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001). De lo anterior se deduce, en el presente caso, que el principio de territorialidad no se opone a la toma en consideración de elementos de prueba relativos al uso efectivo en el comercio de la marca solicitada Master (en combinación con el término «cola») en Siria y en Oriente Medio, tales como los extractos del sitio «www.mastercola.com», redactado principalmente en árabe, con objeto de determinar si existe o no un riesgo de que el uso de la referida marca en la Unión se aproveche indebidamente de la notoriedad de las cuatro marcas anteriores de la Unión Coca-Cola.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la apreciación de las deducciones lógicas relativas a un riesgo de parasitismo en la Unión, el Tribunal considera que cabe deducir lógicamente de una solicitud de registro de marca de la Unión que su titular tiene la intención de comercializar sus productos o servicios en la Unión. En el presente caso, subraya, resulta lógicamente previsible, pues, que la coadyuvante, si obtiene el registro de la marca solicitada, modifique su sitio de Internet de conformidad con dicha intención de comercializar sus productos con esa marca dentro de la Unión. En efecto, el sitio de Internet «www.mastercola.com» no es inmutable y podría modificarse para que se dirigiera a los consumidores de la Unión, en particular añadiendo contenido en una o varias lenguas oficiales de la Unión. Ante la falta de datos concretos sobre las intenciones comerciales de la coadyuvante en la Unión, el Tribunal estima que los extractos del sitio de Internet «www.mastercola.com» presentados por la recurrente y que se refieren al uso efectivo de la marca solicitada por la coadyuvante fuera de la Unión permiten concluir a primera vista que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido en la Unión. El Tribunal señala también que no resulta irrelevante el hecho de que la coadyuvante no haya facilitado ningún dato específico sobre unas eventuales intenciones comerciales en la Unión diferentes de las relativas a terceros países. En consecuencia, el Tribunal concluye que el uso efectivo fuera de la Unión de la marca solicitada por la coadyuvante con una presentación particular y elegida intencionadamente puede llevar a la deducción lógica de que existe un grave riesgo de que la marca solicitada sea utilizada dentro de la Unión de la misma manera que en terceros países, tanto más cuanto que la coadyuvante ha solicitado expresamente el registro de la marca solicitada para utilizarla en la Unión.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de diciembre de 2017, JT/EUIPO-Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) (T-249/15, EU:T:2017:885), el Tribunal General conocía de un recurso de anulación contra la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO por la que se anulaba la resolución de la División de Oposición y se desestimaba la oposición, debido a que el recurrente no había probado ser el titular «real» de la marca anterior en la que se basaba la oposición. Este asunto tiene su origen en una oposición basada en una marca figurativa anterior no registrada (QUILAPAYÚN) y presentada contra la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca figurativa anterior no registrada. Este asunto permitió al Tribunal examinar la cuestión inédita de si la condición de cotitular de una marca basta para presentar oposición.

Según el Tribunal, del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001], del artículo 41, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 46, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], de la regla 19, apartado 2, y de la regla 20, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 se deriva que, para presentar oposición, a efectos del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, basándose en una marca notoriamente conocida, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento, el autor de la oposición debe demostrar que la marca es notoriamente conocida en un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,[9] y que él es su titular. A este respecto, el Tribunal recuerda que la prueba de la titularidad de una marca no registrada responde a requisitos específicos. El recurrente no puede aportar, por definición, un certificado de presentación o de registro de la marca en la que se basa la oposición para demostrar que es titular de dicha marca. Debe aportar la prueba de que, mediante el uso de la marca anterior no registrada, ha adquirido derechos sobre esta.

Por otra parte, según el Tribunal, de ninguna de las disposiciones anteriormente citadas se desprende que la parte que presenta oposición, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, deba demostrar que es el titular «exclusivo» de la marca anterior no registrada notoriamente conocida en la que se basa su oposición. De lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, en la regla 19, apartado 2, y en la regla 20, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 se deduce que la parte que presente oposición está obligada a probar que ha adquirido derechos suficientes sobre la marca anterior no registrada notoriamente conocida, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, como para ser considerado titular de dicha marca, lo que no implica demostrar la titularidad exclusiva de esta. La regla 15, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 (actualmente artículo 2, apartado 1, del Reglamento Delegado 2017/1430) dispone además que, «cuando una marca anterior y/o derecho anterior tenga más de un propietario (copropiedad), podrá presentar oposición cualquiera de ellos o todos ellos», lo que permitiría a cada uno de los cotitulares de una marca anterior oponerse al registro de la marca que se solicita.

En el presente caso, señala el Tribunal, si se exigiera la titularidad exclusiva de la marca anterior, ni el recurrente ni los solicitantes podrían oponerse al registro por un tercero del signo en cuestión, salvo que todos ellos se opusieran a dicho registro, puesto que todos reclaman la titularidad de ese signo. Pues bien, la adquisición de derechos por el recurrente sobre la marca anterior no registrada le permitiría oponerse al registro de la marca solicitada, con independencia de si otros —entre ellos, los solicitantes— adquirieron igualmente derechos sobre dicha marca a través del uso que pudieron hacer también de ella. En estas circunstancias, el Tribunal considera que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al exigir que el recurrente hubiera demostrado ser el titular exclusivo de la marca anterior, sin examinar si no bastaba con que fuera su cotitular.

2.- DIBUJOS Y MODELOS

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de febrero de 2017, Termosifones para radiadores (T-828/14 y T-829/14, EU:T:2017:87), el Tribunal General tuvo ocasión, además, de aportar precisiones sobre la fecha en la que procede examinar el carácter singular de un dibujo o modelo y determinar la eventual existencia de una saturación de la técnica a efectos del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002.[10] La recurrente alegaba que la Sala de Recurso había incurrido en error respecto del momento en el que apreciar la saturación de la técnica, al tomar como referencia la fecha de adopción de las resoluciones impugnadas, mientras que tal situación debía apreciarse en la fecha de la solicitud de registro de los dibujos o modelos controvertidos.

Sobre este particular, el Tribunal señala que, en efecto, el examen del carácter singular del dibujo o modelo controvertido y la determinación de la eventual existencia de una saturación de la técnica deben efectuarse, conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, en la fecha de presentación de la solicitud del dibujo o modelo. En consecuencia, declara que la Sala de Recurso incurrió en error con respecto a la fecha de apreciación de la eventual existencia de una saturación de la técnica.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de junio de 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO-Crown Hellas Can (Latas) (T-9/15, EU:T:2017:386), el Tribunal General tuvo ocasión de aportar precisiones útiles sobre el carácter del procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios, el concepto de «producto» en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002 y el alcance de la descripción del dibujo o modelo controvertido contenida en la solicitud de registro con arreglo al artículo 36, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento.

En primer lugar, el Tribunal señala que, en la medida en que la definición del objeto protegido por el dibujo o modelo controvertido forma parte del examen de fondo del registro de dicho dibujo o modelo, un eventual pronunciamiento de la EUIPO sobre esta cuestión en el procedimiento de registro no puede vincular a la Sala de Recurso, habida cuenta del carácter esencialmente formal y expeditivo del control efectuado por la EUIPO en el procedimiento de registro.

En segundo lugar, el Tribunal desestima la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el dibujo o modelo controvertido, a saber, la representación de tres latas de diferentes tamaños, no constituía un producto, en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002. A este respecto, el Tribunal General señala que el objeto de un dibujo o modelo solo puede ser un objeto unitario, dado que dicho artículo se refiere expresamente a la apariencia «de un producto». Por otra parte, puntualiza que un conjunto de artículos puede constituir «un producto» en el sentido de la citada disposición si tienen armonía estética, presentan una relación funcional y se comercializan usualmente como un producto unitario. Así pues, el Tribunal declara en el presente caso que es patente que las tres latas representadas en el dibujo o modelo controvertido no cumplen una función común en el sentido de que no cumplen una función que no puede ser ejercida por cada una de ellas individualmente, como es el caso, por ejemplo, de los cubiertos de mesa o del tablero y las piezas de ajedrez.

Por último, el Tribunal manifiesta que la descripción eventualmente contenida en la solicitud de registro no puede influir en las apreciaciones de fondo relativas a la novedad o al carácter singular del dibujo o modelo en cuestión. Según el Tribunal General, tal descripción tampoco puede influir en la determinación de cuál es el objeto protegido por el dibujo o modelo en cuestión, que guarda relación indudablemente con las apreciaciones relativas a la novedad o al carácter singular.

3.- OBTENCIONES VEGETALES

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 23 de noviembre de 2017, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205) (T-140/15, EU:T:2017:830), el Tribunal General conocía de un recurso de anulación de la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) por la que se desestimaba la solicitud de nulidad de la protección comunitaria de obtención vegetal concedida a la variedad M 02205, una variedad de remolacha azucarera. Dicha solicitud de nulidad se basaba en el hecho de que la variedad M 02205 incumplía el requisito de «carácter distintivo», en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2100/94.[11]

En primer lugar, el Tribunal recuerda que la OCVV dispone de un amplio margen de apreciación para declarar la nulidad de una protección vegetal. Por lo tanto, un nuevo examen de la variedad protegida, mediante el procedimiento de nulidad fundado en el artículo 20 del Reglamento n.º 2100/94, solo puede estar justificado cuando existan serias dudas acerca de si se cumplían, en la fecha del examen previsto en dicho Reglamento, los requisitos pertinentes. Según el Tribunal General, de las normas pertinentes resulta que las notas de expresión que figuran en el extracto comparativo del carácter distintivo, en virtud de las cuales se establece el carácter distintivo de una variedad candidata, deben corresponderse con las notas recabadas tras ensayos comparativos en cultivo realizados durante dos ciclos vegetativos anuales siguientes a la solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal de la variedad candidata. En este contexto, el Tribunal señala que, en el presente caso, la recurrente podía invocar, justificadamente, múltiples errores cometidos en el extracto comparativo del carácter distintivo, que se había modificado en repetidas ocasiones. Por consiguiente, considera que la recurrente aportó ante la Sala de Recurso elementos fácticos sustanciales suficientes para suscitar serias dudas acerca de si los datos utilizados en una de las dos variedades de referencia se habían tomado de la descripción oficial de esa variedad.

En segundo lugar, el Tribunal recuerda que el principio de examen de oficio de los hechos se impone en un procedimiento ante la Sala de Recurso, la cual está vinculada por el principio de buena administración, en virtud del cual le corresponde examinar con atención e imparcialidad todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes del asunto de que conozca. A este respecto, el Tribunal señala que correspondía a la Sala de Recurso asegurarse de que, cuando adoptó la resolución impugnada, disponía de todos los elementos pertinentes —más concretamente, los resultados de los ensayos comparativos en cultivo realizados— para poder determinar si la apreciación del carácter distintivo de la variedad M 02205 se había efectuado de conformidad con las normas técnicas aplicables. Pues bien, la OCVV admitió que, cuando se adoptó la resolución impugnada, la Sala de Recurso no disponía de dichos resultados. En consecuencia, el Tribunal concluye que, al no realizar un examen adecuado para asegurarse de que el carácter distintivo de la variedad M 02205 se había acreditado basándose en los datos resultantes de los ensayos comparativos en cultivo, la Sala de Recurso no cumplió correctamente sus obligaciones.


[1] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

[2]Véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 2016, Reha Training (C-117/15, EU:C:2016:379), y de 8 de septiembre de 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644). 

[3] Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1). 

[4] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

[5] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

[6] Reglamento (CE) n.º2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1).

[7]Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.° 207/2009 y deroga los Reglamentos n.º 2868/95 y n.º 216/96 (DO 2017, L 205, p. 1). 

[8]Sentencia de 11 de diciembre de 2014, T-480/12, EU:T:2014:1062.

[9] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada. 

[10] Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).  

[11] Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1). 

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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA. INFORME 2016 https://ehidalgoabogados.com/resumen-de-la-actividad-judicial-del-tribunal-de-justicia-y-tribunal-general-de-la-union-europea-informe-anual-2016/ https://ehidalgoabogados.com/resumen-de-la-actividad-judicial-del-tribunal-de-justicia-y-tribunal-general-de-la-union-europea-informe-anual-2016/#respond Fri, 13 Nov 2020 16:36:52 +0000 http://ehidalgoabogados.com/?p=3897 Resumen de la actividad judicial europea correspondiente al año 2016

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1.- PROPIEDAD INTELECTUAL

En el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, cinco sentencias merecen ser destacadas: las cuatro primeras versan sobre cuestiones relativas a los derechos de autor en relación, concretamente, con las comunicaciones electrónicas. La quinta se refiere al reembolso de las costas procesales por la parte perdedora en un litigio relativo a una violación de un derecho de propiedad intelectual.

En primer lugar, el 9 de junio de 2016, en la sentencia EGEDA y otros (C‑470/14, EU:C:2016:418), el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el sistema de financiación de la compensación equitativa, mencionada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29[1] y destinada a los autores en caso de repoducción, por una persona física, para uso privado de sus obras. En el asunto principal, se cuestionaba la normativa española que establecía un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En este marco, la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimentaba de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales y, por tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas.

A este respecto, el Tribunal de Justicia consideró que, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros para circunscribir los parámetros del sistema de compensación equitativa en su Derecho interno, el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone, por principio, a que los Estados miembros que han optado por introducir la excepción del pago de los derechos de reproducción por copia privada decidan establecer, en dicho marco, un sistema de financiación de la compensación no mediante un canon, sino mediante sus Presupuestos Generales. Sin embargo, el Tribunal de Justicia recordó que la excepción de copia privada está concebida en beneficio exclusivo de las personas físicas que efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines directa o indirectamente comerciales. Por consiguiente, son estas personas quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos de autor y quienes están, en principio, obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa. Por su parte, las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción. En este contexto, si bien es cierto que los Estados miembros pueden instaurar un sistema de compensación equitativa financiado mediante un canon del que son deudoras, en determinadas circunstancias, las personas jurídicas, éstas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del gravamen asociado a dicho canon. Este principio se aplica, según el Tribunal de Justicia, en todos los supuestos en que un Estado miembro ha introducido la excepción de copia privada, con independencia del sistema de financiación establecido. En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que esté sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado finalmente por los usuarios de copias privadas.

En segundo lugar, en la sentencia GS Media (C‑160/15, EU:C:2016:644), dictada el 8 de septiembre de 2016, el Tribunal de Justicia examinó si, y en qué circunstancias, el hecho de colocar, en un sitio de Internet, un hipervínculo que remite a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29. Esta sentencia se inscribe en el marco de un litigio entre una sociedad que explota un sitio de Internet en el ámbito de la actualidad y una editora de revista titular de los derechos de autor de determinadas fotos. Dicha sociedad había publicado, en ese sitio, un artículo y un hipervínculo que remitía a los lectores a otro sitio de Internet, donde las fotos en cuestión estaban puestas a disposición del público sin el consentimiento del autor.

El Tribunal de Justicia recordó que el concepto de «comunicación al público» exige una apreciación individualizada y señaló que, cuando la colocación del hipervínculo que remite a una obra disponible libremente en otro sitio de Internet la realiza una persona sin ánimo de lucro, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que esta persona no sepa, y no pueda saber razonablemente, que dicha obra había sido publicada en Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor. En cambio, cuando tal persona sabía o debía saber que el hipervínculo da acceso a una obra publicada ilegalmente en Internet, por ejemplo, al haber sido advertida de ello por los titulares de los derechos de autor, procede considerar que el suministro de dicho vínculo constituye una «comunicación al público». Lo mismo sucede en el supuesto de que tal vínculo permita a los usuarios del sitio de Internet en el que se halla eludir medidas de restricción adoptadas por el sitio donde se encuentra la obra protegida para limitar el acceso al mismo por parte del público a sus abonados únicamente.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia estimó que, cuando la colocación de hipervínculos se efectúa con ánimo de lucro, como en el presente caso, cabe esperar del que efectúa la colocación que realice las comprobaciones necesarias para asegurarse de que la obra de que se trate no se publica ilegalmente en el sitio al que lleven dichos hipervínculos. Así pues, se ha de presumir que la colocación ha tenido lugar con pleno conocimiento de la naturaleza protegida de dicha obra y de la eventual falta de autorización de publicación en Internet por el titular de los derechos de autor. En tales circunstancias, y siempre que esta presunción iuris tantum no sea destruida, el acto consistente en colocar un hipervínculo que remita a una obra publicada ilegalmente en Internet constituye una «comunicación al público». En cambio, no habrá comunicación al «público» en el supuesto de que las obras a las que permiten acceder los hipervínculos se encuentren disponibles libremente en otro sitio de Internet con el consentimiento del titular de los derechos de autor.

En tercer lugar, el 10 de noviembre de 2016, en la sentencia Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU: C:2016:856), el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre si el régimen de préstamo de libros en forma digital, por bibliotecas públicas, puede asimilarse al de préstamo de libros tradicionales, a la luz de lo dispuesto en la Directiva 2006/115.[2] En el litigio principal se enfrentaban una asociación que agrupa a las bibliotecas públicas neerlandesas y una fundación encargada del cobro de las remuneraciones debidas a los autores en relación con una posible infracción de sus derechos exclusivos en materia de alquiler y préstamo de las obras.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia declaró que no hay razón decisiva alguna que permita excluir en cualquier supuesto el préstamo de copias digitales y de objetos intangibles del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/115. En segundo lugar, comprobó si el préstamo público de una copia de libro en forma digital, según el modelo «one copy, one user», puede estar comprendido en el ámbito del artículo 6, apartado 1,de la Directiva, que establece la posibilidad de una excepción a los derechos exclusivos de los autores para los préstamos públicos mediante una remuneración equitativa. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia declaró que, dada la importancia de los préstamos públicos de libros digitales y a fin de salvaguardar tanto el efecto útil de dicha excepción para el préstamo público como su contribución a la promoción cultural, no cabe excluir que se aplique en el supuesto de que la operación realizada por una biblioteca accesible al público presente características comparables, en esencia, a las de los préstamos de obras impresas. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia consideró que el concepto de «préstamo» en el sentido de la Directiva 2006/115 abarca también el préstamo de una copia de un libro en forma digital, según el modelo «one copy,one user». Los Estados miembros pueden establecer condiciones adicionales que mejoren la protección de los derechos de los autores más allá de lo expresamente previsto en la Directiva 2006/115. En el caso de autos, la legislación neerlandesa exige que la copia del libro en forma digital que pone a disposición la biblioteca pública haya sido comercializada mediante una primera venta u otra forma de transmisión de la propiedad de esa copia en la Unión por el titular del derecho de distribución o con su consentimiento. Según el Tribunal de Justicia, tal condición adicional debe considerarse compatible con la citada Directiva.

Por último, por lo que respecta al supuesto de que una copia de un libro en forma digital se haya obtenido de una fuente ilegal, el Tribunal de Justicia recordó que uno de los objetivos de la Directiva 2006/115 es la lucha contra la piratería y destacó que admitir el préstamo de tal copia puede causar un perjuicio injustificado a los titulares de los derechos de autor. En consecuencia, según el Tribunal de Justicia, la excepción de préstamo público no se aplica a la puesta a disposición por una biblioteca pública de una copia de un libro en forma digital cuando esa copia se haya obtenido de una fuente ilegal.

En cuarto lugar, en la sentencia Soulier y Doke (C–301/15, EU:C:2016:878), dictada el 16 de noviembre de 2016, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el derecho de oposición de los autores a la reproducción y a la comunicación al público, en forma digital, de libros no disponibles en el comercio, a la luz de lo dispuesto en la Directiva 2001/29.[3] En el litigio principal se enfrentaban dos autores franceses y la República Francesa en relación con la legalidad de un decreto relativo a la explotación digital de los libros publicados antes de 2001 y que ya no se comercializan ni publican.

A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 2, letra a), y 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 se oponen a que una normativa nacional atribuya a una sociedad de recaudación y distribución de derechos de autor reconocida el ejercicio del derecho a autorizar la reproducción y la comunicación al público, en formato digital, de libros «no disponibles», al mismo tiempo que permite a los autores o a los derechohabientes de tales libros oponerse o poner fin a dicho ejercicio, en el plazo de seis meses desde la inscripción de tales libros en una base de datos creada al efecto. Sin perjuicio de las excepciones y limitaciones expresamente establecidas en la citada Directiva, los autores tienen derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción y la comunicación al público de sus obras. En estas circunstancias, para que sea admisible el consentimiento previo implícito de un autor a la utilización de una de sus obras, todo autor debe ser informado de forma efectiva de la futura utilización de su obra por parte de un tercero y de los medios puestos a su disposición para prohibirlo si lo desea.

En el presente caso, dados los requisitos formales y sustanciales establecidos en la normativa francesa para oponerse o poner fin al ejercicio del derecho en cuestión por la sociedad reconocida de que se trata, el Tribunal de Justicia consideró que dicha normativa no garantiza una información efectiva e individualizada de los autores, aun cuando no cabe considerar que la mera falta de oposición por su parte exprese su consentimiento implícito a la utilización de sus obras, tanto más cuanto que no cabe presumir que, a falta de oposición por su parte, todos los autores de los libros «olvidados» estén a favor de la «resurrección» de sus obras en formato digital. Por otra parte, el derecho del autor a poner fin a la explotación futura de su obra en formato digital debe poder ejercerse sin que deba depender de la voluntad concordante de otras

personas distintas de aquellas a las que ese autor autorizó a llevar a cabo tal explotación digital. En particular, el autor de una obra debe poder poner fin a dicha explotación sin que deba someterse con carácter previo a la formalidad consistente en acreditar que otras personas no son titulares de otros derechos sobre dicha obra, como los que tienen por objeto su explotación en formato impreso.

En quinto lugar, la sentencia United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), pronunciada el 28 de julio de 2016, dio ocasión al Tribunal de Justicia para interpretar los conceptos de «costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas» y de «demás gastos» a efectos del artículo 14 de la Directiva 2004/48.[4]

Según este artículo, tales costas y gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corren, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad. El litigio principal, que versaba en origen sobre una violación de patente, sólo se refería a las costas que debían abonarse a la parte ganadora. Esta impugnaba la conformidad con dicho artículo de una normativa nacional que, al mismo tiempo que atribuye al juez la posibilidad de tener en cuenta las características específicas del asunto, por una parte establece un sistema de tarifas a tanto alzado que fija un límite máximo de reembolso en materia de costas correspondientes a la asistencia de letrado y, por otra parte sólo prevé el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa. Por lo que respecta a las tarifas a tanto alzado para el reembolso de los honorarios de abogado, el Tribunal de Justicia consideró que una normativa que establezca tales tarifas podría estar justificada en principio, a condición de que tuviera como finalidad garantizar el carácter razonable de los gastos que hubieran de abonarse, habida cuenta de factores tales como el objeto del litigio, la cuantía del mismo o la cantidad de trabajo necesaria para la defensa del derecho de que se trate. En cambio, carecería de justificación una normativa que imponga tarifas a tanto alzado muy inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en el Estado miembro de que se trate. Además, en la medida en que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 establece que las costas procesales deben ser «proporcionadas», se opone a una normativa nacional que establezca tarifas a tanto alzado que, debido a los importes muy poco elevados que figuren en ellas, no garanticen que corra a cargo de la parte vencida, cuando menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio.

Por lo que se refiere a los gastos correspondientes a la asistencia de un asesor técnico, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa, toda vez que dichos servicios, con independencia de su naturaleza, resultan indispensables para poder ejercitar adecuadamente una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual. En efecto, dichos gastos forman parte de los «demás gastos» directa y estrechamente vinculados a tal acción que, en virtud de la citada disposición, deben correr a cargo de la parte vencida.

2.- MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

2.1.- AUTONOMÍA DEL SISTEMA DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

En la sentencia de 18 de marzo de 2016, Karl-May-Verlag/OAMI-Constantin Film Produktion (WINNETOU) (T‑501/13, EU:T:2016:161), el Tribunal estimó procedente recordar los principios de autonomía y de independencia del régimen de las marcas de la Unión Europea. Para  fundamentar su recurso, la demandante alegaba en particular que la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) había vulnerado dichos principios al basar su resolución exclusivamente en las de los órganos jurisdiccionales alemanes, sin proceder a una apreciación autónoma a la luz de los criterios establecidos a este respecto en el Derecho de marcas de la Unión Europea.

A este respecto, el Tribunal resuelve que, a excepción del supuesto previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009,[5] en el que la EUIPO está obligada a aplicar el derecho nacional, incluida la jurisprudencia nacional pertinente, esa Oficina o el Tribunal no pueden estar vinculados por las resoluciones de las autoridades o de los tribunales nacionales. En efecto, el régimen de las marcas de la Unión es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas que persigue objetivos que le son específicos y cuya  aplicación es independiente de cualquier sistema nacional. Ninguna disposición del Reglamento n.º 207/2009 obliga a la EUIPO o, en caso de recurso, al Tribunal a alcanzar resultados idénticos a los logrados por los órganos administrativos o judiciales nacionales en una situación similar. Si bien la EUIPO no está vinculada por las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales, dichas resoluciones, sin ser vinculantes ni decisivas, pueden, no obstante, ser tomadas en consideración por la EUIPO, como indicios, dentro de la apreciación de los hechos del asunto.

Ahora bien, en ese asunto el Tribunal aprecia que la Sala de Recurso reprodujo las consideraciones recogidas en la jurisprudencia alemana en lo que respecta al carácter registrable del signo en cuestión, a la percepción de dicho signo y al carácter descriptivo de la marca controvertida respecto a los productos y servicios de que se trata, sin llevar a cabo una apreciación autónoma a la luz de los argumentos y datos presentados por las partes. Concluye que esa Sala incurrió en un error de Derecho al atribuir a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales alemanes no un valor indicativo como indicios en el marco de la apreciación de los hechos de ese asunto, sino un valor imperativo en cuanto al carácter registrable de la marca controvertida.

2.2.- MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Merecen especial atención cinco sentencias de este año referidas a los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

2.2.1.- Apreciación de oficio por la sala de recurso

En la sentencia de 28 de septiembre de 2016, European Food/EUIPO-Société des produits Nestlé (FITNESS) (T‑476/15, recurrida en casación,[6] EU:T:2016:568),[7] el Tribunal debía pronunciarse sobre si la EUIPO estaba obligada, en los procedimientos de nulidad iniciado por motivos de denegación absolutos, a examinar de oficio los hechos pertinentes, así como sobre la cuestión de si las Salas de Recurso, en ese contexto, podían no tener en cuenta pruebas aportadas extemporáneamente.

Tras recordar las diferencias existentes entre el procedimiento de examen de los motivos de denegación absolutos de una solicitud de registro y el procedimiento de oposición por motivos de denegación relativos, el Tribunal destaca que, según el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, al examinar los motivos de denegación absolutos, las Salas de Recurso de la EUIPO deben realizar el examen de oficio de los hechos para determinar si la marca cuyo registro se solicita incurre o no en alguno de los motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7 de dicho Reglamento. Precisa, sin embargo, que el marco de un procedimiento de nulidad, iniciado a instancia de parte, la EUIPO no puede verse constreñida a efectuar de nuevo el examen de oficio de los hechos pertinentes que realizó el examinador que puedan llevar a la aplicación de los motivos de denegación absolutos. En efecto, tal como resulta de lo dispuesto en los artículos 52 y 55 del mismo Reglamento, la marca de la Unión, hasta que sea declarada nula por la EUIPO, goza de una presunción de validez que limita la obligación de la EUIPO, recogida en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, de examinar de oficio los hechos pertinentes. Pues bien, en el contexto de un procedimiento de nulidad, dado que la marca de la Unión Europea registrada se presume válida, corresponde a la persona que presente la solicitud de nulidad invocar ante la OAMI los elementos concretos que pudieran cuestionar su validez.

2.2.2.- Obligación de motivación

En la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) (T‑529/15, EU:T:2016:747), el Tribunal pudo precisar el alcance de la obligación de la EUIPO de motivar una decisión de denegación de registro de una marca de la Unión Europea.

A este respecto, el Tribunal indica que el examen de los motivos de denegación formulados contra una solicitud de marca debe referirse a cada uno de los productos o cada uno de los servicios para los que se solicita el registro de la marca. Cuando se hace valer el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la motivación puede ser global para todos los productos o servicios de que se trate. Sin embargo, dicha facultad sólo comprende productos y servicios que tienen entre sí una relación suficientemente directa y concreta, hasta el punto de que formen una categoría o un grupo de productos o de servicios de homogeneidad suficiente. El mero hecho de que los productos o los servicios de que se trate estén comprendidos en la misma clase según lo previsto en el Arreglo de Niza[8] no es  suficiente para apreciar esa homogeneidad, ya que a menudo tales clases contienen una gran variedad de productos o de servicios que no necesariamente tienen entre sí tal relación suficientemente directa y concreta.

El Tribunal precisa que la homogeneidad de los productos o servicios se aprecia respecto del motivo concreto de denegación opuesto a la solicitud de marca de que se trate. Es posible realizar una motivación global para los productos y servicios que presenten entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto, hasta el punto de formar una categoría de una homogeneidad suficiente como para permitir que todas las consideraciones de hecho y de Derecho que constituyen la motivación de la resolución controvertida expliquen satisfactoriamente el razonamiento seguido para cada uno de los productos y servicios de dicha categoría y puedan aplicarse indistintamente a cada uno de esos productos y servicios.

2.2.3.- Mala fe

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396), el Tribunal debía resolver un recurso contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO por la que se confirmaba la apreciación de la División de Anulación según la cual la demandante había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. Según la Sala de Recurso, el titular sólo había solicitado ese registro con el fin de oponerse a la solicitud de registro, presentada por un tercero, de otra marca de la Unión Europea sacar provecho económico de dicha oposición.

El Tribunal recuerda que el concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. En particular, hay mala fe cuando una solicitud de registro se aparta de su finalidad inicial y se presenta con carácter especulativo, o únicamente para obtener compensaciones financieras.

El Tribunal precisa asimismo que la demandante no formuló argumentos dirigidos a rebatir la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, para apreciar si había actuado de mala fe, debía tenerse en cuenta no sólo su propio comportamiento, sino también el de su representante y el de las sociedades vinculadas a éste. En ese asunto, el representante de la demandante seguía una estrategia de presentación de solicitudes consistente en encadenar, cada seis meses, solicitudes de registro de marcas nacionales en dos Estados miembros, sin pagar las tasas de solicitud, con el fin de adquirir una posición de bloqueo. Cuando un tercero solicitaba el registro de una marca de la Unión idéntica o similar, el representante de la demandante solicitaba el registro de una marca de la Unión y reivindicaba la prioridad de dicha marca, basándose en el último eslabón de la cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales. Según el Tribunal, tal comportamiento no es conforme a los objetivos del Reglamento n.º 207/2009, puesto que con dicho comportamiento se pretende eludir el plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29 de dicho Reglamento y el período de gracia de cinco años previsto en su artículo 51, apartado 1, letra a). En estas circunstancias, la Sala de Recurso podía legítimamente considerar que esta estrategia de presentación de solicitudes tenía el único objeto de oponerse a las solicitudes de registro realizadas por terceros y obtener las correspondientes ventajas económicas.

2.2.4.- Indicación geográfica

En la sentencia de 20 de julio de 2016, Internet Consulting/EUIPO-Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T‑11/15, EU:T:2016:422), el Tribunal se pronunció sobre la aplicación del motivo de denegación absoluto basado en el carácter descriptivo de una marca, previsto en el artículo 7, apartado 1,letra c), del Reglamento n.º 207/2009, a las marcas constituidas por indicaciones geográficas de procedencia.

En el asunto que dio origen a esta sentencia, el Tribunal debía examinar la legalidad de la resolución mediante la cual la Gran Sala de Recurso de la EUIPO había estimado el recurso de la coadyuvante y declarado la nulidad de la marca controvertida.

En primer lugar, el Tribunal rechaza el motivo según el cual la coadyuvante, como entidad de Derecho público, no está legitimada para presentar una solicitud de nulidad de la marca impugnada. A este respecto, señala que las causas de caducidad y de nulidad y, en particular, las de nulidad absoluta en el sentido del artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009 pueden ser invocadas por cualquier persona, independientemente de su estatuto privado o público, siempre que la citada persona «tenga capacidad procesal», de conformidad con el artículo 56, apartado 1, letra a), in fine del citado Reglamento.

Seguidamente, en respuesta a la alegación de la demandante, según la cual la Gran Sala de Recurso infringió las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 al considerar que la marca controvertida constituía una indicación geográfica de procedencia de un lugar conocido por el público pertinente que informaba de la procedencia geográfica de los servicios de que se trata, y no de su origen comercial, el Tribunal observa que el artículo 7, apartado 1, letra c), de este Reglamento tiene por objeto evitar que un actor económico monopolice una indicación geográfica de procedencia en perjuicio de sus competidores. A este respecto, si bien la Gran Sala de Recurso está obligada en principio a examinar la pertinencia de la indicación geográfica de procedencia para esas relaciones de competencia examinando el vínculo entre dicha procedencia y los productos y los servicios para los que la marca se solicita, antes de poder denegar su registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, no es menos cierto que la intensidad de dicha obligación puede variar en función de varios factores, como el alcance, el renombre o la naturaleza de la indicación geográfica de procedencia de que se trate. En ese caso, no resulta controvertido que debe considerarse que la probabilidad de que la indicación geográfica de procedencia en cuestión pueda influir en las relaciones de competencia es elevada, por los sentimientos positivos que la referencia a Tirol del Sur(Italia) puede suscitar con ocasión de la comercialización de los servicios de que se trata. El Tribunal destaca, asimismo, que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 no se opone al registro de nombres geográficos que sean desconocidos en los sectores interesados. Ahora bien, los servicios a que se refiere la marca controvertida no presentan ninguna característica particular que pueda llevar al público pertinente a no asociar la indicación geográfica a la procedencia geográfica de tales servicios. De lo anterior se sigue que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 es contrario al registro de la indicación geográfica en cuestión, conocida en los sectores interesados como designación de una región geográfica.

Por último, el Tribunal recuerda que, según el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el derecho conferido por la marca de la Unión Europea no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico de indicaciones relativas a la procedencia geográfica. Esta disposición tiene por objeto permitir, en particular, que la utilización de una indicación relativa a la procedencia geográfica que constituye, además, un elemento de una marca compuesta, no caiga en la prohibición del artículo 9 del citado Reglamento. No obstante, el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no confiere a los terceros el derecho a utilizar dicho nombre como marca, sino que se limita a garantizar que puedan utilizarlo de manera descriptiva, a saber, como indicación relativa a la procedencia geográfica, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

2.2.5.- Marcas sonoras

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicação e Participações/ EUIPO (marca sonora) (T‑408/15, EU:T:2016:468), se presentó ante el Tribunal un recurso solicitando la anulación de la resolución por la que la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO rechazó la solicitud de registro de una marca sonora como marca de la Unión Europea para, en particular, soportes de difusión de información por vía electrónica, oral y televisiva, por entender que carecía de carácter distintivo.

Basándose en la sentencia Shield Mark,[9] el Tribunal comienza apuntando que el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los sonidos pueden constituir marcas, siempre que, además, puedan ser objeto de representación gráfica, y que no resulta controvertido que la indicación de notas musicales en un pentagrama, acompañada de una clave, de silencios y alteraciones, como sucedía en ese asunto, sea una representación gráfica.

Por lo que se refiere al carácter distintivo de la marca solicitada, el Tribunal señala que, aunque el público suela percibir las marcas denominativas o figurativas como signos que identifican el origen comercial de los productos o servicios, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo está constituido únicamente por un elemento sonoro. No obstante, en el caso de determinados productos y servicios vinculados, por una parte, al sector de la tele o la radiodifusión así como a la telefonía y, por otra parte, al sector de los soportes informáticos, el software o los medios de comunicación en general, no sólo no es inhabitual, sino incluso frecuente, que un producto o servicio perteneciente a esos sectores sea identificado por el consumidor gracias a elementos sonoros ―como sintonías o melodías― que les atribuyen una procedencia empresarial determinada. Por otra parte, según el Tribunal, es necesario que el signo sonoro cuyo registro se solicita posea cierta fuerza que permita al consumidor pertinente percibirlo y considerarlo como marca y no como elemento de carácter funcional o indicador sin características intrínsecas propias. Por tanto, un signo sonoro que sólo sea capaz de designar la mera combinación corriente de las notas que lo componen no permite al consumidor pertinente entenderlo en su función identificativa de los productos y servicios de que se trata, puesto que se limita a producir un mero «efecto espejo» en el sentido de que únicamente remite a sí mismo y a nada más. A la luz de estas consideraciones, el Tribunal concluye que, dado que la marca solicitada se resume en un timbre de alarma que no presenta ninguna característica intrínseca distinta de la repetición de la nota que lo compone (dos notas de sol sostenido) y que permita distinguir algo diferente de ese timbre de alarma o de teléfono, dicha marca por lo general pasará desapercibida y el consumidor de referencia no la memorizará. En estas circunstancias, el Tribunal aprecia que la EUIPO no incurrió en ningún error al rechazar el registro de la marca solicitada por entender que carece de carácter distintivo.

2.2.6.- Aportación de pruebas

En la sentencia de 28 de septiembre de 2016, FITNESS (T‑476/15, recurrida en casación,[10] EU:T:2016:568),[11] el Tribunal consideró que, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO puede no tener en cuenta hechos que las partes no hayan alegado o pruebas que no hayan presentado dentro de plazo. No obstante, de la regla 37, letra b), inciso iv), del Reglamento n.º 2868/95[12] no se desprende en absoluto que la Sala de Recurso esté obligada a considerar como extemporáneas las pruebas que no se aportaron ante la División de Anulación. En efecto, dicha regla se limita a precisar que la solicitud de nulidad debe incluir la indicación de las pruebas en las que se basa. El Tribunal observa, asimismo, que, a diferencia de determinadas disposiciones que regulan los plazos, así como las consecuencias del incumplimiento de éstos, aplicables a los procedimientos de oposición, de caducidad y de nulidad en relación con motivos de denegación relativos, los Reglamentos nos 207/2009 y 2868/95 no contienen ninguna disposición en la que se establezca un plazo para la presentación de las pruebas en el marco de una solicitud de nulidad en relación con un motivo de denegación absoluto. A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que el artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009, en relación con la regla 37, letra b), inciso iv), del Reglamento n.º 2868/95, no implica que la Sala de Recurso deba considerar como extemporáneas pruebas que se presentaron por primera vez ante ella, en el marco de un procedimiento de nulidad en relación con un motivo de denegación absoluto.

Por último, el Tribunal señala que, si bien es cierto que el procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos se inicia a instancia de parte, a tenor del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, no es menos cierto que esta disposición remite directamente a los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7 de dicho Reglamento, que persiguen objetivos de interés general. Por otra parte, el procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos tiene por objeto, en particular, permitir que la EUIPO revise la validez del registro de una marca y adopte una posición que, en su caso, debería haber adoptado de oficio con arreglo al artículo 37 de dicho Reglamento.

En consecuencia, según el Tribunal, la aplicación por analogía de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95 a un procedimiento de nulidad en relación con motivos absolutos iría en contra del interés general perseguido por lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009.

3.- MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS

Los procedimientos relacionados con los motivos de denegación relativos han dado lugar a diferentes resoluciones del Tribunal que merecen una especial atención.

3.1. Apreciación de oficio por la sala de recurso

En la sentencia de 13 de diciembre de 2016, Sovena Portugal-Consumer Goods/EUIPO- Mueloliva (FONTOLIVA) (T‑24/16, EU:T:2016:726), el Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse sobre la existencia de la obligación de las Salas de Recurso de suscitar de oficio la cuestión de la expiración de la validez del registro de una marca. Se interpuso ante el Tribunal un recurso contra la resolución por la que la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la resolución de la División de Oposición en la que ésta concluyó que existía riesgo de confusión entre la marca denominativa cuyo registro se solicitaba por la demandante y una marca nacional denominativa anterior. La demandante sostenía en particular que, cuando la Sala de Recurso confirmó la procedencia de la oposición, el registro de la marca nacional anterior no había sido objeto de renovación y que, por tanto, su validez había expirado.

Según el Tribunal, ni del artículo 41, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 ni de la regla 19, apartados 1 y 2, letra a), inciso ii), ni de la regla 50, apartado 1, párrafos primero y tercero, del Reglamento n.º 2868/95, ni de otras disposiciones procesales aplicables se desprende que una Sala de Recurso que conoce de un recurso contra una resolución de una División de Oposición que se haya pronunciado sobre un motivo relativo de denegación de registro esté obligada a plantear de oficio la cuestión de la pérdida de validez del registro de la marca anterior tras la expiración del plazo fijado por la División de Oposición a la parte que presente oposición para que aporte la prueba de dicha validez. Además, ninguna de estas disposiciones puede interpretarse en el sentido de que obligue a la parte que presente oposición a aportar por propia iniciativa la prueba de que el registro de la marca anterior sigue siendo válido hasta el momento en que la Sala de Recurso se pronuncie. No obstante, estas afirmaciones deben entenderse sin perjuicio de que el solicitante de la marca que ha sido objeto de oposición tenga la posibilidad de alegar ante la Sala de Recurso que la parte que presenta oposición no ha aportado la prueba del mantenimiento de la validez del registro de la marca anterior durante un período razonable, teniendo en cuenta el procedimiento ante la Sala de Recurso, con el fin de incitar a aquélla a responder sobre este particular y a la Sala de Recurso a tener en cuenta la situación. En ese asunto, sin embargo, la solicitante de la marca no planteó ante la Sala de Recurso la cuestión del mantenimiento de la validez del registro de la marca nacional anterior, siendo así que el año durante el cual ese registro expiraba y debía, en su caso, ser renovado, estaba próximo o incluso ya se había iniciado.

La demandante podría haberla planteado aún en ese momento apoyándose en lo dispuesto en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, según el cual la «[EUIPO] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo». Así pues, concluye el Tribunal, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta la posible falta de renovación del registro de la marca nacional anterior, en la que se basaba la oposición, cuando adoptó la resolución impugnada, independientemente de cuál haya sido en definitiva la fecha de fin de validez de ese registro con arreglo al Derecho nacional.

3.2.- Medios de prueba

En la sentencia de 5 de febrero de 2016, Kicktipp/OAMI-Società Italiana Calzature (kicktipp) (T‑135/14, EU:T:2016:69), el Tribunal se pronunció sobre la interpretación de la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.º 2868/95 en relación con la cuestión de las pruebas que la parte que presenta oposición debe aportar para demostrar la existencia, la validez y el ámbito de la protección de su marca anterior.

A este respecto, el Tribunal recuerda que, según el tenor de la primera parte de la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 2868/95, en su versión francesa, la parte que presente oposición tiene que facilitar el certificado de registro «et» (y), en su caso, el último certificado de renovación de una marca anterior registrada que no sea una marca de la Unión Europea. Así pues, la parte que presente oposición debe aportar, en principio, el certificado de registro, incluso si presenta el certificado de renovación. Según la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), in fine, del Reglamento n.º 2868/95, la parte que presente oposición cuenta asimismo con la posibilidad de aportar cualquier otro «documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca». El Tribunal estima que debe interpretarse esta disposición en el sentido de que la posibilidad de aportar un documento equivalente no se refiere solamente al certificado de renovación, sino también al certificado de registro. Es igualmente posible que el certificado de renovación constituya al mismo tiempo un «documento equivalente» al certificado de registro. En consecuencia, la presentación de un certificado de renovación es suficiente para demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca en la que se basa la oposición, si contiene toda la información necesaria a tal efecto.

El Tribunal precisa, asimismo, que, cuando la renovación se ha solicitado oportunamente, pero la autoridad competente aún no ha resuelto tal solicitud, basta con presentar un certificado que acredite la solicitud, si es emitido por la autoridad competente y contiene toda la información necesaria relativa al registro de la marca, tal como resultaría de un certificado de registro. En cambio, cuando la marca en la que se basa una oposición está registrada, ya no basta, según la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 2868/95, con aportar el certificado de presentación. Es necesario entonces facilitar el certificado de registro o un documento equivalente. Asimismo, no basta con aportar un certificado que acredite la presentación de una solicitud de renovación cuando se ha efectuado la renovación.

En la sentencia de 9 de septiembre de 2016, Puma/EUIPO-Gemma Group (Representación de un felino saltando) (T‑159/15, recurrida en casación,[13] EU:T:2016:457), el Tribunal tuvo ocasión de hacer algunas precisiones acerca de la jurisprudencia referida a la obligación de la EUIPO, a la luz de los principios de igualdad de trato y de buena administración, de tomar en consideración su práctica decisoria anterior.

Para fundamentar su recurso, la demandante invocaba el error de Derecho en que, a su juicio, la Quinta Sala de recurso había incurrido al separarse de la práctica decisoria de la EUIPO en materia de notoriedad de las marcas anteriores, esgrimida en apoyo de la oposición.

Tras destacar que, según el artículo 41, apartado 2, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a una buena administración incluye, en particular, la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones, el Tribunal recuerda que, según la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI,[14] resulta de los principios de igualdad de trato y de buena administración que la EUIPO debe tomar en consideración, en el marco de la instrucción de una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea, las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido. No obstante, los principios de igualdad de trato y de buena administración deben conciliarse con el respeto de la legalidad. Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto y tener lugar en cada caso concreto.

En ese asunto, por una parte, el Tribunal señala que la EUIPO había constatado la notoriedad de las marcas anteriores en tres resoluciones recientes, que diversas resoluciones nacionales corroboraban, y que tales resoluciones se referían a las mismas marcas anteriores, a productos idénticos o similares a los del presente asunto y a algunos de los Estados miembros mencionados en ese asunto. Por otra parte, el Tribunal destaca que la constatación de la notoriedad de las marcas anteriores es una constatación de hecho que no depende de la marca solicitada de que se trate. A mayor abundamiento, resulta de la sentencia Budziewska/OAMI — Puma (felino saltando),[15] invocada por la demandante, que el dibujo o modelo anterior goza de renombre.

En esas circunstancias, el Tribunal considera que, a la luz de la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI[16] y a la obligación de motivación que incumbe a la Sala de Recurso, ésta no podía separarse de la práctica seguida por la EUIPO en resoluciones anteriores sin ofrecer la menor explicación en cuanto a las razones que la habían llevado a considerar que las constataciones de hecho sobre la notoriedad de las marcas anteriores formuladas en esas resoluciones no eran pertinentes o habían dejado de serlo. A este respecto, el Tribunal rechaza la alegación de la EUIPO según la cual las resoluciones invocadas por la demandante no debían ser tomadas en consideración por no ir acompañadas de las pruebas del renombre de las marcas anteriores aportadas en el marco de esos procedimientos. En efecto, la Sala de Recurso disponía de una facultad de apreciación para decidir si procedía o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no fueron presentados dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición.

En ese contexto, la Sala de Recurso hubiera debido, con arreglo al principio de buena administración, bien solicitar a la demandante que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores, bien exponer las razones por las que estimaba que en el presente asunto procedía rechazar las constataciones efectuadas en esas resoluciones previas en cuanto a dicha notoriedad. Dado que la Sala de Recurso no había observado esas exigencias, procede apreciar la existencia de una vulneración del principio de buena administración, y en particular de la obligación de la EUIPO de motivar sus resoluciones.

3.3.- Caducidad por tolerancia

En la sentencia de 20 de abril de 2016, Tronios Group International/EUIPO-Sky (SkyTec) (T‑77/15, EU:T:2016:226), el Tribunal pudo aportar precisiones acerca de la determinación del momento de inicio del plazo de caducidad por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión, en el sentido del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

A este respecto, el Tribunal comienza recordando que deben concurrir cuatro requisitos para que se inicie el cómputo del plazo de caducidad por tolerancia en tal caso. En primer lugar, la marca posterior debe registrarse; en segundo lugar, la presentación de la solicitud de su registro debe haber sido efectuada de buena fe por su titular; en tercer lugar, debe ser utilizada en el Estado miembro en el que la marca anterior esté protegida, y, por último, en cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de esta marca posterior una vez registrada. El Tribunal indica seguidamente que el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca posterior de la Unión durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición frente a dicha marca. Este precepto, por lo tanto, pretende conseguir un equilibrio adecuado entre el interés del titular de la marca en salvaguardar la función esencial de ésta y el de los demás operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios. Este objetivo implica que, para proteger esa función esencial, el titular de la marca anterior debe hallarse en condiciones de oponerse al uso de una marca posterior idéntica o similar a la suya.

Así pues, de la interpretación teleológica del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que la fecha pertinente para calcular el punto de partida del plazo de caducidad es la del conocimiento del uso de la marca en cuestión. Esta interpretación exige que el titular de la marca posterior aporte la prueba de que existe un conocimiento efectivo del uso de dicha marca por parte del titular de la marca anterior, a falta de la cual este último no estaría en situación de oponerse al uso de la marca posterior. Según el Tribunal, procede a este respecto tener en cuenta la regla análoga de caducidad por tolerancia prevista en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE,[17] sustituido por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE.[18]

3.4.- Cuestiones de procedimiento

En la sentencia de 4 de febrero de 2016, Meica/OAMI- Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (T‑247/14, recurrida en casación[19], EU:T:2016:64), el Tribunal hizo algunas precisiones acerca de los requisitos de admisibilidad de las pretensiones por las que la parte demandada en un procedimiento inter partes ante la Sala de Recurso solicita la modificación de la resolución de la División de Oposición impugnada por la parte coadyuvante. En ese asunto, la Sala de Recurso había declarado inadmisibles tales pretensiones por la razón de que no cumplían los requisitos relativos tanto al plazo para recurrir como al pago de la tasa de recurso establecidos en el artículo 60 del Reglamento n.º 207/2009 y ampliaban el ámbito del recurso, por cuanto se referían a un punto de la resolución impugnada que no había sido planteado en el recurso presentado por la parte coadyuvante.

A este respecto, el Tribunal señala que del tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 216/96[20] se desprende que la parte demandada, en un procedimiento inter partes, puede  formular ante la Sala de Recurso pretensiones de anulación o modificación de una resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso. No obstante, estas pretensiones, que la parte demandada debe formular en el escrito de contestación, quedarán sin objeto en caso de desistimiento del demandante ante la Sala de Recurso. Por tanto, para impugnar una resolución de la División de Oposición, el recurso autónomo establecido en el artículo 60 del Reglamento n.º 207/2009 es la única vía de recurso que permite a una parte hacer valer con seguridad las propias alegaciones. De esto se deriva que las pretensiones de anulación o de modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 216/96, son distintas del recurso previsto en el artículo 60 del Reglamento n.º 207/2009.

De este modo, los requisitos relativos al plazo para recurrir y a la tasa de recurso establecidos en el artículo 60 del Reglamento n.º 207/2009 no se aplican a las pretensiones basadas en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 216/96. En ese asunto, la demandante, con arreglo a esta última disposición, presentó, en el marco de su escrito de contestación y en el plazo establecido, pretensiones dirigidas a modificar la resolución de la División de Oposición con respecto a un punto no planteado por la parte coadyuvante. Para actuar de ese modo, la demandante no estaba obligada a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 60 del Reglamento n.º 207/2009. En consecuencia, la Sala de Recurso erró al declarar que dichas pretensiones eran inadmisibles.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 8 de junio de 2016, Monster Energy/EUIPO (Representación de un símbolo de paz) (T‑583/15, EU:T:2016:338), el Tribunal tuvo ocasión de precisar que la cuestión de la observancia del plazo para presentar un recurso ante el Tribunal es una cuestión para cuya apreciación es exclusivamente competente el juez de la Unión y que el no respeto de ese plazo no puede ser objeto de una petición de restitutio in integrum con fundamento en el artículo 81 del Reglamento n.º 207/2009. La demandante había formulado tal solicitud ante la EUIPO porque no había podido impugnar ante el Tribunal una resolución de una de sus Salas de Recurso en el plazo iniciado a partir de la notificación de esta resolución mediante fax, ya que sostenía no haber recibido ese fax. La Segunda Sala de Recurso de la EUIPO había considerado, confirmando la postura adoptada por la Secretaría de las Salas de Recurso, que no podía darse curso favorable a tal solicitud, puesto que el artículo 81 del Reglamento n.º 207/2009 se refiere únicamente a los plazos aplicables con respecto a la EUIPO y no a los plazos aplicables en lo que respecta al Tribunal. En el marco del recurso presentado ante el Tribunal, la demandante sostiene, por el contrario, que el legislador, al utilizar en esa disposición la expresión «un plazo con respecto a la Oficina», quiso referirse a los plazos «relativos a» la EUIPO o «en relación con» ella. Así pues, según la demandante, el plazo para interponer recurso ante el Tribunal guarda relación con la EUIPO por distintos motivos y su incumplimiento puede, en consecuencia, ser objeto de una petición de restitutio in integrum.

Sobre este punto, el Tribunal observa que el considerando 12 del Reglamento n.º 207/2009 indica que la creación de la EUIPO no debe suponer un menoscabo de las competencias ejercidas por las instituciones de la Unión, y que conferir a una de las instancias de la EUIPO la facultad de estimar una petición de restitutio in integrum respecto de un plazo para interponer recurso ante el Tribunal supondría una injerencia en las competencias de éste, que es el único juez que, sin perjuicio del control del Tribunal de Justicia, puede apreciar la admisibilidad de los recursos interpuestos ante él, de conformidad con los artículos 256 TFUE y 263 TFUE. En efecto, la admisibilidad es uno de los elementos de apreciación de los recursos cuyo examen compete al juez, tanto más cuanto que debe examinarlo de oficio. Por tanto, en circunstancias en las que un recurso interpuesto ante el Tribunal contra una resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO pueda ser declarado extemporáneo por el juez, no procede aplicar el artículo 81 del Reglamento n.º 207/2009 sobre la restitutio in integrum sino las disposiciones aplicables al juez, es decir, además del artículo 263 TFUE, el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según el cual «no cabrá oponer preclusión por expiración de los plazos cuando el interesado demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor».


[1] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

[2] Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28).

[3] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

[4] Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).

[5] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

[6] Asunto C‑634/16 P, EUIPO/European Food.

[7] Véanse, asimismo, las consideraciones dedicadas a esta sentencia en el apartado «6. Aportación de pruebas».

[8] Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

[9] Sentencia de 27 de noviembre de 2003, C‑283/01, EU:C:2003:641.

[10] Asunto C‑634/16 P, EUIPO/European Food.

[11] Véanse, asimismo, las consideraciones dedicadas a esta sentencia en el apartado «1. Apreciación de oficio por la Sala de Recurso».

[12] Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1).

[13] Asunto C‑564/16 P, EUIPO/Puma.

[14] Sentencia de 10 de marzo de 2011, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, en particular los apartados 74 a 77.

[15] Sentencia de 7 de noviembre de 2013, T‑666/11, no publicada, EU:T:2013:584.

[16] Sentencia de 10 de marzo de 2011, C‑51/10 P, EU:C:2011:139.

[17] Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

[18] Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

[19] Asunto C‑182/16 P, Meica/EUIPO.

[20] Reglamento (CE) n.º 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 1996, L 28, p. 11).

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1.- PROPIEDAD INTELECTUAL 2019

En el ámbito de los derechos de autor, tres sentencias dictadas el mismo día por la Gran Sala del Tribunal merecen ser reseñadas. Las dos primeras se refieren a los derechos exclusivos de los autores a la reproducción y a la comunicación al público de sus obras, en particular en Internet, y las excepciones y limitaciones a tales derechos. La tercera sentencia se refiere a los derechos exclusivos de los productores de fonogramas a la reproducción y a la distribución de sus fonogramas y las excepciones y limitaciones a tales derechos. Una cuarta sentencia se refiere a la cuestión de si el suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de «comunicación al público» en el sentido de la Directiva 2001/29[1] (en lo sucesivo, «Directiva sobre los derechos de autor»).

En la sentencia de 29 de julio de 2019, Funke Medien NRW (C-469/17, EU:2019:623), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, interpretó los derechos exclusivos de los autores a la reproducción y a la comunicación al público de sus obras y las excepciones y limitaciones a tales derechos, tal como están contemplados en la Directiva sobre los derechos de autor, en el contexto de la publicación en el portal de un periódico en Internet de informes de situación militar clasificados, elaborados por un Estado miembro.

El litigio principal oponía a la sociedad Funke Medien, que gestiona el portal del periódico alemán Westdeutsche Allgemeine Zeitung en Internet, y a la República Federal de Alemania, en relación con la publicación por Funke Medien de determinados informes de situación militar «clasificados, de difusión restringida», elaborados por el Gobierno alemán. La República Federal de Alemania, que consideró que Funke Medien había vulnerado sus derechos de autor sobre dichos informes, interpuso una acción de cesación dirigida contra esta sociedad, que fue estimada por un tribunal regional y confirmada después en apelación por un tribunal superior regional. En su recurso de casación, interpuesto ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), Funke Medien mantuvo su pretensión de desestimación de la acción de cesación.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recordó que los informes de situación militar solo pueden quedar amparados por los derechos de autor si se cumple el requisito de que esos informes constituyan una creación intelectual de su autor que refleje la personalidad de este y se manifieste por las decisiones libres y creativas que este haya tomado durante la elaboración de dichos informes. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en cada caso concreto, si se cumple este requisito.

Para empezar, por lo que respecta a la cuestión de si las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de autor dejan a los Estados miembros algún margen de apreciación para su transposición al Derecho nacional, el Tribunal de Justicia estimó que aquellas disposiciones que establecen derechos exclusivos de los autores a la reproducción[2] y a la comunicación al público de sus obras[3] constituyen medidas de armonización completa del contenido material de los derechos que contemplan. En cambio, el Tribunal de Justicia consideró que las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de autor que establecen excepciones a dichos derechos en relación con la información sobre acontecimientos de actualidad y las citas[4] no constituyen medidas de armonización completa del alcance de las excepciones o limitaciones que contienen. Sin embargo, el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros a la hora de aplicar dichas disposiciones ha de utilizarse dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión, a fin de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el interés de los titulares de derechos en la protección de su derecho de propiedad intelectual,[5] garantizado por la Carta, y, por otro lado, los derechos e intereses de los usuarios de obras o prestaciones protegidas, en particular, de su libertad de expresión y de información,[6] igualmente garantizada por la Carta, así como del interés general.

A continuación, por lo que respecta a la libertad de expresión y de información, el Tribunal de Justicia puntualizó que tal libertad no puede justificar, al margen de las excepciones y limitaciones establecidas en la Directiva sobre los derechos de autor[7], una excepción a los derechos exclusivos de los autores a la reproducción y a la comunicación al público de sus obras distinta de la contemplada en esta Directiva. A este respecto, recordó que la lista de excepciones y limitaciones de dicha Directiva sobre los derechos de autor tiene carácter exhaustivo.

Por último, según el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de la ponderación que le corresponde realizar, a la luz del conjunto de circunstancias del asunto de que se trate, entre los derechos exclusivos de los autores a la reproducción y a la comunicación al público de sus obras, por un lado, y los derechos de los usuarios de prestaciones protegidas a los que se refieren las excepciones de la Directiva sobre los derechos de autor relativas a la información sobre acontecimientos de actualidad y a las citas, por otro lado, debe basarse en una interpretación de esas excepciones que, respetando su tenor y salvaguardando su efecto útil, sea plenamente conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta.

En la sentencia de 29 de julio de 2019, Spiegel Online (C-516/17, EU:C:2019:625), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, interpretó igualmente los derechos exclusivos de los autores a la reproducción y a la comunicación al público de sus obras y las excepciones y limitaciones a tales derechos, tal como están contemplados en la Directiva sobre los derechos de autor, pero esta vez en el contexto de la publicación en un portal informativo en Internet de un manuscrito y de un artículo publicado en una recopilación mediante hipervínculos.

El litigio principal oponía a la sociedad Spiegel Online, que gestiona el portal informativo del mismo nombre en Internet, y al Sr. Volker Beck, que era miembro del Bundestag (Cámara Baja del Parlamento Federal, Alemania), en relación con la publicación por Spiegel Online, en su sitio de Internet, de un manuscrito del Sr. Beck y de un artículo publicado por este último en una recopilación. El Sr. Beck impugnó ante un tribunal regional la puesta a disposición de los textos completos del manuscrito y del artículo en el sitio de Internet de Spiegel Online, al considerar que constituía una vulneración de los derechos de autor. Dicho tribunal estimó las pretensiones del Sr. Beck. Spiegel Online, al ver desestimado su recurso de apelación, interpuso un recurso de casación ante el tribunal remitente.

Al tener que pronunciarse sobre la cuestión de si las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de autor que establecen excepciones a los derechos exclusivos de los autores en relación con la información sobre acontecimientos de actualidad[8] y las citas[9] dejan a los Estados miembros algún margen de apreciación para su transposición al Derecho nacional, el Tribunal de Justicia estimó que esas disposiciones no constituyen medidas de armonización completa. Sin embargo, el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros a la hora de aplicar dichas disposiciones ha de utilizarse dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión, a fin de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el interés de los titulares de derechos en la protección de su derecho de propiedad intelectual,[10] garantizado por la Carta, y, por otro lado, los derechos e intereses de los usuarios de obras o prestaciones protegidas, en particular, de su libertad de expresión y de información,[11] igualmente garantizada por la Carta, así como del interés general.

Por lo que respecta a la libertad de expresión y de información, el Tribunal de Justicia puntualizó que tal libertad no puede justificar, al margen de las excepciones y limitaciones establecidas en la Directiva sobre los derechos de autor,[12] una excepción a los derechos exclusivos de los autores a la reproducción y a la comunicación al público de sus obras distinta de la contemplada en esta Directiva. A este respecto, recordó que la lista de excepciones y limitaciones de dicha Directiva tiene carácter exhaustivo.

Por otra parte, según el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de la ponderación que le corresponde realizar, a la luz del conjunto de circunstancias del asunto de que se trate, entre los derechos exclusivos de los autores a la reproducción[13]  y a la comunicación al público de sus obras[14], por un lado, y los derechos de los usuarios de prestaciones protegidas a los que se refieren las excepciones de la Directiva sobre los derechos de autor relativas a la información sobre acontecimientos de actualidad y a las citas, por otro lado, debe basarse en una interpretación de esas excepciones que, respetando su tenor y salvaguardando su efecto útil, sea plenamente conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta.

En primer lugar, al analizar la disposición de la Directiva sobre los derechos de autor que establece la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad, el Tribunal de Justicia consideró que se opone a una norma nacional que restringe la aplicación de la excepción o limitación establecida en dicha disposición a los casos en los que no sea razonablemente posible solicitar previamente la autorización para usar una obra protegida con el fin de informar sobre acontecimientos de actualidad. Efectivamente, el acaecimiento de un acontecimiento de actualidad requiere por regla general, pero particularmente en la sociedad de la información, que la información que se refiere a él pueda comunicarse con rapidez, de modo que es poco compatible con la exigencia de obtener previamente el consentimiento del autor, lo que podría dificultar en exceso, cuando no impedir, que se proporcione al público la información pertinente en tiempo oportuno.

En segundo lugar, al examinar la disposición de la Directiva sobre los derechos de autor que establece la excepción relativa a las citas, el Tribunal de Justicia declaró, en primer término, que el concepto de «citas», contemplado en esta disposición, abarca la remisión, por medio de un hipervínculo, a un archivo consultable de manera autónoma. En este contexto, recordó su jurisprudencia según la cual los hipervínculos contribuyen al buen funcionamiento de Internet, que reviste especial importancia para la libertad de expresión y de información, garantizada por la Carta, y al intercambio de opiniones y datos en esta red caracterizada por la disponibilidad de ingentes cantidades de información. En segundo término, el Tribunal de Justicia consideró que una obra ya se ha puesto legalmente a disposición del público cuando ésta, tal como se presenta de manera concreta, se ha hecho accesible al público con anterioridad con el permiso del titular del derecho o en virtud de una licencia no voluntaria o incluso de una autorización legal. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional decidir si una obra ha sido puesta legalmente a disposición del público teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto del que conoce.

En la sentencia de 29 de julio de 2019, Pelham y otros (C-476/17, EU:C:2019:624), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, interpretó los derechos exclusivos de los productores de fonogramas a la reproducción y a la distribución de sus fonogramas y las excepciones y limitaciones a tales derechos, tal como están contemplados en las Directivas sobre los derechos de autor y 2006/115,[15] en el contexto de la extracción de una muestra sonora (sampling) de un título musical con el fin de usarlo para crear un nuevo título musical.

Los Sres. R. Hütter y F. Schneider-Esleben (en lo sucesivo, «Hütter y otros») son miembros del grupo musical «Kraftwerk». Este publicó en 1977 un fonograma en el que figuraba el título musical Metall auf Metall. Los Sres. Pelham y Haas son los compositores del título musical Nur mir, que aparecía en fonogramas producidos por la sociedad Pelham en 1997. Hütter y otros sostuvieron que Pelham había copiado, en formato electrónico, una muestra (sample) de aproximadamente dos segundos de una secuencia rítmica del título musical «Metall auf Metall» y la había insertado, mediante sucesivas repeticiones, en el título musical «Nur mir». Hütter y otros estimaron que Pelham había vulnerado de este modo el derecho afín a los derechos de autor de que son titulares en cuanto productores de fonogramas.

En este contexto, el Tribunal de Justicia comenzó señalando que la reproducción por un usuario de una muestra sonora, incluso muy breve, de un fonograma debe, en principio, considerarse una reproducción «de parte» de este fonograma, que está incluida en el derecho exclusivo conferido por la Directiva sobre los derechos de autor al productor de tal fonograma.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia recordó que procede ponderar el derecho de propiedad intelectual,[16] consagrado en la Carta, con los demás derechos fundamentales garantizados por esta, entre los que figura la libertad de las artes,[17] que, en cuanto parte de la libertad de expresión,[18] permite participar en el intercambio público de información y de ideas culturales, políticas y sociales de toda índole. Así, el Tribunal de Justicia declaró que, a la luz de la Carta, el derecho exclusivo conferido al productor de fonogramas a autorizar o prohibir la reproducción de su fonograma[19] le permite oponerse a que un tercero use una muestra sonora, incluso muy breve, de su fonograma con el fin de insertarla en otro fonograma, a menos que esa muestra sea incorporada de forma modificada y no resulte reconocible al escucharla.

A continuación, por lo que respecta a ese derecho exclusivo, el Tribunal de Justicia también puntualizó que el artículo 2, letra c), de la Directiva sobre los derechos de autor constituye una medida de armonización completa del contenido material del derecho que contempla, ya que dicha Directiva define de manera inequívoca el derecho exclusivo de reproducción de que gozan los productores de fonogramas en la Unión, sin acompañarlo de ningún requisito ni supeditar su ejecución o sus efectos a la intervención de acto alguno.

Además, en relación con el derecho exclusivo conferido al productor de fonogramas de poner a disposición del público sus fonogramas, incluidas las copias de estos,[20] el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de «copia», también empleado en el Convenio de Ginebra,[21] con el que la interpretación debe ser coherente, debe interpretarse en el sentido de que no incluye un fonograma que, aun conteniendo muestras musicales transferidas desde otro fonograma, no incorpora la totalidad o una parte sustancial de este último.

Por otra parte, al analizar la posibilidad de establecer excepciones al derecho exclusivo de los productores de fonogramas a la reproducción de sus fonogramas, el Tribunal de Justicia declaró que un Estado miembro no puede establecer, en su Derecho nacional, una excepción o limitación de dicho derecho distinta de las establecidas en la Directiva sobre los derechos de autor.[22] A este respecto, recordó que la lista de excepciones y limitaciones de esta Directiva tiene carácter exhaustivo.

Por último, por lo que respecta al concepto de «citas» al que se refiere la Directiva sobre los derechos de autor,[23] el Tribunal de Justicia consideró que este no abarca una situación en la que no es posible identificar la obra objeto de la cita de que se trate. Sin embargo, cuando el autor de una nueva obra musical utiliza una muestra sonora (sample) extraída de un fonograma que permite a un oyente medio identificar la obra de la que se ha extraído esa muestra, el uso de esa muestra sonora puede, en función de las circunstancias del caso, constituir una «cita», en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor, a la luz del artículo 13 de la Carta, siempre que dicho uso tenga por objeto interactuar con la obra de la que se haya extraído dicha muestra y se cumplan los requisitos establecidos en la Directiva sobre los derechos de autor.

En la sentencia Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers (C-263/18, EU:C:2019:1111), pronunciada el 19 de diciembre de 2019, la Gran Sala del Tribunal de Justicia declaró que el suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de «comunicación al público» en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor.

Nederlands Uitgeversverbond (en lo sucesivo, «NUV») y Groep Algemene Uitgevers (en lo sucesivo, «GAU»), dos asociaciones que tienen por objeto la defensa de los intereses comunes de los editores neerlandeses, presentaron ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) una demanda solicitando que se prohibiese, entre otros, a la sociedad Tom Kabinet poner libros electrónicos a disposición de los miembros del «club de lectura» creado por esta en su sitio de Internet, o reproducirlos. NUV y GAU alegan que dichas actividades vulneran los derechos de autor de sus asociados sobre esos libros electrónicos. Sostienen que, al poner en venta libros electrónicos «de segunda mano» a través de ese club de lectura, Tom Kabinet efectúa una comunicación al público no autorizada de dichos libros. Tom Kabinet alega, por el contrario, que tales actividades pertenecen al ámbito del derecho de distribución, que con arreglo a la Directiva antes mencionada, está sujeto a la regla del agotamiento cuando el objeto en cuestión ―en este caso, los libros electrónicos― ha sido vendido en la Unión por el titular del derecho o con su consentimiento. Señala que, en virtud de esta regla, NUV y GAU, tras la venta de los libros electrónicos controvertidos, ya no gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir su distribución al público.

El Tribunal de Justicia consideró que el suministro mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente no pertenece al ámbito del derecho de «distribución al público», previsto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, sino del derecho de «comunicación al público», previsto en el artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva, cuyo agotamiento está excluido en virtud del apartado 3 de dicho artículo.

En apoyo de esta conclusión, el Tribunal de Justicia dedujo en particular del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, que dio lugar a la adopción de esa Directiva, y de los trabajos preparatorios de esta, que el legislador de la Unión pretendió reservar esta regla del agotamiento a la distribución de objetos tangibles, como libros con un soporte físico. En cambio, la aplicación de esta regla del agotamiento a los libros electrónicos podría afectar al interés que tienen los titulares de los derechos de autor en obtener una retribución adecuada de forma mucho más significativa que en el caso de los libros en soporte físico, puesto que las copias digitales intangibles de libros electrónicos no se deterioran con el uso y por lo tanto constituyen, en un hipotético mercado de segunda mano, sustitutos perfectos de las copias nuevas.

En lo que respecta, más concretamente, al concepto de «comunicación al público», el Tribunal de Justicia señaló que debe entenderse en un sentido amplio que incluya toda comunicación al público no presente en el lugar en que se origina la comunicación y, por tanto, cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público, ya sea mediante cables o inalámbrica. Este concepto asocia dos elementos acumulativos, a saber un acto de comunicación de una obra y la comunicación de esa obra al público.

Por lo que se refiere al primer elemento, se desprende de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor que «la cuestión fundamental es la “puesta a disposición del público” de la obra, es decir la oferta de una obra en un lugar de acceso público, que precede a la fase de su auténtica “transmisión a la carta”» y que «resulta irrelevante si ha sido recuperada por alguien o no». Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, el hecho de poner las obras en cuestión a disposición de cualquier persona que se registre en el sitio de Internet del club de lectura debe considerarse una «comunicación» de una obra, sin que sea necesario que esa persona utilice tal posibilidad extrayendo efectivamente el libro electrónico de ese sitio de Internet.

En cuanto al segundo elemento, es preciso tener en cuenta no solo el número de personas que pueden acceder a la misma obra de manera simultánea, sino también sucesiva. En el presente asunto, según el Tribunal de Justicia, el número de personas que pueden tener acceso, simultánea o sucesivamente, a la misma obra a través de la plataforma del club de lectura es importante. Por lo tanto, a reserva de la oportuna verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta el conjunto de los factores pertinentes, debe considerarse que la obra de que se trata se comunica a un público.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declaró que, para ser calificada de comunicación al público, una obra protegida debe ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, ante un público nuevo, es decir, un público que no haya sido ya tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor al autorizar la comunicación inicial de su obra al público. En este caso, dado que la puesta a disposición de un libro electrónico va acompañada en general de una licencia de uso que únicamente autoriza su lectura, por el usuario que haya descargado ese libro, desde su propio equipo, procede considerar que una comunicación como la efectuada por la sociedad Tom Kabinet se hace a un público que no ha sido ya tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor, y, por lo tanto, a un público nuevo.

2.- PROPIEDAD INDUSTRIAL 2019

En el ámbito del derecho de marcas de la Unión, cabe mencionar cuatro sentencias. La primera trata de la competencia territorial de los tribunales de los Estados miembros en materia de violación del derecho de marca y de validez. La segunda llevó al Tribunal de Justicia a precisar el concepto de «mala fe» al presentar una solicitud de marca de la Unión. La tercera aportó precisiones acerca de la potestad de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de revocar sus resoluciones cuando adolecen de un error evidente en el procedimiento que le es imputable. Por último, la cuarta y última sentencia se refiere al uso efectivo de una marca colectiva de la Unión Europea.

En la sentencia AMS Neve y otros (C-172/18, EU:C:2019:674), dictada el 5 de septiembre de 2019, el Tribunal de Justicia aportó, en el marco de una petición de petición prejudicial, precisiones sobre el alcance de los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» que figuran en el artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º207/2009,[24] sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de marcas») artículo que se refiere al ámbito decompetencia territorial de los tribunales de los Estados miembros en materia de violación de marca y validez. El litigio principal se refería a una acción por violación de una marca de la Unión que se había interpuesto contra un tercero que había utilizado signos idénticos o similares a dicha marca en publicidad y ofertas de venta en un sitio web o redes sociales. La acción se había interpuesto ante un tribunal del Reino Unido, que se declaró incompetente para conocer de ella, al estimar que el órgano jurisdiccional competente territorialmente es el del lugar en que el tercero hubiera tomado la decisión de realizar dicha publicidad y ofertas de venta de los productos en cuestión en los mencionados sitio web o redes sociales y hubiera adoptado las modalidades prácticas de tal decisión.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia declaró que la facultad, que se le reconoce al demandante, de elegir el tribunal competente con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento de marcas, según el domicilio del demandado, o al apartado 5 del mismo artículo, según el lugar en que se hubiere cometido el hecho de violación, no puede interpretarse en el sentido de que al demandante le quepa, sobre unos mismos hechos de violación, acumular acciones basadas en los apartados 1 y 5 del mencionado artículo, sino que simplemente expresa el carácter alternativo del foro indicado en el apartado 5 respecto de los foros indicados en los demás apartados del mismo artículo. Al establecer tal foro alternativo, el legislador de la Unión permite al titular de la marca de la Unión interponer acciones selectivas, cada una de las cuales versará sobre hechos de violación cometidos en el territorio de un solo Estado miembro. Cuando varias acciones por violación de marca pendientes entre las mismas partes versan sobre la utilización del mismo signo, pero no se refieren a un mismo territorio, estas no tienen el mismo objeto y, por consiguiente, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de las normas de litispendencia. Así pues, los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros que conocen de dichas circunstancias no pueden dictar «sentencias contradictorias», en el sentido del considerando 17 del Reglamento de marcas, puesto que las acciones ejercitadas por el demandante se refieren a territorios diferenciados.

A continuación, el Tribunal de Justicia señaló que un tribunal de marcas de la Unión que conoce de una acción por violación de marca sobre la base del artículo 97, apartado 5, del Reglamento de marcas tiene que asegurarse, cuando debe controlar su competencia judicial para resolver sobre la existencia de una violación en el territorio del Estado miembro al que pertenece, de que los actos imputados al demandado se hayan cometido en dicho territorio. Cuando dichos actos consisten en publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica para productos que lleven un signo idéntico o similar a una marca de la Unión sin el consentimiento del titular de dicha marca, ha de considerarse si tales actos fueron cometidos en el territorio en que se encuentren los consumidores o distribuidores a los que se destinan las referidas publicidad y ofertas de venta, a pesar de que el demandado esté establecido en otro territorio, de que el servidor de la red electrónica que utilice se encuentre en otro territorio o de que los productos objeto de esa publicidad y esas ofertas de venta se ubiquen en otro territorio. Así pues, debe evitarse que el tercero que viole la marca de la Unión pueda oponerse a la aplicación de dicho artículo, y que con ello quede mermado el efecto útil de esta disposición, mediante la invocación del lugar desde el que se presentan en Internet su publicidad y sus ofertas de venta con el fin de excluir la competencia judicial de cualquier otro tribunal distinto del de dicho lugar y del de su establecimiento. Según el Tribunal de Justicia, si los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» debieran interpretarse en el sentido de que se refieren al Estado miembro en cuyo territorio el autor de dichos actos comerciales ha organizado su sitio web e iniciado la presentación de su publicidad y ofertas de venta, bastaría con que los infractores establecidos en la Unión que operan por vía electrónica y desean impedir que los titulares de marcas de la Unión violadas dispongan de un foro alternativo hicieran coincidir el territorio desde el que se produce la publicación en Internet con el de su establecimiento. Además, puede resultar excesivamente difícil, o incluso imposible, que el demandante conozca el lugar en el que el demandado ha adoptado las decisiones y medidas técnicas que inician la mencionada presentación en Internet.

Por consiguiente, debe considerarse que actos comerciales como los controvertidos en el litigio principal han sido «cometidos» en el territorio en que hayan adquirido su carácter de publicidad y oferta de venta, a saber, aquel en el que el contenido comercial se hizo accesible efectivamente a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado. En cambio, carece de pertinencia si dicha publicidad y dichas ofertas de venta tuvieron posteriormente el efecto de causar la compra de los productos del demandado.

En la sentencia Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), pronunciada el 12 de septiembre de 2019, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida del Tribunal General[25] y precisó el concepto de «mala fe» al presentar la solicitud de marca de la Unión.

El Sr. Nadal Esteban y Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, una empresa titular de marcas figurativas KOTON, mantuvieron relaciones comerciales hasta 2004. El 25 de abril de 2011, el Sr. Esteban presentó una solicitud de registro como marca de la Unión del signo figurativo STYLO & KOTON para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza.[26]

Como consecuencia de la estimación parcial de la oposición formulada por Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, basada en sus marcas KOTON registradas para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35, la marca STYLO & KOTON se registró para los servicios de la clase 39.

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret presentó entonces una solicitud de nulidad sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas, en virtud del cual la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca es una causa de nulidad absoluta.

El Tribunal General confirmó la resolución desestimatoria de la solicitud de nulidad adoptada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y consideró que no podía haber mala fe, ya que no había ni identidad ni similitud que indujera a confusión entre los productos o servicios para los que se habían registrado las marcas. En casación, el Tribunal de Justicia tuvo que clarificar el concepto de «mala fe».

En primer lugar, el Tribunal de Justicia precisó que, aunque conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. Pues bien, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia consideró que procede anular una marca por mala fe cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen.

A continuación, el Tribunal de Justicia declaró que de la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), no se desprendía que la existencia de mala fe pudiese únicamente estimarse en el supuesto en el que en el mercado interior se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda confundirse con el signo cuyo registro se solicita. En efecto, puede haber supuestos en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe, pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero, en el mercado interior, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. En el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas, no se exige en absoluto que el solicitante sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares. Además, en aquellos supuestos en los que resulte que, en el momento de presentar la solicitud de la marca impugnada, un tercero utilizaba en al menos un Estado miembro un signo idéntico o similar a dicha marca, no será necesario acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. Si no hay riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, o en el caso de que no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante.

Por último, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General no había tomado en consideración en su apreciación global todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud, pese a que ese momento era determinante. En efecto, dado que se había solicitado la nulidad de la marca en su totalidad, dicha solicitud debía ser examinada valorando la intención del Sr. Esteban en el momento en el que este solicitó el registro de dicha marca. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida.

En la sentencia Repower/EUIPO (C-281/18 P, EU:C:2019:916), dictada el 31 de octubre de 2019, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General[27] y realizó una serie de precisiones con respecto a la facultad de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de revocar sus resoluciones cuando estas adolecen de un error evidente en el procedimiento que le es imputable.

En el caso de autos, la sociedad demandante, Repower, registró la marca denominativa REPOWER ante la EUIPO. A petición de la parte coadyuvante, repowermap.org, la División de Anulación de la EUIPO estimó parcialmente la solicitud de anulación de dicha marca para determinados productos y servicios. El recurso contra esta resolución fue desestimado por la Sala de Recurso de la EUIPO. A raíz de la interposición, por la parte coadyuvante, de un recurso de anulación ante el Tribunal General, la Sala de Recurso revocó, mediante una nueva resolución, su resolución de desestimación basándose en que esta adolecía de una insuficiencia de motivación y, por tanto, de un «error evidente en el procedimiento» en el sentido del artículo 80, apartado 1, del Reglamento de marcas.

Al pronunciarse sobre un recurso de Repower contra esa resolución de revocación, el Tribunal General consideró que la EUIPO no podía basar la referida resolución en el artículo 80, apartado 1, del Reglamento de marcas, en la medida en que una falta de motivación no constituye un «error evidente en el procedimiento» en el sentido de dicha disposición.[28] No obstante, el Tribunal General estimó que la resolución de revocación podía basarse en el principio general de Derecho que autoriza la revocación de los actos administrativos ilegales. Al haber constatado que ese error en cuanto a la elección de la base jurídica no justificaba la anulación de la resolución de revocación, el Tribunal General desestimó el recurso de Repower.

El Tribunal de Justicia recuerda que, a efectos de interpretar el concepto de «error evidente en el procedimiento» en el sentido del artículo 80, apartado 1, del Reglamento de marcas, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de que forma parte.

A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que de la sistemática del Reglamento de marcas se desprende que los errores de procedimiento contemplados en el artículo 80, apartado 1, de dicho Reglamento atañen, en particular, a las normas de procedimiento previstas en el referido Reglamento, como, por ejemplo, la obligación de motivación. Esta interpretación se ve corroborada por el objetivo perseguido por el artículo 80, apartado 1, de ese mismo Reglamento, que tiene por objeto imponer a la EUIPO la obligación de revocar las resoluciones afectadas por un error evidente en el procedimiento con la finalidad de garantizar una buena administración y una mayor eficiencia procedimental. La antedicha interpretación refleja también la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara, contrariamente al Tribunal General, que cualquier incumplimiento de la obligación de motivación, como, por ejemplo, una falta o insuficiencia de motivación, constituye un error de procedimiento en el sentido del artículo 80, apartado 1, del Reglamento de marcas, que debe dar lugar a la revocación por la EUIPO de la resolución afectada por tal error cuando este es flagrante.

De ello se deriva que esa disposición era aplicable en el caso de autos y que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho. Sin embargo, el Tribunal de Justicia concluye que dicho error de Derecho no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida en la medida en que el fallo de esa sentencia, que desestima el recurso de Repower contra la resolución de revocación, resulta justificado con arreglo a otros fundamentos.

Mediante la sentencia Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, EU:C:2019:1076), dictada el 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida del Tribunal General [29] por haber incurrido en un error de Derecho en la aplicación del concepto de «uso efectivo» a una marca colectiva de la Unión.

En el caso de autos, la recurrente, Der Grüne Punkt, había obtenido el registro de una marca colectiva figurativa que representa un círculo con dos flechas, relativa a un sistema de recogida y de valorización de residuos de envases. A raíz de una solicitud de caducidad, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) había estimado parcialmente esa solicitud debido a que la citada marca no había sido objeto de un uso efectivo respecto a todos los productos para los cuales había sido registrada, con excepción de los productos consistentes en envases.

El recurso de anulación contra la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, interpuesto por la recurrente, fue desestimado por el Tribunal General.

Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente alegó que el Tribunal General no tomó en consideración la interpretación del concepto de «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento de marcas y no tuvo debidamente en cuenta las características de las marcas colectivas, enumeradas en el artículo 66 de ese Reglamento.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recordó que la función esencial de una marca colectiva es distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular frente a los productos o servicios de otras empresas. Así, a diferencia de una marca individual, una marca colectiva no tiene por función indicar al consumidor cuál es «la identidad de origen» de los productos o los servicios para los que se ha registrado. A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 66 del Reglamento de marcas no exige en modo alguno que los fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que son miembros de la asociación titular de una marca colectiva formen parte de un mismo grupo de sociedades que fabrique o suministre productos o servicios bajo un control único. Por otro lado, el Tribunal de Justicia constató que las marcas colectivas se sitúan, al igual que las marcas individuales, en el tráfico comercial. Por ello, su uso debe, a fin de poder ser calificado de «efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento de marcas, inscribirse efectivamente en el objetivo de las empresas interesadas de crear o conservar un mercado para sus productos y servicios.

Asimismo, el Tribunal de Justicia concluyó que una marca colectiva se utiliza en consonancia con su función esencial cuando esa utilización permite al consumidor comprender que los productos o los servicios a los que hace referencia proceden de empresas que son miembros de la asociación titular de la marca y distinguir así esos productos o servicios de los procedentes de empresas que no son miembros de dicha asociación. En el presente caso, el Tribunal de Justicia consideró que de las apreciaciones del Tribunal General resulta que la marca colectiva se utilizaba en consonancia con su función esencial, habida cuenta de que el productor o el distribuidor de los productos de que se trata formaba parte del sistema de contrato de licencia de la recurrente.

Por último, el Tribunal de Justicia señaló que el carácter efectivo del uso de la marca en cuestión debía apreciarse evaluando, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. A este respecto, el Tribunal de Justicia constató que el Tribunal General no había aplicado los referidos criterios al presente asunto. El Tribunal de Justicia consideró, en particular, que incumbía al Tribunal General examinar si el uso debidamente demostrado en el caso de autos, a saber, la colocación de la marca en cuestión en el envase de los productos de las empresas adheridas al sistema de proximidad y de tratamiento ecológico de los residuos de envases, se consideraba justificado en los sectores económicos de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en favor de los productos. A juicio del Tribunal de Justicia, no puede excluirse que la indicación por el fabricante o el distribuidor, en el envase de los productos de consumo habitual, de la adhesión a un sistema de reciclaje de este tipo pueda influir en las decisiones de compra de los consumidores y, de este modo, contribuir al mantenimiento o a la creación de cuotas de mercado relativas a esos productos.

Al considerar que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al aplicar el concepto de «uso efectivo», el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida y la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO.

3.- MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

  1. Motivos de denegación absolutos

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de febrero de 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Representación de un corazón) (T-123/18, EU:T:2019:95), se interpuso ante el Tribunal General un recurso dirigido contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) por la que se desestimaba el recurso interpuesto contra la resolución del examinador, por la que este había denegado el registro de la marca figurativa que representa un corazón. La Sala de Recurso consideró que la marca solicitada sería percibida por el público pertinente como la representación de un corazón y, por consiguiente, como una referencia al hecho de que los servicios de que se trata se refieren al ámbito de la cardiología.

El Tribunal recuerda, en primer lugar, que una marca ha de permitir al público pertinente distinguir los productos que designa de los productos de otras empresas sin verse obligado a prestar una especial atención, de manera que el umbral de carácter distintivo necesario para el registro de una marca no puede depender del grado de atención del referido público.

En segundo lugar, el Tribunal recuerda que, según una jurisprudencia consolidada, la EUIPO está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión. Si bien la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y examinar con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la aplicación de estos principios debe conciliarse no obstante con la observancia del principio de legalidad. Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y, precisamente, de buena administración, el examen de toda solicitud de registro ha de ser riguroso y completo para evitar que se registren o anulen marcas de manera indebida. Así pues, tal examen debe realizarse caso por caso. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, y destinados a comprobar si el signo en cuestión está comprendido en alguno de los motivos de denegación.

El Tribunal señala que de los mencionados principios resulta que, por una parte, en el supuesto de que la apreciación de las Salas de Recurso fuera diferente de la adoptada en resoluciones anteriores relativas a demandas similares invocadas ante ellas, estarán obligadas a motivar expresamente la divergencia existente con dichas resoluciones. No obstante, tal obligación de motivación relativa a una divergencia con respecto a resoluciones anteriores es menos importante cuando se trata de un examen que depende estrictamente de la marca solicitada que cuando se trata de constataciones de hecho que no dependen de esa misma marca. Por otra parte, observa que de la jurisprudencia se desprende asimismo que las resoluciones relativas al registro de un signo como marca de la Unión, que las Salas de Recurso adoptan en virtud del Reglamento 2017/1001,[30] dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, de manera que la legalidad de las resoluciones de estas Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión. Por consiguiente, las Salas de Recurso no están vinculadas por las resoluciones anteriores de la EUIPO.

En este asunto, el Tribunal destaca, por una parte, que el examen del carácter distintivo de la marca solicitada depende estrictamente de la misma y no de constataciones de hecho invocadas por la recurrente. Por lo tanto, la Sala de Recurso podía limitarse a indicar que la recurrente no podía invocar válidamente resoluciones anteriores de la EUIPO con el fin de desvirtuar la conclusión de que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. Indica, además, que, en cualquier caso, la Sala de Recurso motivó expresamente la razón por la que se apartó del resultado al que había llegado en la resolución anterior invocada por la recurrente. En efecto, la Sala de Recurso observó esencialmente que los productos controvertidos en aquel asunto no estaban relacionados específicamente con la cardiología, de manera que, a diferencia de los servicios de que se trata en el presente procedimiento, aquellos productos no presentaban «relación directa e inmediatamente reconocible con el corazón humano». Por otra parte, el Tribunal estima que la recurrente no puede cuestionar el carácter fundado de dicha motivación sin poner en tela de juicio la fundamentación de la denegación del registro de la marca solicitada. Pues bien, señala que la Sala de Recurso consideró fundadamente que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

En la sentencia adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Representación de tres bandas paralelas) (T-307/17, EU:T:2019:427), dictada el 19 de junio 2019, el Tribunal General desestimó un recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) mediante la que esta última declaró la nulidad de una marca figurativa que representaba tres bandas paralelas de color negro sobre fondo blanco al considerar que dicha marca carecía totalmente de carácter distintivo, incluido el adquirido por el uso.

En el caso de autos, adidas AG había registrado una marca figurativa consistente en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección. Shoe Branding Europe BVBA había presentado una solicitud de nulidad contra esa marca invocando la falta de carácter distintivo en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009,[31] en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. La EUIPO había estimado la solicitud de nulidad al considerar que la marca controvertida carecía totalmente de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso.

En primer lugar, el Tribunal tuvo que determinar si, por lo que respecta a las formas de uso de una marca que pueden tenerse en cuenta, el concepto de «uso» de la marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse o no del mismo modo que el concepto de «uso efectivo» que figura en el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento.

A este respecto, el Tribunal declaró que el concepto de uso de una marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe entenderse como referido no solo al uso de la marca bajo la forma en la que esta se presentó para su registro y, en su caso, fue registrada, sino también al uso de la marca bajo formas que solo difieren de esa forma por variaciones insignificantes y que, por ello, pueden considerarse globalmente equivalentes a la antedicha forma.

En segundo lugar, el Tribunal consideró que, cuando se trata de una marca muy simple, incluso pequeñas modificaciones de dicha marca pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada de dicha marca. En efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga un carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere de ese modo la percepción que de tal marca tiene el público relevante.

En tercer lugar, el Tribunal observó que la forma registrada de la marca controvertida se caracterizaba por la utilización de tres bandas negras sobre fondo blanco. De ello dedujo que, habida cuenta de la extrema simplicidad de la marca controvertida y de la importancia de la combinación de colores utilizada en el registro, el hecho de invertir la combinación de colores no podía calificarse como una variación insignificante en comparación con la forma registrada de la marca controvertida. Por consiguiente, el Tribunal llegó a la conclusión de que la EUIPO estaba legitimada para desestimar los elementos de prueba que no mostraban la marca controvertida, sino otros signos consistentes en tres bandas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro).

Mediante la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) (T-683/18, EU:T:2019:855), el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que denegó el registro de la marca «CANNABIS STORE AMSTERDAM» debido a su carácter contrario al orden público.

Santa Conte, la recurrente, solicitó el registro del signo figurativo que contiene un elemento denominativo «CANNABIS STORE AMSTERDAM» y un elemento figurativo que representa hojas de cannabis para productos y servicios comprendidos en las clases 30, 32 y 43 (alimentos, bebidas y servicios de restauración). La Sala de Recurso de la EUIPO denegó el registro sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001,[32] al considerar que el signo era contrario al orden público.

En primer lugar, el Tribunal recordó que el criterio determinante para examinar si un signo es contrario al orden público era la percepción que el público pertinente tendría de la marca, que puede basarse en definiciones imprecisas desde un punto de vista científico o técnico, lo que implica que lo importante es la percepción concreta y actual del signo, con independencia de si la información de que dispone el consumidor es exhaustiva. Así pues, al destacar que «la particular forma de la hoja de cannabis [era] utilizada a menudo como símbolo mediático de la marihuana», la Sala de Recurso hizo referencia, acertadamente, no a un hecho científico, sino a la percepción del público pertinente. Por otra parte, el Tribunal confirmó la afirmación de la Sala de Recurso de que el público pertinente entendía que el término «Amsterdam» se refiere a la ciudad de los Países Bajos que tolera el consumo de drogas y que es conocida por sus «coffee shops».

En segundo lugar, en lo que respecta al público pertinente, el Tribunal señaló que estaba compuesto por el público de la Unión en general, que no dispone necesariamente de conocimientos científicos o técnicos precisos sobre los estupefacientes en general, ni sobre los derivados del cannabis en particular, aunque esta situación puede variar en función de los Estados miembros en cuyo territorio se encuentre dicho público. Además, dado que la recurrente, en la solicitud de marca, se refiere a productos y servicios de consumo corriente, destinados al público en general sin distinción de edad, no hay ninguna razón válida para limitar el público pertinente únicamente al público joven.

En tercer lugar, el Tribunal declaró que, en muchos países de la Unión Europea, los productos derivados del cannabis con un contenido de tetrahidrocannabinol (THC) superior al 0,2 % se consideraban estupefacientes ilegales. Pues bien, dado que los signos que el público destinatario puede percibir como contrarios al orden público o a las buenas costumbres no son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales, el Tribunal consideró que la Sala de Recurso hizo referencia acertadamente a la normativa de los Estados miembros, no en atención a su valor normativo, sino como indicios fácticos que permitían apreciar la percepción, por parte del público destinatario en los correspondientes Estados miembros, del signo controvertido. Por otra parte, el Tribunal consideró que el signo sería entendido por el público pertinente anglófono como «tienda de cannabis en Ámsterdam» y por el público pertinente no anglófono como «cannabis en Ámsterdam», lo que, en ambos casos, reforzado por la imagen de las hojas de cannabis, símbolo mediático de la marihuana, constituye una alusión clara y unívoca al producto estupefaciente que allí se comercializa.

En cuarto lugar, en lo tocante al concepto de orden público, el Tribunal destacó que cualquier infracción de la ley no constituía necesariamente un acto contrario al orden público. Es necesario, además, que el carácter contrario al orden público del signo afecte a un interés que el Estado miembro o los Estados miembros afectados consideren fundamental de acuerdo con sus propios sistemas de valores. En el presente asunto, el Tribunal declaró que, en los Estados miembros en los que el consumo y el uso de la sustancia estupefaciente derivada del cannabis seguían estando prohibidos, la lucha contra su propagación era especialmente delicada, lo que se ajustaba a un objetivo de salud pública destinado a combatir los efectos nocivos de dicha sustancia.

A la vista de esas consideraciones, el Tribunal concluyó que el signo controvertido, que sería percibido por el público pertinente como una indicación de que los alimentos y bebidas a que se refiere la solicitud de marca, así como los servicios relacionados con ellos, contenían sustancias estupefacientes ilegales en varios Estados miembros, era contrario al orden público.

b) Motivos de denegación relativos

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de febrero de 2019, Swemac Innovation/EUIPO-SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) (T-287/17, EU:T:2019:69), el titular de la marca de la Unión Europea SWEMAC interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación de la resolución de la Sala de Recurso por la que se declaraba la nulidad de dicha marca debido a la existencia de un signo anterior, concretamente, la denominación social sueca anterior Swemac Medical Appliances AB.

En particular, el asunto plantea la cuestión de si, como alega la demandante, el hecho de que esta pueda invocar un derecho incluso más antiguo que el signo anterior implica que la solicitante de nulidad, titular del signo anterior, no está facultada para prohibir la utilización de una marca de la Unión posterior, de tal modo que no se cumpliría el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

A este respecto, el Tribunal señala que, según la jurisprudencia, cuando el titular de la marca de la Unión impugnada posee un derecho anterior que puede invalidar la marca anterior en que se basa una solicitud de nulidad, le corresponde, en su caso, dirigirse a la autoridad o al tribunal nacional competente para obtener, si lo desea, la anulación de esta marca.

Además, recuerda la jurisprudencia dictada en relación con el procedimiento de oposición, de acuerdo con la cual el hecho de que el titular de una marca impugnada sea titular de una marca nacional aún más antigua que la marca anterior no tiene por sí solo incidencia alguna, ya que el procedimiento de oposición ante los órganos de la Unión no tiene por objeto resolver litigios de ámbito nacional.

En efecto, con arreglo a la jurisprudencia, la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión, sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro de que se trate. Además, si bien corresponde a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) comprobar, basándose en las pruebas que debe presentar el oponente, la existencia de la marca nacional invocada en apoyo de la oposición, no le corresponde a ella resolver el litigio entre dicha marca y otra marca en el ámbito nacional, litigio que es competencia de las autoridades nacionales.

Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia, siempre que la marca nacional anterior esté efectivamente protegida, la existencia de un registro nacional anterior u otro derecho anterior a ella no es pertinente en un procedimiento de oposición iniciado contra una solicitud de marca de la Unión, aun cuando la marca de la Unión solicitada sea idéntica a una marca nacional anterior de la demandante o a otro derecho anterior a la marca nacional en que se basa la oposición.

El Tribunal recuerda que ya ha tenido ocasión de declarar que, aun suponiendo que los derechos sobre los nombres de dominio anteriores puedan asimilarse a un registro nacional anterior, en cualquier caso, no corresponde a dicho Tribunal pronunciarse sobre un conflicto entre una marca nacional anterior y los derechos sobre los nombres de dominio anteriores, pues tal conflicto no es competencia del Tribunal.

El Tribunal considera que esta jurisprudencia debe aplicarse por analogía con el presente asunto. A este respecto, señala que, a pesar de las obligaciones a que está sujeta la EUIPO y de las funciones del Tribunal, debe señalarse que no corresponde ni a la EUIPO ni a dicho Tribunal zanjar un conflicto de ámbito nacional entre el signo anterior y otra denominación social o marca no registrada en un procedimiento de nulidad contra una marca de la Unión.

Según el Tribunal, de ello se desprende que la cuestión del derecho anterior se examina en relación con el registro de la marca de la Unión impugnada, y no en relación con los supuestos derechos anteriores que el titular de la marca de la Unión impugnada ―en el caso de autos, la demandante― pudiera tener contra la solicitante de la nulidad, titular del signo anterior. Por lo tanto, el signo anterior es el único derecho anterior que debe ser tomado en consideración para resolver el litigio.

El litigio que dio lugar al auto Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) (T-161/16, EU:T:2019:350), dictado el 22 de mayo de 2019, tiene su origen en la oposición formulada por PUMA al registro de la marca figurativa CMS Italy, cuyo elemento figurativo principal es un felino saltando hacia la derecha, sobre la base de tres registros internacionales de marcas figurativas cuyo elemento único o principal es un felino saltando hacia la izquierda, que producen efectos en diferentes Estados miembros. El motivo invocado en apoyo de dicha oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001).

La referida oposición fue desestimada por no haberse acreditado el renombre de las marcas anteriores, pues, en particular, la División de Oposición se negó a tomar en consideración varias resoluciones anteriores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en las que se había reconocido el renombre de algunas de dichas marcas, que la oponente había invocado como prueba, habida cuenta de que la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse sobre la base del Reglamento n.º 207/2009 tal como ha sido interpretado por el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior. El recurso contra dicha resolución había sido desestimado por la Sala de Recurso, quien avaló implícitamente dicha apreciación y descartó los elementos de prueba presentados por la recurrente ante ella, ya que, en esencia, no se trataba de pruebas adicionales, sino de pruebas principales.

Mediante su auto motivado, dictado sobre la base del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal declaró el recurso manifiestamente fundado, habida cuenta de la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), de la que sintetizó la solución. En particular, el Tribunal recordó que cuando las resoluciones anteriores de la EUIPO, que un oponente invoca como pruebas en la medida en que reconocen el renombre de la marca anterior en la que apoya su oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, son minuciosas en lo que respecta a la base probatoria y a los hechos en los que se fundamenta tal reconocimiento, esas resoluciones anteriores constituyen un indicio importante de que cabe considerar que la marca en cuestión también goza de renombre, a efectos de la citada disposición, en el ámbito del procedimiento de oposición en curso.

En este caso, el Tribunal declaró que la recurrente había invocado de manera precisa tres resoluciones anteriores de la EUIPO como pruebas del renombre de las marcas anteriores, que constituían una práctica decisoria reciente en la que se había llegado a la conclusión de que dos de las tres marcas anteriores de que se trataba gozaban de renombre en relación con productos idénticos o similares a los controvertidos y con algunos de los Estados miembros pertinentes en el caso de autos. Por lo tanto, incumbía a la Sala de Recurso tomar en consideración esas resoluciones de la EUIPO y preguntarse si procedía resolver o no en el mismo sentido y, en caso de respuesta negativa, motivar expresamente esa divergencia de apreciación. Al negar toda pertinencia a las referidas resoluciones, la Sala de Recurso vulneró el principio de buena administración. En consecuencia, el Tribunal General anuló la resolución impugnada de la Sala de Recurso.

En la sentencia Luciano Sandrone/EUIPO — J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T-268/18, EU:T:2019:452), de 27 de junio de 2019, el Tribunal General anuló la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 26 de febrero de 2018 por la que esta había anulado la resolución de 12 de abril de 2017 de la División de Oposición en la que se desestimaba la oposición formulada por el titular de la marca denominativa anterior DON LUCIANO, registrada para «Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)», contra la solicitud de registro de la marca denominativa Luciano Sandrone para «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); preparados para elaborar bebidas alcohólicas».

Por lo que respecta a la comparación de los signos, el Tribunal General, al analizar la existencia de un elemento dominante, invalida la apreciación de la Sala de Recurso de que el nombre de pila Luciano, presente en el signo objeto de la solicitud de marca, será percibido como poco usual por los públicos pertinentes de Alemania y Finlandia. El Tribunal de Primera Instancia distingue aquí entre la propia atribución del nombre y su conocimiento por parte del público pertinente, habida cuenta del flujo de intercambios dentro de la Unión y de los actuales medios de comunicación electrónicos. Así pues, indica que, si bien es notorio que el nombre Luciano no es muy común entre la población presente en Alemania y en Finlandia, este mero hecho no significa en modo alguno que dicho nombre de pila se considere poco usual en dichos Estados miembros.

El Tribunal concluye, por consiguiente, que la Sala de Recurso debía haber considerado que eran dominantes el elemento «luciano» en la marca anterior, cosa que indicó acertadamente, y el elemento «sandrone» en el signo objeto de la solicitud de marca, un apellido que no se considera corriente, cosa que no señaló.

Por lo que respecta a la comparación conceptual, el Tribunal señala que la Sala de Recurso no identificó ningún concepto que pueda vincularse al nombre de pila y al apellido de que se trata y, por lo tanto, que el mero hecho de que el público pertinente asocie el signo cuyo registro se solicita a un nombre de pila y un apellido y, por ende, a una persona específica, virtual o real, y de que se considere que la marca anterior designa a una persona llamada Luciano carece de pertinencia a efectos de la comparación de los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual. Invalida, pues, la apreciación efectuada por la Sala de Recurso y considera, al igual que la EUIPO, que se apartó en sus observaciones de la apreciación de la Sala de Recurso sobre este aspecto, que, en el presente asunto, no es posible realizar una comparación conceptual, puesto que los nombres de pila y el apellido contenidos en los signos en conflicto no encierran ningún concepto.

Por lo que respecta a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal indica, por un lado, que la Sala de Recurso incurrió en error al no tomar en consideración el aspecto dominante del elemento «sandrone» en el signo objeto de la solicitud de marca ni la imposibilidad de proceder a una comparación conceptual y, por otro lado, que la Sala de Recurso omitió erróneamente tener en cuenta las particularidades de los productos de que se trata, a saber, el hecho de que, en el mundo vitivinícola, los nombres tienen gran relevancia, ya se trate de apellidos o de nombres de fincas, puesto que se emplean para distinguir y designar los vinos. Así pues, el Tribunal considera que el elemento distintivo «sandrone» es el que servirá para identificar los vinos del recurrente o bien la denominación completa, es decir, «luciano sandrone», pero no únicamente el elemento «luciano». Subraya que la Sala de Recurso tampoco tuvo presente la frecuente utilización de nombres de pila y apellidos españoles o italianos, reales o supuestos, en el sector vitícola ni el hecho de que los consumidores están acostumbrados a las marcas que incluyen tales elementos, de modo que no van a atribuir, en todos los casos en que un nombre de pila o un apellido de este tipo aparezca en una marca en relación con otros elementos, el mismo origen a todos los productos para los que se utiliza.

Por lo tanto, el Tribunal concluye que, en el sector de los vinos, en el que el uso de signos formados por nombres de pila o apellidos es muy corriente, resulta poco probable que el consumidor medio pueda creer que existe un vínculo económico entre los titulares de los signos en conflicto por el mero hecho de que estos compartan el nombre italiano Luciano. Este mero hecho no permite llegar a la conclusión, en relación con las marcas de vino, de que existe un riesgo de confusión, puesto que el público pertinente no espera que dicho nombre de pila corriente sea utilizado por un solo productor como elemento de una marca.

c) Cuestiones de procedimiento

En la sentencia mobile.de/EUIPO (Representación de un coche en un globo de diálogo) (T-629/18, EU:T:2019:292), dictada el 7 de mayo de 2019, el Tribunal General se pronunció sobre el tratamiento de una solicitud de limitación de la lista de productos y servicios para los que se había solicitado el registro de una marca. Dicha solicitud se había presentado por la recurrente durante el procedimiento ante la Sala de Recurso tras la denegación parcial del registro por el examinador de la EUIPO y se refería a todos los productos y servicios para los que se había denegado el registro. En lugar de declarar que procedía sobreseer el recurso, la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad del recurso, ya que el documento presentado por la recurrente, que se refería a dicha solicitud de limitación, no reunía los requisitos para ser admitido como un escrito que expusiese los motivos del recurso, puesto que no contenía ningún argumento justificativo de la anulación de la decisión del examinador. La EUIPO se adhirió a las pretensiones de la recurrente dirigidas a la anulación de la resolución de la Sala de Recurso.

En primer lugar, el Tribunal subrayó que, pese a que la EUIPO se adhirió a la posición de la recurrente, el Tribunal no estaba dispensado de examinar la legalidad de la resolución impugnada. En efecto, la independencia de las Salas de Recurso de la EUIPO no permite a esta modificar o retirar una resolución adoptada por una Sala de Recurso ni darle instrucciones en este sentido.

En segundo lugar, el Tribunal recordó que un solicitante de marca puede en todo momento limitar la lista de los productos o servicios contenida en su solicitud de marca y, por consiguiente, también durante el procedimiento de recurso. Al haberse presentado la solicitud de limitación de los productos y servicios dentro del plazo para presentar un escrito exponiendo los motivos de su recurso, la Sala de Recurso estaba obligada a pronunciarse sobre dicha solicitud, independientemente de si se había presentado tal escrito.

Por consiguiente, el Tribunal concluyó que, al omitir pronunciarse sobre la referida limitación, la Sala de Recurso infringió el artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 27, apartado 5, del Reglamento Delegado 2018/625[33] y anuló la resolución impugnada.

4.- DIBUJOS Y MODELOS

Mediante la sentencia Rietze/EUIPO—Volkswagen (Vehículo VW Caddy) (T-192/18, EU:T:2019:379), dictada el 6 de junio de 2019, el Tribunal General confirmó la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) según la cual el dibujo o modelo que representa el vehículo VW Caddy es nuevo en el sentido del artículo 5 del Reglamento n.º 6/2002[34] y tiene carácter singular en el sentido del artículo 6 de dicho Reglamento. Este procedimiento tiene su origen en un procedimiento de nulidad iniciado por la recurrente, Rietze, una sociedad alemana que comercializa coches en miniatura. El dibujo o modelo controvertido representa el vehículo VW Caddy comercializado por Volkswagen en 2011. Para probar la divulgación de un dibujo o modelo anterior, la recurrente se remitió a un modelo anterior de ese mismo coche, a saber, el modelo VW Caddy (2K) Life, comercializado en 2004.

En primer lugar, el Tribunal desestima la alegación de la recurrente según la cual la EUIPO debería haber, primero, procedido a una ponderación de las características de los dibujos o modelos en conflicto, segundo, analizado sus puntos comunes, y tercero, distinguido entre sus características estéticas y técnicas.

En segundo lugar, el Tribunal desestima la alegación de la recurrente según la cual la EUIPO no tuvo en cuenta determinadas pruebas en las que figuraba una ilustración del dibujo o modelo anterior. El Tribunal recuerda que incumbe a quien solicita la nulidad aportar la representación precisa y completa del dibujo o modelo anterior y que no puede exigirse a la Sala de Recurso que combine distintas representaciones del producto al que se ha incorporado el dibujo o modelo anterior o que sustituya un elemento que aparece en la mayoría de las representaciones por un elemento que tan solo aparece en una representación. En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso.

5.- OBTENCIONES VEGETALES

En la sentencia Mema/OCVV [Braeburn 78 (11078)] (T-177/16, EU:T:2019:57), dictada el 5 de febrero de 2019, el Tribunal General aportó precisiones respecto de la amplitud del examen que debía llevar a cabo la Sala de Recurso de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), haciendo en particular un paralelismo con las obligaciones que se imponen a la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En este asunto, la resolución de la Sala de Recurso de la OCVV había confirmado la resolución denegatoria de la OCVV de la solicitud presentada por el recurrente, dirigida a obtener la protección comunitaria para la variedad de manzana «Braeburn 78». La OCVV había considerado, en esencia, que esa variedad no era suficientemente distintiva respecto de la variedad «Royal Braeburn».

En primer lugar, el Tribunal recordó que la tarea de la OCVV se caracteriza por una complejidad científica y técnica de los requisitos de examen de las solicitudes de concesión de la protección comunitaria, de modo que procede reconocerle una facultad de apreciación en el ejercicio de sus funciones, que se extiende, en particular, a la verificación del carácter distintivo de una variedad. No obstante, la Sala de Recurso de la OCVV está vinculada por el principio de buena administración, en virtud del cual le incumbe examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes del caso concreto del que conoce. Además, las disposiciones relativas a los procedimientos incoados ente la OCVV son de aplicación mutatis mutandis a los procedimientos de recurso. De ese modo, el principio de la instrucción de oficio de los hechos previsto en el artículo 76 del Reglamento n.º 2100/94[35] se impone también en un procedimiento de ese tipo ante la Sala de Recurso.

En segundo lugar, el Tribunal señaló que el artículo 72 del Reglamento n.º 2100/94, según el cual la Sala de Recurso podrá o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para nuevas actuaciones, está redactado en términos similares a los del artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.[36] Pues bien, de esa disposición, como del sistema del Reglamento 2017/1001, se desprende que la Sala de Recurso dispone de las mismas competencias, para fallar sobre un recurso, que el órgano que haya adoptado la resolución impugnada y que su apreciación se extiende a la totalidad del litigio tal como se presente el día en el que resuelva. También resulta de ese artículo que existe una continuidad funcional entre las distintas unidades de la EUIPO y las Salas de Recurso de la que se desprende que, en el marco del reexamen que las Salas de Recurso deben hacer de las resoluciones adoptadas en primera instancia por las unidades de la EUIPO, estas están obligadas a basar su resolución en todos los elementos de hecho y de Derecho que las partes hayan alegado, bien en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso. Por otro lado, por lo que concierne al alcance del examen que las Salas de Recurso de la EUIPO deben llevar a cabo respecto de la resolución objeto del recurso, esta no depende de que la parte que ha interpuesto el recurso formule un motivo específico respecto de dicha resolución, criticando la interpretación o la aplicación de una norma jurídica por parte de la unidad de la EUIPO que resuelve en primera instancia, o incluso la apreciación, por parte de esta, de un elemento de prueba.

El Tribunal consideró entonces que, debido a la similitud entre las disposiciones del Reglamento 2017/1001 y del Reglamento n.º 2100/94, a los procedimientos aplicados por la OCVV son aplicables principios similares.

Por último, el Tribunal determinó que la motivación de la resolución controvertida no existía o era, como mínimo, insuficiente.


[1] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

[2] Artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor.

[3]Artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor.

[4] Artículo 5, apartado 3, letras c), segundo supuesto, y d), de la Directiva sobre los derechos de autor.

[5] Artículo 17, apartado 2, de la Carta.

[6] Artículo 11 de la Carta.

[7] Artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre los derechos de autor.

[8] Artículo 5, apartado 3, letra c), segundo supuesto, de la Directiva sobre los derechos de autor.

[9] Artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva sobre los derechos de autor.

[10] Artículo 17, apartado 2, de la Carta.

[11] Artículo 11 de la Carta.

[12] Artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre los derechos de autor.

[13] Artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor.

[14] Artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor.

[15] Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28).

[16] Artículo 17, apartado 2, de la Carta.

[17] Artículo 13 de la Carta.

[18] Artículo 11 de la Carta.

[19] Artículo 2, letra c), de la Directiva sobre los derechos de autor.

[20] Artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115.

[21] Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971, artículos 1, letra c), y 2.

[22] Artículo 5 de la Directiva sobre los derechos de autor.

[23] Artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva sobre los derechos de autor

[24] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

[25] Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, no publicada, EU:T:2017:853).

[26] Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

[27] Sentencia del Tribunal General de 21 de febrero de 2018, Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER) (T-727/16, EU:T:2018:88).

[28] El artículo 80, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009 establece que, cuando la EUIPO efectúe una inscripción en el registro o adopte una resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento que le sea imputable, anulará la inscripción o revocará la resolución.

[29] Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Representación de un círculo con dos flechas) (T-253/17, EU:T:2018:909).

[30] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

[31] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO 2009, L 78, p. 1).

[32] El artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1) establece que se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres

[33] Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1).

[34] Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

[35] Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1).

[36] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

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1.- Propiedad industrial 2018

En materia de propiedad industrial, cabe destacar cuatro sentencias. La primera sentencia tiene por objeto los criterios de interpretación aplicables a las reivindicaciones de una patente de base y las tres sentencias siguientes se refieren al Derecho de la Unión en materia de marcas.

El 25 de julio de 2018, en la sentencia Teva UK y otros (C‑121/17, EU:C:2018:585), el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre los criterios de interpretación aplicables a las reivindicaciones de una patente de base a efectos de determinar si un producto objeto de un certificado complementario de protección (en lo sucesivo, «CCP») está protegido por una patente de base en vigor, en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 469/2009[1]. En el litigio principal se enfrentaban una sociedad farmacéutica que comercializa un medicamento antirretrovírico y unas empresas que pretendían comercializar versiones genéricas de ese medicamento en el Reino Unido. Estas últimas impugnaron la validez del CCP concedido para dicho medicamento, alegando que, para cumplir el requisito establecido en el artículo 3, letra a), del citado Reglamento, los principios activos del producto en cuestión deben figurar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia[2], en el texto de las reivindicaciones de la patente de base.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recordó que el Reglamento n.º 469/2009 no se opone, en principio, a que un principio activo que responda a una definición funcional que figure en las reivindicaciones de una patente de base pueda considerarse protegido por dicha patente, siempre que, no obstante, sobre la base de tales reivindicaciones, interpretadas en particular de acuerdo con la descripción de la invención, como establecen el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas[3] y el protocolo interpretativo de dicho artículo, que forma parte integrante de este Convenio, se pueda concluir que estas reivindicaciones se referían de manera específica, implícita pero necesariamente, al principio activo de que se trate. Por consiguiente, solo puede considerarse que un producto está protegido por la patente de base en vigor, en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 469/2009, cuando el producto objeto del CCP sea mencionado expresamente o bien cuando se haga referencia a él necesaria y específicamente en las reivindicaciones de dicha patente.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subrayó que el CCP no pretende ampliar el ámbito de la protección conferida por esa patente más allá de la invención amparada por la referida patente y que sería contrario al objetivo del Reglamento n.º 469/2009 conceder un CCP para un producto que no esté incluido en la invención amparada por la patente de base, en la medida en que tal CCP no tendría por objeto los resultados de la investigación reivindicados por esa patente. Así, para aplicar el artículo 3, letra a), de este Reglamento, las reivindicaciones de la patente de base deben entenderse a la luz de los límites de esa invención, tal como resulta de la descripción y de los dibujos de dicha patente. A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que, a efectos de apreciar si un producto está incluido en la invención amparada por una patente de base, ese producto debe poder ser identificado de manera específica por el experto en la materia a la luz de todos los elementos divulgados por la patente de base y del estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad de esa patente.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C‑163/16, EU:C:2018:423), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, tuvo que precisar si un signo consistente en un color determinado aplicado en un lugar específico de un producto está constituido por una forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.[4] «iii) la forma que dé un valor sustancial al producto».

Esta sentencia se inscribe en el marco de un litigio por violación de marca entablado por el Sr. Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS contra una sociedad neerlandesa por considerar que la comercialización, por esta última sociedad, de determinado calzado vulnera la marca de la que es titular el Sr. Louboutin, consistente en el color rojo (Pantone 181663TP) aplicado en la suela de un zapato de tacón alto.

http://blog.garrigues.com/wp-content/uploads/2018/06/Louboutin.png

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señaló que, en el contexto del Derecho de marcas, el concepto de «forma» se entiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio. Ahora bien, no resulta ni de la Directiva 2008/95, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ni del sentido usual de este término que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma[5].

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subrayó que si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto. En cualquier caso, no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el litigio principal, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando, como ocurre en el presente asunto, su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.

En la sentencia Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594), dictada el 25 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre los límites de los derechos conferidos al titular de la marca por el Reglamento n.º 207/2009[6] y la Directiva 2008/95 aplicables en materia de signos distintivos. Esta sentencia se inscribe en el marco de un litigio entre dos sociedades pertenecientes al grupo Mitsubishi y unas sociedades establecidas en Bélgica en relación con la comercialización por estas últimas de carretillas elevadoras Mitsubishi adquiridas fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), de la que habían suprimido todos los signos idénticos a las marcas de las que era titular Mitsubishi y en las que habían colocado sus propios signos.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señaló que la supresión de los signos idénticos a la marca impide que los productos para los que esta se registró sean designados con dicha marca la primera vez que se comercializan en el EEE y, por tanto, priva al titular de la marca en cuestión de la protección del derecho esencial de controlar la primera comercialización de los productos de la marca en el EEE. En segundo lugar, según el Tribunal de Justicia, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos con el fin de efectuar su primera comercialización en el EEE menoscaban las funciones de la marca. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia consideró que, en tanto en cuanto lesionan el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos de esa marca en el EEE y menoscaban las funciones de esta, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, con el fin de importar o de comercializar esos productos en el EEE soslayando el derecho del expresado titular de prohibir la importación de los productos de la marca en cuestión, son actos contrarios al objetivo de preservar una competencia no falseada.

Por último, en este contexto, el Tribunal de Justicia aportó precisiones sobre el concepto de «uso en el tráfico económico» en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 y del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, señalando que la operación consistente en que un tercero suprima los signos idénticos a la marca para colocar sus propios signos implica un comportamiento activo por parte de ese tercero que puede considerarse constitutivo de un uso del signo en el tráfico económico, toda vez que se efectúa con el propósito de importar y comercializar los productos en el EEE y, por lo tanto, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro.

Por todas estas razones, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que permiten que el titular de una marca se oponga a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, como en el asunto principal, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados.

En la sentencia Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise/EUIPO (C‑488/16 P, EU:C:2018:673), pronunciada el 6 de septiembre de 2018, el Tribunal de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal General recurrida[7] y declaró que la marca denominativa «NEUSCHWANSTEIN» (en lo sucesivo, «marca controvertida») no puede considerarse descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

La denominación «NEUSCHWANSTEIN» hace referencia al célebre castillo de Neuschwanstein, ubicado en el municipio de Schwangau (Alemania) y perteneciente en la actualidad al Estado Libre de Baviera, que se construyó entre 1869 y 1886, bajo el reinado del Rey Luis II de Baviera, aunque se finalizó con posterioridad.

En el año 2011, el Estado Libre de Baviera presentó ante la EUIPO una solicitud de registro del signo denominativo “NEUSCHWANSTEIN” para “souvenirs” (perfumes, joyería, cartas, instrumentos musicales, etc.).

Das mögliche Ende der Souvenirläden, wie wir sie kennen

La asociación alemana “Souvenir-Geschenke-Eherenpreise” presentó una solicitud de nulidad contra la marca arriba citada en relación a todos los productos y servicios para los cuáles la misma había sido registrada, argumentado al respecto:

La División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad, decisión confirmada por la Quinta Sala de Recurso. Por otra parte, la Sala de Recursos estimó que la alegada mala fe del Estado Libre de Baviera no había sido suficientemente acreditada por parte de la Asociación SGE.

Siendo así, la Asociación Souvenir-Geschenke-Eherenpreise interpuso un recurso ante el Tribunal General fundado en los motivos anteriormente mencionados.

El Tribunal concluyó que el signo controvertido no era una indicación de origen geográfico en el sentido del artículo artículo 7, apartado 1, letra c) EUTMR porque el término “NEUSCHWANSTEIN” no describía un lugar asociado por los consumidores de la Unión Europea –público de referencia– a los productos registrados. Al contrario, estimó que el castillo de Neuschwanstein era principalmente un lugar museístico y no ya un lugar donde se fabrican productos o se prestan servicios, toda vez que los productos de souvenir no se fabrican en el castillo, sino que son allí comercializados por meros motivos turísticos. En dichas circunstancias, la marca controvertida, a juicio del Tribunal, no podía ser indicativa de la procedencia geográfica de los productos y servicios para los cuales se había registrado.

Con respecto a la pretendida carencia de carácter distintivo del signo “NEUSCHWANSTEIN”, el Tribunal sostuvo que la marca controvertida era un término imaginario (nuevo cisne de piedra) que no describe, ni presenta relación alguna con los productos y servicios comercializados u ofrecidos. Al respecto, el Tribunal señaló que los productos y servicios en cuestión son productos destinados al consumo corriente y servicios del “día a día”, que se diferencian de los artículos de recuerdo y otros servicios relativos a la actividad turística únicamente por su nombre. En consecuencia, la marca controvertida constituye una indicación del origen comercial de los productos de que se trata y, por lo tanto, es distintiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) EUTMR.

Por último, el Tribunal también desestimó el argumento de la mala fe, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b) EUTMR. Al respecto, el Tribunal declaró que la Asociación SGE no había presentado suficientes pruebas para justificar dicho argumento. En particular, no había sido demostrado que el Estado Libre de Baviera tuviese conocimiento que la Asociación SGE (o terceros) comercializaba(n) alguno de los productos en cuestión.

En consecuencia, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad, por lo que BSGE solicitó recurso de casación al Tribunal de Justicia.

Mediante la segunda parte del primer motivo, BSGE critica al Tribunal General que no tomase en consideración el interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 ni la jurisprudencia derivada principalmente de la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97, EU:C:1999:230), al señalar, en el apartado 27 de la sentencia recurrida, que el castillo de Neuschwanstein no es, como tal, un lugar donde se fabriquen productos o se presten servicios, de modo que la marca controvertida no puede ser indicativa de la procedencia geográfica de los productos y servicios cubiertos por ella.

Según BSGE, el castillo de Neuschwanstein es un lugar localizable desde un punto de vista geográfico y, por tanto, el signo «NEUSCHWANSTEIN» podría indicar la procedencia geográfica en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, dado que allí se comercializan los productos y servicios amparados por la marca controvertida.

Según el Estado Libre de Baviera, los sentimientos agradables o las evocaciones positivas que la marca controvertida podría suscitar en el público pertinente y el lugar de comercialización de los productos o servicios cubiertos por ella no bastan para considerar que el signo «NEUSCHWANSTEIN» constituya una indicación de la procedencia geográfica en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.

En las Conclusiones del Abogado Ggeneral Sr. Melchior Wathelet no señala que según reiterada jurisprudencia, «de este modo, el artículo [7], apartado 1, letra c), [del Reglamento n.o 207/2009] persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca». 

Por lo que respecta, en particular, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica, especialmente los nombres geográficos, el Tribunal de Justicia ha señalado que «existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no sólo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos». 

Teniendo en cuenta esta consideración de interés general, el Tribunal de Justicia ha declarado que se debe comprobar si un nombre geográfico designa un lugar que presente, actual o potencialmente, para las partes interesadas, un vínculo con la categoría de productos considerada y, en tal caso, si debería denegarse el registro como marca de la Unión Europea de dicho nombre. 

En efecto, la exigencia de que exista o pueda establecerse un vínculo similar entre el producto o el servicio considerados y el nombre geográfico resulta del mismo concepto de «procedencia geográfica». En este sentido, para denegar el registro como marca de la Unión Europea de un nombre geográfico, es preciso que dicho nombre pueda designar una procedencia, es decir, la existencia de un vínculo entre el producto o servicio y el nombre geográfico[8], dado que un nombre geográfico por sí solo no demuestra automáticamente tal procedencia. Según el ejemplo, muy ilustrativo, presentado por el Abogado General Cosmas, nadie piensa que las plumas estilográficas «Montblanc» proceden de ese monte.

A este respecto, el Tribunal General declaró, en el apartado 27 de la sentencia recurrida, que el castillo de Neuschwanstein no es tanto un lugar geográfico como un lugar museístico, cuya función principal consiste en la conservación del patrimonio y no en la fabricación o comercialización de artículos de recuerdo ni en la prestación de servicios. Además, según el Tribunal General, el castillo de Neuschwanstein no es conocido por sus artículos de recuerdo, que no se fabrican allí y únicamente se comercializan en dicho lugar con fines turísticos. Por consiguiente, el Tribunal General concluyó que el signo «NEUSCHWANSTEIN» no puede considerarse indicativo de la procedencia geográfica en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.

En opinión del Abogado General, la cuestión de si, como sostiene BSGE, el castillo de Neuschwanstein constituye un lugar geográfico o es tan conocido que, para el público pertinente, el nombre de «Neuschwanstein» prevalece sobre el nombre del lugar donde se ubica el castillo (a saber, el municipio de Schwangau) no es determinante. Por el contrario, lo que importa es que los signos o indicaciones que componen la marca puedan servir como base para designar la procedencia geográfica de los productos o servicios amparados por ella.

Esta es precisamente la razón por la que BSGE reprocha al Tribunal General no haber considerado el lugar de comercialización de los artículos de recuerdo como un elemento de conexión que podría servir como vínculo entre tales artículos y el signo «NEUSCHWANSTEIN» y, en consecuencia, como una indicación de la procedencia geográfica en el sentido del apartado 36 de la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97, EU:C:1999:230).

Como punto de partida, es preciso señalar que, desde un punto de vista jurídico, los productos protegidos por la marca controvertida no se extienden a los artículos de recuerdo, sino que se limitan a los comprendidos en las clases que se señalan en el apartado 3 de la sentencia recurrida, tales como, por ejemplo, camisetas, cuchillos, tenedores, platos, teteras, etc. En efecto, en virtud del Arreglo de Niza, no existe una clase titulada «artículos de recuerdo» puesto que, si existiera, sería tan heterogénea que no podría designar una categoría específica de productos. Además, en tanto que objetos que recuerdan a una persona, un lugar o un acontecimiento, se trata de artículos que evocan emociones. Pues bien, las emociones humanas no pueden disfrutar de la protección de una marca de la Unión Europea, dado que no constituyen productos o servicios en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009. Por este motivo, al contrario de lo que alega BSGE, el presente recurso de casación no versa sobre la procedencia geográfica de artículos de recuerdo, sino de productos de consumo corriente.

En lo que respecta al lugar de comercialización como elemento de conexión de un producto a un lugar geográfico, del tenor del apartado 36 de la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97, EU:C:1999:230), se deduce que el Tribunal de Justicia no ha limitado los elementos de conexión al lugar de fabricación de los productos en cuestión: «no puede excluirse que el vínculo entre la categoría de productos y el lugar geográfico dependa de otros elementos de conexión, por ejemplo el hecho de que el producto haya sido concebido y diseñado en el lugar geográfico de que se trate».

No obstante, esto no implica necesariamente que el lugar de comercialización pueda constituir un elemento de conexión entre el producto o el servicio y el lugar de que se trate, tampoco en el caso de los artículos de recuerdo.

Por último, el lugar de comercialización como tal no sirve para demostrar la procedencia geográfica, puesto que el lugar de venta de un producto no describe sus propiedades, cualidades u otras características[9] y, en consecuencia, el público pertinente no puede asociar a un producto propiedades, cualidades u otras características porque dicho producto sea adquirido en un lugar geográfico determinado. Por el contrario, el público pertinente puede establecer dicho vínculo entre un producto y el lugar geográfico de su fabricación o concepción y diseño basándose en que el producto presentará propiedades, cualidades u otras características (en particular, una técnica, tradición o artesanía) por haber sido fabricado o concebido y diseñado en un lugar geográfico concreto. Por ejemplo, el público pertinente asocia determinadas cualidades a la porcelana de Limoges, de suerte que, en lo que respecta a artículos de porcelana, el signo «Limoges» describe la procedencia geográfica.

En el litigio principal, BSGE no alega que el público pertinente asocie o pueda asociar determinadas propiedades, cualidades u otras características a los productos y servicios amparados por la marca controvertida debido a que se comercializan en el castillo de Neuschwanstein. En efecto, como señaló el Tribunal General en el apartado 27 de la sentencia recurrida, «el castillo de Neuschwanstein no es famoso ni por los artículos de recuerdo que vende ni por los servicios que ofrece».

Por estos motivos, el Abogado General considero que al declarar en el apartado 27 de la sentencia recurrida que la marca controvertida no es indicativa de la procedencia geográfica de los productos y servicios amparados por ella, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en su interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.

Pues bien, finalmente, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General había estimado fundadamente que los productos a los que se aplicaba la marca controvertida eran productos de consumo corriente y que los servicios de que se trataba eran prestaciones de la vida cotidiana que permitían la gestión y la explotación económica del castillo. Además, subrayó que el hecho de que esos productos se vendieran como artículos de recuerdo no es pertinente para apreciar si la denominación «Neuschwanstein» tiene carácter descriptivo. La función de recuerdo atribuida a un producto no es una característica objetiva e inherente a la naturaleza del producto, ya que son el libre arbitrio y las intenciones del comprador los que le atribuyen tal función. Por tanto, para el público pertinente, el recuerdo al que remite la denominación «Neuschwanstein» no indica una cualidad o una característica esencial de los productos y servicios a los que se aplica la marca controvertida.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia consideró que el mero hecho de que los productos y servicios en cuestión se ofrezcan en un determinado lugar no puede considerarse una indicación descriptiva de su procedencia geográfica, en la medida en que el lugar de venta de esos productos y servicios no permita, como tal, designar características, cualidades o particularidades propias ligadas al origen geográfico de los mismos, como, por ejemplo, una artesanía, una tradición o un clima que caractericen un determinado lugar. A este respecto, destacó que el castillo de Neuschwanstein no es conocido por los artículos de recuerdo que vende o por los servicios que ofrece, sino por su singularidad arquitectónica. Además, la marca controvertida no se utiliza para comercializar artículos de recuerdo específicos y proponer servicios especiales por los que sea conocida tradicionalmente. En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluyó que el Tribunal General no había incurrido en error de Derecho al declarar que por no ser el castillo de Neuschwanstein un lugar de producción de bienes o de prestación de servicios como tal, la marca controvertida no podía considerarse indicativa de la procedencia geográfica de los productos y servicios a los que se aplica.

En definitiva, el asunto comentado alude a las interferencias entre el derecho de marcas e indicaciones geográficas, evidenciando claramente que la exclusión del registro como marca -en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c) EUTMR- de un signo localizabile geográficamente tiene lugar sólo cuando el signo de que se trate presente un vínculo entre los productos o servicios objeto de la solicitud y el nombre geográfico.

  • Facultad de modificación

En el asunto que dio lugar al auto de 1 de febrero de 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN) (T‑265/17, EU:T:2018:79), el Tribunal General tuvo ocasión de pronunciarse sobre si podía declararse admisible un recurso que contenía únicamente una pretensión consistente en la modificación de una resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En el presente caso, en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad del recurso, presentada por la EUIPO, la recurrente puntualizaba que únicamente solicitaba que se modificara la resolución impugnada.

Según el Tribunal, la pretensión única de este recurso es una pretensión de modificación en el sentido del artículo 65, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009[10] [actualmente artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001], que dispone que, tratándose de recursos interpuestos contra las resoluciones de las Salas de Recurso, «el Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada». Dado que la recurrente destacó, en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, que únicamente solicitaba que se modificase la resolución impugnada, el Tribunal no puede, en el presente asunto, interpretar esta pretensión única en el sentido de que pretende obtener tanto la anulación como la modificación de la mencionada resolución. Por consiguiente, dado que la anulación total o parcial de una resolución constituye un requisito previo y necesario para poder estimar una pretensión de modificación a efectos del artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, no puede estimarse tal solicitud si no se solicita la anulación de la resolución impugnada. En cualquier caso, en la medida en que la pretensión de la recurrente iba dirigida al «registro de la marca solicitada en el Registro de Marcas de la Unión Europea por la EUIPO» y que una Sala de Recurso no es competente para conocer de tal pretensión, tampoco corresponde al Tribunal pronunciarse sobre una solicitud de modificación de una resolución de una Sala de Recurso en ese sentido, de modo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso.

1.- MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de marzo de 2018, La Mafia Franchises/EUIPO- Italia (La Mafia se sienta a la mesa) (T‑1/17, EU:T:2018:146), se cuestionaba la solicitud formulada por la República Italiana con objeto de que se declarase nula, por su carácter contrario al orden público, una marca figurativa consistente en un signo complejo compuesto de un fondo negro en forma de cuadrado dentro del cual figuran los elementos denominativos «la mafia» y «se sienta a la mesa» escritos en blanco y acompañados, en un segundo plano, de la representación de una rosa roja. La División de Anulación y posteriormente la Sala de Recurso de la EUIPO habían considerado que la marca controvertida era contraria al orden público y que, por ello, debía ser declarada nula en su integridad, conforme al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001].

El TGUE anula la marca española 'La Mafia se sienta en la mesa ...

Teniendo que conocer del recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de la Sala de Recurso, el Tribunal empieza recordando que, para la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, han de tomarse en consideración tanto las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión como las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público pertinente situado en el territorio de dichos Estados. Así pues, tras deducir del carácter dominante del elemento denominativo «la mafia» que la marca controvertida se percibiría como una referencia a la organización criminal conocida con ese nombre, el Tribunal considera que las actividades criminales a las que se dedica dicha organización vulneran los propios valores en que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad, tal como están previstos en el artículo 2 TUE y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Subrayando que dichos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión, el Tribunal precisa, además, que la Mafia actúa en ámbitos delictivos de especial gravedad y dimensión transfronteriza en los que el artículo 83 TFUE prevé la actuación del legislador de la Unión. Por otra parte, manifiesta que el elemento denominativo «la mafia» se percibe de manera profundamente negativa en Italia, debido a los ataques graves de esa organización criminal a la seguridad de dicho Estado miembro. Por consiguiente, el Tribunal declara que es acertado que la Sala de Recurso considerara que el elemento denominativo «la mafia» de la marca controvertida evocaba de manera manifiesta en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 24 de octubre de 2018, Pirelli Tyre/EUIPO- Yokohama Rubber (Representación de una ranura en forma de «L») (T‑447/16, recurrida en casación[11], EU:T:2018:709), el Tribunal General tuvo que pronunciarse sobre un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO que había confirmado la resolución de la División de Anulación según la cual la marca de la recurrente, un signo figurativo que representa una ranura en forma de «L», registrada, en particular, para neumáticos, estaba constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 40/94[12]. 38 En apoyo de su recurso, la recurrente reprochaba a la Sala de recurso haber basado su resolución en una versión del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), que no era aplicable ratione temporis.

A este respecto, el Tribunal señala que el Reglamento (UE) 2015/2424[13] modificó la redacción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001], que se refiere a una norma material. Según el Tribunal, del tenor, finalidad y sistema del Reglamento 2015/2424 no se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, en su versión resultante del Reglamento 2015/2424, deba aplicarse a situaciones adquiridas antes de la entrada en vigor de este último, el 23 de marzo de 2016. De ello se deduce que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, en su redacción resultante del Reglamento 2015/2424, no era manifiestamente aplicable en el presente caso, toda vez que la marca controvertida había sido registrada el 18 de octubre de 2002 a raíz de una solicitud de registro presentada el 23 de julio de 2001. Por consiguiente, la Sala de Recurso estaba obligada a apreciar si la marca controvertida debía declararse nula a la luz del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.

En cuanto al fondo, el Tribunal empieza señalando que, tal como ha sido registrado, el signo controvertido no representa ni la forma de un neumático ni la forma de una banda de rodadura de un neumático. Indica que es cierto que, para identificar las características esenciales de un signo bidimensional, la Sala de Recurso puede tomar en consideración, además de la representación gráfica y las eventuales descripciones efectuadas al presentar la solicitud de registro, los elementos útiles que permiten apreciar lo que representa concretamente el signo en cuestión. Sin embargo, para calificar la forma que representa un signo controvertido, la EUIPO no puede añadir a dicha forma elementos que no son constitutivos de ese signo y que, por lo tanto, son exteriores o ajenos al mismo. El interés general, que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, no autoriza a la Sala de Recurso a apartarse, en el marco de la aplicación de esa disposición específica, de la forma representada por el signo. Por otra parte, al tiempo que señala que el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 no se limita únicamente a los signos constituidos exclusivamente por la forma de «un producto» como tal, el Tribunal destaca, sin embargo, que, en el presente caso, el signo controvertido no está constituido exclusivamente por la forma de los productos de que se trata, ni por una forma que, en sí misma, represente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, una parte significativa de tales productos. Así pues, la Sala de Recurso consideró erróneamente que el signo controvertido representaba la banda de rodadura de un neumático y que dicho signo estaba constituido por la «forma del producto» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de octubre de 2018, Devin/EUIPO- Haskovo (DEVIN) (T‑122/17, recurrida en casación[14] EU:T:2018:719), el Tribunal General debía examinar el equilibrio entre el interés general en preservar la disponibilidad de los nombres geográficos y el interés particular del titular de una marca. En el presente caso, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO había confirmado la resolución de la División de Anulación en la que se declaraba la nulidad de la marca impugnada, registrada para bebidas no alcohólicas, debido a que dicha marca era descriptiva del origen geográfico de los productos que designaba, puesto que la ciudad de Devin (Bulgaria) era conocida por el público en general como estación termal.

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Al examinar primero la percepción del término «devin» por el consumidor medio de los países vecinos de Bulgaria, a saber, Grecia y Rumanía, el Tribunal señala que el mero hecho de que la ciudad de Devin sea detectada por los motores de búsqueda de Internet no es suficiente para probar que se trata de un lugar conocido por una parte significativa del público pertinente en esos países. Igualmente, la existencia de un «perfil turístico nada desdeñable en Internet», no basta en sí mismo para demostrar que el público pertinente en el extranjero conoce una pequeña ciudad. En el presente caso, señala el Tribunal, la Sala de Recurso, al centrarse erróneamente en los turistas extranjeros, en particular griegos o rumanos, que visitan Bulgaria o Devin, no tuvo en cuenta la totalidad del público pertinente, constituido por el consumidor medio de la Unión, en particular de Grecia y Rumanía, sino que se limitó de manera equivocada a una parte mínima o ínfima del público pertinente, que, en cualquier caso, es irrelevante y no se puede considerar suficientemente representativa. Así pues, la Sala de Recurso efectuó un control inadecuado, que la condujo inevitablemente a una apreciación fáctica errónea de la percepción que el público pertinente tiene del término «devin».

Tras concluir que de los autos no resultaba que el consumidor medio de los Estados miembros distintos de Bulgaria reconociera el término «devin» como la designación de una procedencia geográfica, el Tribunal analiza, acto seguido, las consecuencias de dicha conclusión sobre la disponibilidad del nombre geográfico Devin. Señala que, el artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente, con leves modificaciones, artículo 14, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], no confiere a los terceros el derecho a utilizar un nombre geográfico como marca, sino que se limita a garantizar que puedan utilizarlo de manera descriptiva, a saber, como indicación relativa a la procedencia geográfica, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. De este modo, está permitida, en particular, una utilización descriptiva del término «Devin» a fin de promocionar la ciudad como destino turístico. El Tribunal precisa, además, que el nombre de la ciudad de Devin sigue estando disponible para los terceros no solo para un uso descriptivo, como es la promoción del turismo en esta ciudad, sino también como signo distintivo en caso de que concurra una «justa causa» y no exista un riesgo de confusión que excluya la aplicación de los artículos 8 y 9 del Reglamento n.º 207/2009. Así pues, el interés general en preservar la disponibilidad de un nombre geográfico como el de la ciudad termal de Devin se puede proteger gracias a que se permite hacer un uso descriptivo de tales nombres y a que existen salvaguardias que limitan el derecho exclusivo del titular de la marca controvertida, sin que sea necesaria la anulación de esta marca. De lo anterior se deprende que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación y que procedía, por lo tanto, anular la resolución impugnada.

2.- MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS

El asunto que dio lugar a la sentencia de 1 de febrero de 2018, Philip Morris Brands/EUIPO- Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel) (T‑105/16, EU:T:2018:51), permitió al Tribunal General examinar si, en un procedimiento de nulidad, una Sala de Recurso de la EUIPO podía negarse a tomar en consideración las pruebas del renombre de una marca de la Unión aportadas extemporáneamente. En apoyo de su solicitud de nulidad ante la EUIPO, la recurrente había invocado el renombre de la marca Marlboro, sin aportar no obstante prueba alguna al respecto. Dado que la Sala de Recurso rechazó por extemporáneas las pruebas presentadas ulteriormente ante ella, la recurrente le reprochaba una aplicación indebida del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001], en relación con la regla 50, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2868/95,[15] al estimar que, en la medida en que las pruebas en cuestión presentadas extemporáneamente podían ser realmente pertinentes en relación con el resultado del procedimiento, la negativa a tomarlas en consideración era contraria al principio de buena administración. Además, invocaba una resolución anterior de la misma Sala de Recurso, alegando que se había reconocido que la marca Marlboro había adquirido «gran renombre» en toda la Unión.

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El Tribunal considera, en primer lugar, que, en la medida en que las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso no podían considerarse pruebas «complementarias» o «adicionales» que vinieran a sumarse a pruebas que la recurrente hubiese presentado anteriormente, la Sala de Recurso estaba, en principio, obligada a no tomarlas en consideración, de conformidad con la regla 50, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 y el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. En segundo lugar, considera que incumbe a toda parte que invoque el renombre de su marca anterior demostrar, en el marco circunscrito de cada procedimiento en el que sea parte y sobre la base de los elementos de hecho que considere más apropiados, que la marca ha adquirido tal renombre, sin que pueda limitarse a pretender aportar esa prueba por el reconocimiento de tal renombre, aunque sea de la misma marca, en un procedimiento administrativo diferente. De lo anterior se deduce que la EUIPO no estaba en absoluto obligada a reconocer automáticamente el renombre de la marca anterior únicamente sobre la base de las declaraciones hechas en el marco de un procedimiento distinto que dio lugar a la resolución anterior.

Sin embargo, el Tribunal estima que, a la luz de la jurisprudencia que exige a la EUIPO tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas y examinar con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, la resolución anterior constituía manifiestamente un indicio de que la marca anterior podía gozar de renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En estas circunstancias, los elementos de prueba presentados por la recurrente ante la Sala de Recurso podían revestir claramente una pertinencia real en lo que respecta a la solución del procedimiento. En consecuencia, al negarse a examinar la prueba por la razón de que se había presentado de manera extemporánea, la Sala de Recurso se abstuvo de analizar un factor potencialmente pertinente en la aplicación de dicha disposición. La amplia facultad de apreciación de que dispone la EUIPO para ejercer sus funciones no la exime de su deber de reunir todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para el ejercicio de su facultad de apreciación en supuestos en los que la negativa a tomar en consideración determinados elementos presentados de manera extemporánea la llevarían a violar el principio de buena administración. Por lo tanto, al considerar que los elementos de prueba presentados por primera vez por la recurrente ante la Sala de Recurso no debían tomarse en consideración por haber sido presentados extemporáneamente, la Sala de Recurso violó el principio de buena administración.

El asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de octubre de2018, John Mills/EUIPO-Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, recurrida en casación,[16] EU:T:2018:679), brindó al Tribunal General la oportunidad de interpretar el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, según el cual, mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular.

Según el Tribunal, esta disposición requiere de una conexión directa entre la marca del titular y la marca cuyo registro haya solicitado en su propio nombre el agente o representante. Solo es concebible tal conexión si las marcas en cuestión coinciden entre sí. En este marco, los antecedentes legislativos que culminaron en la adopción del Reglamento n.º 207/2009 ayudan a aclarar las intenciones del legislador y apuntan a la interpretación de que, para que pueda aplicarse su artículo 8, apartado 3, la marca anterior y la marca solicitada deban ser idénticas (no solo similares). La posibilidad inicialmente contemplada por el legislador de la Unión, en el anteproyecto de reglamento sobre la marca de la Unión Europea, de que la disposición citada pudiera aplicarse asimismo en los supuestos de signos similares no se plasmó en la versión definitiva. Por otra parte, de tales antecedentes legislativos resulta que la disposición en cuestión debía interpretarse en el sentido de que se aplicase internacionalmente como el artículo 6 septies del Convenio de París.[17] Dado que la Unión es parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),[18] cuyo artículo 2 remite a varias disposiciones sustantivas del Convenio de París, incluido el artículo 6 septies, está obligada a interpretar el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo y, por lo tanto, de dicha disposición. Dado que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, visto su tenor literal, solo puede interpretarse en el sentido de que la marca del titular y la presentada por el agente o representante son las mismas, el Tribunal declara que la EUIPO no puede invocar los antecedentes de la adopción del Convenio para alegar que deba interpretarse que dicho artículo se refiere a los supuestos en que los signos sean meramente similares.

a.- Procedimiento de caducidad. Uso efectivo

La sentencia de 7 de junio de 2018, Schmid/EUIPO-Landeskammer für Land-und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (T‑72/17, recurrida en casación,[19] EU:T:2018:335), permitió al Tribunal General pronunciarse sobre si una denominación protegida como indicación geográfica protegida (IGP), en virtud del Reglamento (UE) n.º 1151/2012,[20] puede ser objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. El Tribunal General tuvo que aplicar, por primera vez, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recogida en la sentencia W.F. Gözze Frottierweberei y Gözze.[21]

El Tribunal empieza recordando que, según reiterada jurisprudencia, una marca es objeto de un «uso efectivo» en el sentido de dicha disposición cuando se utiliza en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada. Por lo que respecta a las marcas individuales, esta función esencial consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con la marca se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. La marca debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

Según el Tribunal, resulta importante no confundir la función esencial de la marca con las demás funciones que también puede desempeñar, como la consistente en garantizar la calidad del producto en cuestión o en indicar su origen geográfico. En efecto, una marca individual cumple su función de indicación de origen cuando su uso garantiza a los consumidores que los productos que designa proceden de una única empresa, bajo cuyo control se fabrican y a la que puede atribuirse la responsabilidad de la calidad de dichos productos. En el presente caso, el uso de la marca impugnada no se había producido en consonancia con tal función de indicación de origen. De ello se desprende que la Sala de Recurso de la EUIPO incurrió en error de Derecho al estimar que se había demostrado el uso efectivo de la marca impugnada.

b. Marca comercial que se ha convertido en una denominación comercial

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de mayo de 2018, Mendes/EUIPO-Actial Farmaceutica (VSL#3) (T‑419/17, EU:T:2018:282), el Tribunal General conocía de un recurso tendente a la anulación de la resolución por la que la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO había desestimado la solicitud de caducidad presentada por la recurrente contra una marca denominativa en el sector de los productos farmacéuticos. Según la Sala de Recurso, por un lado, las pruebas aportadas por la recurrente no demostraban que la marca impugnada se hubiera convertido en la designación usual en el comercio de los productos para los que había sido registrada y, por otro lado, la recurrente no había probado debidamente el uso engañoso de la marca impugnada. Este asunto ofreció al Tribunal General la oportunidad de aplicar, por primera vez, el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001].

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El Tribunal General empieza señalando que, si bien no existe jurisprudencia sobre la aplicación de dicha disposición, el Tribunal de Justicia ya tuvo que interpretar el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE 48 y el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE 49 cuyo contenido es esencialmente idéntico al del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. De esta jurisprudencia, aplicable por analogía al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, resulta que dicho artículo se refiere a una situación en la que el uso de la marca se ha generalizado hasta el punto de que el signo que la constituye tiende a designar la categoría, el género o la naturaleza de los productos o servicios para los que fue registrado, y no ya los productos o los servicios específicos procedentes de una determinada empresa. Puede entonces declararse la caducidad de los derechos conferidos al titular de una marca en el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 siempre que, en primer lugar, dicha marca se haya convertido en una designación usual, en el comercio, de un producto o de un servicio para el que esté registrada y en segundo lugar, esa transformación se deba a la actividad o a la inactividad de dicho titular.

Además, el Tribunal indica que, si bien los sectores interesados son ante todo los consumidores y usuarios finales, también debe tenerse en cuenta a los intermediarios, dado que desempeñan una función en la apreciación del carácter usual de la marca. Así pues, el sector interesado, cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca controvertida se ha convertido, en el comercio, en la designación usual del producto comercializado bajo dicha marca, debe determinarse en función de las características del mercado de dicho producto. En el presente caso, como el producto comercializado bajo la marca impugnada puede adquirirse sin prescripción médica, el sector interesado incluía, en primer lugar, a los consumidores finales de dicho producto. En segundo lugar, por lo que respecta a los profesionales, el sector interesado incluía, ante todo, a los farmacéuticos, pero también a los médicos, generalistas o especialistas.


[1] Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 2009, L 152, p. 1).

[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2011, Medeva (C‑322/10, EU:C:2011:773).

[3] Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973.

[4] Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

[5] Nótese que la nueva Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015añade«iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto», lo cual amplía notablemente el ámbito de la prohibición.

[6] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

[7] Sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2016, Bundesverband Souvenir — Geschenke ―Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T‑167/15, no publicada, EU:T:2016:391).

[8] En este sentido, véanse la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97, EU:C:1999:230), apartado 33, y las conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97, EU:C:1998:198), puntos 35 a 37.

[9] Véase la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 50.

[10] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

[11] Asuntos C‑818/18 P, Yokohama Rubber – Pirelli Tyre/EUIPO y C‑6/19 P, Pirelli Tyre.

[12] Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento 2017/1001].

[13] Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21).

[14] Asunto C‑800/18 P, Haskovo/EUIPO42

[15] Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1).

[16] Asunto C‑809/18 P, EUIPO/John Mills.

[17] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado y enmendado.

[18] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (DO 1994, L 336, p. 214), que es el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (DO 1994, L 336, p. 3).

[19] Asunto C‑514/18 P, Landeskammer für Land — und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid.

[20] Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1).

[21] Sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze(C‑689/15, EU:C:2017:434).

La entrada RESUMEN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA. INFORME 2018 se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

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